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La Ley Mordaza sigue vigente en España

 




Latinpress.es 31 / 12 / 2020.
Ayer se reunió, por última vez en 2020, la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, recordándo que la reforma de la Ley Mordaza sigue pendiente, y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta ley muestra que está en manos del Parlamento limitar la discrecionalidad y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional (AI) también ha insistido en que es el Parlamento el que debe corregir actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad en la aplicación de la Ley “Mordaza”.

Lamentando, AI, que la sentencia del Tribunal Constitucional avale aspectos de la ley que no cumplen los estándares internacionales como los registros corporales, sancionar a quienes graban imágenes de Fuerzas de Seguridad, las faltas de respeto a la autoridad y, los rechazos en frontera.

El Congreso de los Diputados, que está tramitando la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, puede impulsar modificaciones para que responda a los estándares internacionales de derechos humanos.

Para AI, es preocupante que el Tribunal Constitucional en su sentencia delegue en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el juicio de proporcionalidad para salvaguardar y no desincentivar el derecho de reunión y, que sean ellos quienes valoren qué conductas pueden considerarse desobediencia, falta de respeto, o resistencia a la autoridad.

El aumento de poderes discrecionales para los agentes de las fuerzas de seguridad, sin que se haya establecido un mecanismo independiente de rendición de cuentas, se ha traducido en comportamientos abusivos y arbitrarios, manifestó Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI España.

Riesgos que potencian la arbitrariedad policial


Unos de los aspectos más preocupantes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOSC son:

.- La sanción al “uso de imágenes de agentes de la autoridad”. Las fuerzas de seguridad, a través de esta sanción, o de la amenaza de aplicarla, han interferido indebidamente en el ejercicio del derecho a la libertad de información. De esta manera, recae en la persona que tome las imágenes de una actuación policial sopesar antes de publicarlas, si éstas poseen un interés general, o si ponen en riesgo el operativo policial, con la posibilidad de enfrentarse a una denuncia o sanción.
.- Registros corporales. El TC establece cómo y de qué manera tienen que actuar las fuerzas de seguridad para que este artículo (20) sea constitucional, a quienes les sigue otorgando un amplio poder para decidir cómo aplicarlo, y deja en completa indefensión a quien sea objeto de abuso o actuación arbitraria.
.- Eliminación de la sanción a las faltas de respeto dirigidas contra las fuerzas de seguridad en una concentración o reunión (art. 37.4) por ser innecesaria y constituir un riesgo para la libertad de expresión.
.- Rechazos en frontera. El TC avala la figura del rechazo en frontera introducido en la Ley de Extranjería mediante una enmienda de la LOSC, sin embargo en su intención de ofrecer “garantías” en esta figura, nuevamente establece una serie de requisitos que terminan siendo contradictorios entre sí. A la vez que reconoce que estas personas están bajo la jurisdicción española y por lo tanto les debe aplicar las garantías y salvaguardas previstas en la legislación, ampara que se prescinda de todo tipo de procedimiento que dé seguridad jurídica a estas personas cuando son sorprendidas en el perímetro fronterizo. La falta de procedimiento hace imposible la detección de personas vulnerables y el control judicial de la actuación policial está en realidad vacío de contenido.

Cerca de 150.000 personas se han dirigido ya al Parlamento, a través de la acción on line de Amnistía Internacional para pedir que se modifique de una vez por todas esta ley.

Otros artículos que deberían ser modificados o retirados, según AI, de la Ley de Seguridad Ciudadana, son:

.- La sanción a las manifestaciones delante de las Cortes Generales, incluso cuando están cerradas. Además de la protección al normal funcionamiento de las Cortes, también el Tribunal Constitucional considera superior al derecho de reunión el valor institucional y simbólico del Parlamento, incluso cuando está vacío. Este artículo (36.2) debería modificarse para salvaguardar la posibilidad de reuniones y manifestaciones pacíficas espontáneas frente al Congreso, Senado y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, siempre que no haya sido posible la notificación y la reunión o manifestación constituya una respuesta a un acontecimiento inmediato.
.- La sanción a las manifestaciones espontáneas. El TC confirma que la comunicación es un requisito necesario y que sin ella puede haber sanción legítima, lo que puede derivar en un efecto disuasorio a la hora de convocar una protesta. Contrariamente, el derecho internacional de los derechos humanos no exige que las legislaciones requieran una notificación previa. Sin embargo, la exigencia de notificación, incluso en el caso de manifestaciones pacíficas y espontáneas, convierte dicha notificación en una petición de autorización, prohibida por el derecho internacional.

La aplicación de la LOSC durante el primer estado de alarma, solo desde el 14 de marzo hasta el 23 de mayo, el Gobierno reconoció que se habían impuesto 1.044.717 denuncias, en su mayoría en aplicación del art. 36.6 y sin haberse observado adecuadamente los principios de necesidad y proporcionalidad.

A mediados de noviembre se habrían iniciado cerca de 200.000 expedientes sancionadores respecto a las multas impuestas durante ese periodo, decenas de multas habrían sido revisadas judicialmente y al menos 20 anuladas.


 
 

 

 

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