San Pedro Alcántara. Marbella. - La instalación de 70 nuevas papeleras en San Pedro Alcántara, con un diseño más hermético y capacidad más que duplicada, simboliza algo más que un gesto de modernización urbana. Es un recordatorio de cómo las ciudades costeras, presionadas por la afluencia turística y las demandas de sus residentes, buscan constantemente fórmulas para mantener su espacio público limpio y atractivo. El Ayuntamiento de Marbella ha apostado por infraestructuras más resistentes y funcionales, con detalles tan específicos como ceniceros integrados para combatir un residuo tan común como incómodo: las colillas. El gesto, sin embargo, no es únicamente técnico. Es también político. El concejal de Limpieza, Diego López, apeló directamente a la “responsabilidad compartida” de los vecinos. En otras palabras: la inversión no servirá de nada si los ciudadanos deciden usar las papeleras como contenedores de basura doméstica. La insistencia en la corresponsabilidad revela un dilema cada vez más visible en la gestión urbana: los gobiernos locales pueden renovar, mejorar y optimizar los servicios, pero la verdadera eficacia se juega en el terreno de los hábitos cotidianos. Marbella no es una excepción. Los Horarios El debate más delicado, sin embargo, se encuentra en los horarios. El Consistorio mantiene unas franjas estrictas para sacar la basura: de 20.00 a 23.00 horas en verano, y de 19.00 a 23.00 en invierno. El argumento es claro: reducir olores y facilitar la recogida nocturna, sin embargo, algunos piensan que no es realista limitar a tres o cuatro horas un gesto tan básico como depositar residuos en una ciudad que vive, literalmente, hasta la medianoche. En un entorno turístico como el de San Pedro Alcántara, donde la vida social se prolonga y la actividad comercial se extiende más allá de la franja oficial, el riesgo es obvio: que la norma se incumpla sistemáticamente y las bolsas de basura aparezcan en las aceras a cualquier hora. Un escenario que convierte la regla en letra muerta y el esfuerzo institucional en un ejercicio frustrante. Así que, el equilibrio está en la gestión de las instituciones y el buen hacer de los ciudadanos.

San Pedro Alcántara, Marbella. — La tensión política en Marbella vuelve a trasladarse a la calle. Este viernes, 3 de octubre, vecinos de San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, Las Chapas y Marbella están llamados a concentrarse en la Plaza de la Iglesia de San Pedro para exigir un “cambio de rumbo” en la gestión municipal encabezada por la alcaldesa Ángeles Muñoz, del Partido Popular. El movimiento lo impulsa Opción Sampedreña (OSP), liderado por Manuel Osorio, un partido local que en los últimos años ha hecho de la denuncia del “abandono institucional” su bandera. Sus dirigentes aseguran que la situación actual se refleja en “playas sucias, colegios deteriorados, instalaciones deportivas cerradas y un paseo marítimo en estado de dejadez”. “El malestar ciudadano crece porque las promesas de inversión no llegan”, dijo Osorio, concejal de OSP, que acusa al ayuntamiento de priorizar “el maquillaje político” sobre las necesidades reales de los barrios. Entre las críticas también figuran la falta de mantenimiento en centros educativos, la ausencia de sombra en patios escolares y la cesión del recinto ferial a intereses privados, que —según el partido— limita el acceso de asociaciones locales. La protesta del viernes busca canalizar esa indignación en una convocatoria abierta a todos los residentes. La cita ha sido difundida en redes sociales y en reuniones vecinales con un mensaje directo: “Márchese, señora Muñoz”.

