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Gobierno de Nicaragua desata nueva ola de represión

 


Marcha 14 de septiembre. Archivo EFE


Latinpress. 20 / 3 / 2019.
Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el pasado 16 de marzo, fuerzas de seguridad nicaragüenses detuvieron a 107 personas durante una nueva ola de violencia y represión contra manifestantes en Managua y otras ciudades, según cifras del gobierno.

La marcha fue la primera movilización grande organizada por la oposición en cuatro meses, desde el año pasado cuando la Policía Nacional declaró ilegal cualquier manifestación pública que no fuera autorizada.

En un comunicado de prensa, la policía nicaragüense afirmó que estaban liberando a los detenidos como una respuesta a las gestiones del Nuncio Apostólico en Nicaragua, informó el medio AFP.

Según WOLA, el gobierno de Nicaragua debe liberar inmediatamente a los cientos de personas que siguen encarcelados por actividades políticas, y debe cesar de inmediato todo acto de represión en contra de la ciudadanía.

Solo así se podrá considerar al gobierno del Presidente Daniel Ortega comprometido con las negociaciones retomadas con representantes de la oposición.

El vicepresidente para programas de WOLA, Geoff Thale, declaró que esas acciones ponen en duda la seriedad del gobierno para entrar y participar en negociaciones que permitan una salida efectiva a la crisis política y económica.

La Oficina ha informado que la marcha del 16 de marzo tenía como fin exigir la liberación de cientos de presos políticos, una de las principales condiciones de la oposición para reiniciar negociaciones con el gobierno.

Bajo una fuerte presión internacional, previa a la represión policial reciente, las autoridades nicaragüenses habían puesto a casi 150 detenidos en arresto domiciliario. Según la Articulación de Movimientos Sociales, más de 700 manifestantes antigubernamentales permanecen detenidos. Se cree que muchos han sido detenidos bajo una nueva ley antiterrorista.

Thale ha estimado que el gobierno de Nicaragua ha podido liberar a menos de un cuarto de los presos políticos, lo que aunado a los ataques y las detenciones registrados el 16 de marzo, deja claro que el presidente Ortega no está dispuesto a tolerar la disidencia, ni a negociar sobre los temas más básicos.


 
 





 
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