LATINPRESS.es © Periodismo de verdad, verdad.
Marbella, España.
Año 9. Marzo 2011 – Septiembre 2020.

España. Venezuela. México. Costa Rica. Ecuador. R. Dominicana. Estados Unidos.
Bolivia. Colombia. Argentina.
Panamá.



     
 
LatinPress®. 21 / 9 / 2020. LatinPress.es
   

Américas: cuarentenas en formas de represión

 



Latinpress.es 21 / 9 / 2020.
Desde que estalló la pandemia de COVID-19, las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos, así lo afirma Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe.

En el nuevo informe AI documenta cómo, en tres países, las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos.

Según Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y, las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva.

A finales de agosto, según datos oficiales, las autoridades venezolanas han sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú, y las han enviado a centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos.

En El Salvador y Paraguay, habían cerrado sus centros estatales de confinamiento o reducido su escala a finales de agosto, el gobierno del presidente Bukele tenía a más de 16.000 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19.

A finales de junio, las autoridades de Paraguay impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal en Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia.

Según información recibida por la organización de esos tres países, la gente llevaba en cuarentena bastante más tiempo de los 14 días recomendados actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en algunos casos, más de un mes.

No tenían acceso suficiente a información sobre cuánto tiempo estarían recluidas ni sobre los criterios científicos aplicados en un momento dado para determinar su salida del aislamiento o confinamiento, lo que constituye una violación de su derecho a la información y del requisito impuesto por el derecho internacional de los derechos humanos de que toda medida de privación de libertad, aun cuando tenga la finalidad de proteger la salud pública, debe estar prevista en la ley y ser necesaria, proporcionada y de duración limitada.

Guevara-Rosas declara que aunque estos gobiernos hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, la imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares.

Las autoridades de Venezuela y El Salvador han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen.

En El Salvador, el ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a un centro de contención, “lejos de sus familias, y en esos centros de cuarentena corren también el riesgo de contraer el virus”. La cuarentena se considera un castigo y las autoridades son conscientes de que los centros carecen de las medidas adecuadas para prevenir contagios.

El ejemplo más inquietante de campañas de estigmatización y discriminación auspiciadas por el Estado llega de Venezuela. Las personas que han regresado a ese país fueron obligadas a recluirse en instalaciones destinadas a la cuarentena mientras altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro afirmaban que las que volvían de Colombia eran “armas biológicas” enviadas para infectar a la población que se encuentra en Venezuela. También han tachado de “traidoras” a las personas que volvían.


 
 

 

 

Trabajo en España, Empleo en España

 

Instituto Internacional de
Investigación de Paz de Estocolmo

 





 
LATINPRESS.es © Noticias y Análisis Nacionales e Internacionales. Marbella, Andalucía, España. Año 9. Marzo 2011 – Septiembre 2020.

España. Venezuela. México. Costa Rica. Ecuador. R. Dominicana. Estados Unidos. Bolivia. Colombia. Argentina. Panamá.

Aviso Legal · Política de Privacidad · Política de Cookies