San Pedro Alcántara, Marbella. — El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado la construcción de 132 viviendas en régimen de alquiler tasado en San Pedro Alcántara, un proyecto de 13,1MM€ que se integra en el Plan Municipal de Vivienda. La promoción, situada en el ensanche sur, consta de dos edificios residenciales con garajes, trasteros, zonas verdes privadas y piscina comunitaria, afirmó Javier García, teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, al anunciar la medida. En la misma zona ya se levantan 84 viviendas protegidas, previendose aprobar en breve otras 40 en régimen de alquiler público. A ello se suman 143 inmuebles en desarrollo junto a la carretera de Ronda, destinados a la venta. En total, el consistorio calcula que en el corto plazo se pondrán en marcha 399 viviendas en San Pedro Alcántara. La meta es alcanzar unas 800 unidades en los próximos cinco años. Para Eduardo Díaz la clave será agilizar los plazos, permitiendo que las obras de urbanización y la construcción de las promociones avancen en paralelo. El Ayuntamiento también prepara un nuevo desarrollo residencial con un fuerte componente de vivienda protegida, que contribuiría a completar la trama urbana de San Pedro.

Marbella. — En un país donde poseer vivienda se ha convertido en una quimera para buena parte de la clase media, Alejandro Criado, abogado urbanista y presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella, sostiene un argumento que descoloca el debate habitual: el verdadero problema no es la legislación urbanística, sino el acceso al crédito y la falta de oferta. Criado, en su doble papel como jurista especializado y portavoz de uno de los colectivos empresariales más influyentes de la Costa del Sol, se sitúa en un lugar privilegiado para observar la tensión entre el sueño español de la propiedad y las barreras que lo hacen cada vez más distante. En su última intervención trazó un paralelismo provocador: en los años 60 y 70, cualquier pareja con tres o cuatro hijos podía pagar una casa en 15 años, hoy, incluso un matrimonio sin hijos puede tardar 40, y a menudo se le empuja hacia el alquiler. Su diagnóstico es implacable: la banca ya no financia como antes, y la vivienda protegida, que representaba el 90% de lo que se construía en la España desarrollista, apenas alcanza el 10% en la actualidad. El trasfondo financiero de esta crisis es, a juicio de Criado, un cóctel envenenado. La “democratización” de las cajas de ahorro en 1985 abrió la puerta a la politización de sus órganos rectores, mientras que la burbuja de los 2000 dejó cicatrices en el sistema bancario que hoy se traducen en rigidez crediticia. “Los bancos no tienen capacidad suficiente para que los créditos puedan fluir”, lamenta. Marbella, epicentro del turismo residencial y del mercado inmobiliario de lujo, es un espejo ampliado de estas tensiones. La demanda extranjera sostiene precios elevados mientras que las familias locales, con salarios desconectados de ese mercado global, encuentran pocas opciones asequibles. Criado denuncia que la oferta de vivienda protegida es raquítica y que la actual legislación andaluza, junto con la Agenda Urbana nacional, limita todavía más la expansión del suelo disponible. El discurso de Criado desafía la narrativa más común, aquella que responsabiliza casi en exclusiva a la normativa urbanística de los males del mercado. Su lectura coloca el foco en el sistema financiero y en una política de vivienda pública prácticamente desaparecida desde los años 80. El abogado plantea, en definitiva, un dilema que va más allá de Marbella y de Andalucía: ¿puede España recuperar la capacidad de construir vivienda asequible para las nuevas generaciones o seguirá atrapada en un mercado donde la propiedad se convierte en lujo y el alquiler en condena? La respuesta, sugiere Criado, no está solo en los planes generales o en las leyes del suelo, sino en el corazón del sistema financiero y en la voluntad política de reactivar un parque público de vivienda que alguna vez sostuvo el acceso a la propiedad de millones de españoles.

