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Amnistía Internacional acusa al Gobierno de Maduro, de Crímenes de lesa humanidad

 



Latinpress. 16 / 5 / 2019.
Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias, muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional (AI) hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.


Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional.

Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.


Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo que Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión.


El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país.

Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.


Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en febrero de este año, en la que se entrevistó con decenas de víctimas de crímenes de derecho internacional y de graves violaciones de derechos humanos cometidas, principalmente, del 21 al 25 de enero, lapso en el que tuvieron lugar manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país.


La investigación demuestra también el preocupante giro de la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes se han manifestado en su contra, la mayoría pertenecientes a comunidades de escasos recursos económicos.


Del 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas, todas por arma de fuego.

Por lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones. Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, de las cuales Amnistía Internacional documentó en profundidad seis casos, recogidos en este informe.

A lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.

Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado los patrones y la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen el uso excesivo de la fuerza en contra de personas manifestantes y los tratos crueles, inhumanos y la tortura en su contra, con el fin de neutralizar la protesta social.

La organización ha identificado y denunciado los patrones de detenciones arbitrarias por motivos políticos que han ocurrido en todos los años del gobierno de Maduro, a través del análisis de 22 casos emblemáticos, y ha identificado al menos seis presos de conciencia.

Amnistía Internacional también ha denunciado más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017, entre los cuales se documentaron a profundidad ocho casos que dieron cuenta de patrones similares de ataque dirigido contra hombres jóvenes y en situación de pobreza.


 
 





 
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