La polémica en Marbella por la tasa de basura
Félix Romero, Isabel Pérez y Victor Navas • 12 de febrero de 2025
El PSOE dice que la tasa de basura es una ley europea y, el PP que es el Gobierno de España quien la impone bajo amenazas.
Marbella. –
Recientemente representantes del Partido Popular y del PSOE Marbella, se han culpado mutuamente sobre la próxima tasa de basura que, el 10 de abril comenzará a funcionar.
La portavoz socialista en Marbella, Isabel Pérez y el portavoz del Psoe en la Mancomunidad de Municipios, Victoriano Navas, han responsabilizado al PP de ser el responsable de aplicar un “tarifazo” del 77% más sobre la actual tasa.
Sobre esa afirmación, el portavoz del PP Marbella en el ayuntamiento, Félix Romero, reiteró que la tasa de basura es un asunto del Gobierno de España y que estaban realizando un estudio económico para buscar la mejor alternativa de no repercutir este impuesto en los ciudadanos de Marbella.
El Gobierno de España es el culpable
El portavoz insistió en que el Partido Popular está totalmente en desacuerdo con la tasa de basura, pero dicen que están obligados por un decreto del Estado que "interpreta mal" lo que dice la Unión Europea y, además, les amenazan con multas si no aplican esa tasa, insistiendo en que es una situación provocada por el Gobierno de España.
Sin embargo, lo que dice el Gobierno de España es que han incorporado a su ordenamiento jurídico, la Directiva Europea (UE) aprobada en 2018, que quiere cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En aquél año la ley fue aprobada con el consentimiento del Partido Popular, cuando en la Presidencia de la Comisión Europea estaba el señor Junker, (Partido Popular Europeo) y como Comisario de Acción Climática Miguel Arias Cañete, del Partido Popular español.
Más adelante, en abril de 2022 se aprobó, en el Congreso español, la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con los votos en contra de VOX, la abstención del PP y los votos a favor del PSOE y Podemos.
Economía Circular
Lo cierto es que, de acuerdo al plan de acción de economía circular de la Unión Europea, en busca de la neutralidad climática de la UE 2050 en virtud del Pacto Verde, la Comisión Europea propuso en marzo de 2022 el primer paquete de medidas para acelerar la transición hacia la economía circular. En noviembre publicó un segundo paquete, que incluía una propuesta sobre nuevas normas para toda la UE, en marzo de 2023 incluía una propuesta para regular los reclamos ecológicos de las empresas y, en julio la Comisión propuso revisar la Directiva Marco sobre residuos para promover la gestión sostenible.
La basura generada por habitante
En 2022 el Parlamento Europeo estimaba que cada uno de sus habitantes generó una media de 5 toneladas de residuos en ese año, siendo el sector de la construcción uno de los más contaminantes con un 38,4% de todos los residuos generados, la minería y las canteras (22,7%), los servicios de residuos y agua (10,5%), la industria manufacturera (10,4%) y los hogares (8,9%). Como se puede ver, no se trata del capricho de un Gobierno.
Romero también dijo que el plan europeo es que se pague por la basura que uno produce, pero que ello es difícil de establecer en una ciudad, lo que obliga a cada ayuntamiento a ir cogiendo criterios distintos, por ejemplo, dijo, hay quien lo asocia al consumo del agua, pero eso en una casa que está cerrada todo el año, sin generar basura, pagaría más por ella que las que están habitadas, además, también penalizará las zonas verdes.
Con este historial, Latinpress.es
le señaló Romero que Navas responsabilizaba al ayuntamiento y a la Mancomunidad de Municipios (Manuel Cardeña), de la aplicación de la tasa, dejando por sentado que se trata de un tema de la Comunidad Europea que obliga a separar los impuestos no a vincularlos a otros.
Sanciones
Romero nos respondió que le gustaría que el señor Navas le enseñara ese papel de la UE; abundando en que lo que dice la UE es que hay que luchar para llegar al recibo de 0 rescate, bajo el principio de "quien contamina paga" y, en que él si podía decirnos cuál es el decreto que les obliga a cumplir esa modificación y que, decir que el ayuntamiento no está obligado era jugar con las cartas marcadas, porque claro que no hay ninguno obligado, pero el que no lo haga va a ser sancionado, como pasa con la zona de bajas emisiones, hay amenazas de sanciones, reprochando que es falso eso de si lo hacemos es porque queremos; insistiendo en que eso es falso porque lo tienen que hacer todos los ayuntamientos.
La polémica sancionadora entre ambos partidos, parece aclararse en el artículo 2 de esta ley que señala que la «Autoridad competente», la encargada de desempeñar la ejecución de esta ley son, en su ámbito de competencias, el Gobierno, las administraciones públicas, las comunidades autónomas, las diputaciones forales y las entidades locales, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.
Artículo 11: «quien contamina paga».
Este principio dice que los costes de la gestión de los residuos serán sufragados por el productor inicial de residuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 y, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es el responsable de realizar estudios para obtener información sobre los criterios para la contabilización de dichos costes y, será un Consejo de Ministros el que apruebe las estrategias, planes y programas estatales en materia de prevención, de gestión de residuos y de economía circular. Por tanto, es la administración del Estado el que vigilará y sancionará.
No obstante aclara más adelante que corresponde a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, aprobar los programas autonómicos de prevención de residuos y los planes autonómicos de gestión de residuos, así como las estrategias autonómicas en materia de economía circular y de suelos contaminados y, serán estos los que ejerzan la vigilancia la inspección y, la sanción.
Añadiéndose que en el artículo 52 de la ley deja claro que, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los sistemas individuales o colectivos, la autoridad competente para incoar el procedimiento sancionador será la comunidad autónoma.
Potestad sancionadora.
Así que, si la pregunta clave es quién cobra la tasa, la respuesta es que son las entidades locales
Sobre el ¿Cuánto tocará pagar? Es una de las incógnitas porque cada entidad local debe calcular cuál es el coste de su servicio.
¿Cuándo entra en vigor la ley? El 10 de abril de 2025.
¿Qué puede pasar si alguna entidad local no hace los deberes? Hacienda advierte que si se incumplen los objetivos de reciclaje, es España la que podría ser sancionada por la Unión Europea, como ha pasado, por ejemplo, con la directiva de protección de datos o por incumplir la directiva de calidad del aire en Madrid y Barcelona.
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