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En América Latina la pandemia puede cerrar 2.7 millones de empresas

 



Latinpress.es 5 / 7 / 2020.
Más de un tercio del empleo formal, y un cuarto del producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19).

Así lo ha informado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), advirtiendo que menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada.

Según la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, la crisis ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas.

Los sectores más afectados son el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.

Bárcena afirma que la crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico, lo que profundizará los problemas estructurales de las economías de la región.

Esto significa que, si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región.

Según el estudio Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo.

Se estima que el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes (mipymes), esperándose que puedan cerrar más de 2,7 millones de empresas formales en la región -de las cuales 2,6 millones serían microempresas- con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.

Varios de los sectores afectados, como el comercio, los hoteles y restaurantes, cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, que serán las más golpeadas, por ejemplo, el comercio perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perderá por lo menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo.

A partir de marzo de 2020, para sostener la estructura productiva y evitar la pérdida de empleos y la destrucción de capacidades en las empresas, los gobiernos anunciaron un conjunto amplio de medidas.

La postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la crisis actual. Estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años ya que, muy probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual, advierte el organismo de las Naciones Unidas.

La CEPAL propone cuatro conjuntos de medidas:

1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.
2. Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades.
3. Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.
4. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.

El organismo promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020.

También plantea la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.


La cofinanciación de la nómina salarial se daría en diferentes proporciones según el tamaño de la empresa, desde 30% a las grandes hasta 80% a las microempresas.

Se estima que esta medida tendría un costo equivalente a 2,7% del PIB regional, por su parte, las contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores costarían 0,8% del PIB.

La Comisión resalta que es necesario tener en cuenta el rol importante que juegan las grandes empresas ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones.

Entre las medidas para la reactivación, la CEPAL incluye, además del cofinanciamiento a la nómina y las mejores condiciones de acceso al crédito, la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos.

Estas propuestas complementan a las anunciadas anteriormente: la entrega de un ingreso básico de emergencia (BEI) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional.

El ingreso básico de emergencia (BEI), el bono contra el hambre y los apoyos a las empresas y el empleo son un conjunto articulado de medidas.

Según el informe, la crisis generará cambios al interior de las empresas y en la organización de las cadenas productivas. Las nuevas tecnologías serán clave en el modelo de funcionamiento de las empresas.

Las políticas industriales activas serán esenciales para evitar que la crisis lleve al cierre de empresas, pérdida de empleos y costos para el medioambiente, ha dicho Bárcena.

Según la CEPAL las cadenas productivas experimentarían una profunda reorganización, las grandes empresas buscarán aumentar la resiliencia en las redes de producción diversificando proveedores en términos de países y empresas para reducir su vulnerabilidad, privilegiando proveedores más cercanos (nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring).

Asimismo, la ruptura de redes internacionales de proveedores genera oportunidades para el desarrollo de capacidades nacionales y regionales, indica el informe.


 
 

 

 

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