Marbella. - El Ministerio de Justicia ha adelantado su decisión de ampliar las competencias de los juzgados de violencia de género para que asuman todos los delitos sexuales cuando la víctima sea mujer. Hasta ahora, estos juzgados sólo intervenían en casos relacionados con la pareja o expareja de la víctima. A partir del 3 de octubre, pasarán a conocer también delitos de agresión sexual, abusos y trata de mujeres, ampliando así su campo de acción en consonancia con el Convenio de Estambul, el tratado internacional que insta a los Estados a abordar la violencia contra las mujeres como un fenómeno integral y no fragmentado. 50 plazas La creación de 50 nuevas plazas judiciales y 42 de fiscales supone un cambio de paradigma ya que, por primera vez, los órganos especializados con formación en igualdad y perspectiva de género serán los que se encarguen de toda esta tipología delictiva. Las 50 plazas judiciales y las 42 de fiscales, se irán incorporando progresivamente a partir de octubre. El aumento de jueces, del 42%, será muy superior al aumento de carga de trabajo calculado por el CGPJ, que es del 12'9% de media. La medida, además, no se limita a reforzar la maquinaria judicial: busca prevenir la revictimización, un problema crónico del sistema en el que las víctimas se ven obligadas a repetir su testimonio ante múltiples instancias poco sensibilizadas. El ministerio también informó que, además, con la aprobación de la futura Ley para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, se podría llegar al 47% en los próximos meses. Más competencias con más jueces De las 50 plazas creadas, 8 entran en funcionamiento en octubre en Ayamonte y Marbella (Andalucía); Arona (Canarias); L'Hospitalet de Llobregat (Catalunya); Llíria y Vila-Real (Comunitat Valenciana); Manacor (Illes Balears) y Arganda del Rey (Madrid). Las 42 restantes entrarán en funcionamiento en diciembre cuando se creen los correspondientes Tribunales de Instancia. Entre tanto, el Ministerio dotará a los juzgados de los refuerzos temporales necesarios, a través de jueces sustitutos o de jueces en comisión de servicio. Ya se han autorizado las primeras medidas de refuerzo en Palencia, Ferrol (Galicia), Inca, Eivissa y Palma (Baleares), Las Palmas y Arrecife (Canarias) y Barcelona. Y tan pronto como reciba las nuevas solicitudes del CGPJ las aprobará. Marbella Marbella figura entre los primeros municipios en recibir uno de estos refuerzos judiciales. La ciudad, conocida como destino turístico de lujo, también enfrenta retos sociales profundos: un notable incremento de población flotante, desigualdades marcadas y una creciente preocupación por los delitos vinculados a la explotación sexual. Ya han sido convocadas las 41 nuevas plazas de fiscales creadas en junio y la número 42 ya ha sido adjudicada. Hasta su plena incorporación, el ministerio también aprobará todas las medidas temporales de refuerzo que la Fiscalía considere necesarias. Las 7 primeras ya han sido autorizadas para que se incorporen en las próximas semanas. La llegada de un juzgado reforzado con competencias ampliadas envía el mensaje de que la lucha contra la violencia de género y la trata no se detiene en los centros metropolitanos, sino que alcanza territorios donde la presión social y económica puede invisibilizar estas problemáticas. En este sentido, Marbella se convierte en un laboratorio de cómo los nuevos juzgados especializados pueden operar en zonas con alta diversidad social y demográfica, donde confluyen residentes locales, migrantes y un turismo masivo que a menudo alimenta redes de explotación. La apuesta del Gobierno responde a una lógica evidente: la violencia contra la mujer se combate con leyes, pero también con más medios y formación a quienes deben garantizar que esas leyes se cumplan. La creación de plazas y el despliegue progresivo en ciudades como Marbella reflejan un intento de pasar de la teoría a la práctica.

Marbella. — El Ayuntamiento anunció que cerrará 2025 con una inversión superior a los 27MM€ en seguridad, la mayor cifra en la historia de la Policía Local de la ciudad. La partida, presentada este fin de semana por el concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, refleja una apuesta por consolidar a Marbella como un destino turístico seguro y reforzar los recursos del cuerpo. “Para este equipo de Gobierno es una prioridad absoluta”, afirmó Díaz, quien presidió el acto institucional en honor a los patronos de la Policía Local en el Teatro Ciudad de Marbella. Según el edil, la estrategia municipal combina la ampliación de personal con la modernización tecnológica, incluyendo la expansión del sistema de videovigilancia y la consolidación de unidades especializadas, como la de drones y la de playas. En los últimos años se han incorporado 80 nuevos agentes y cerca de 40 mandos, con 20 plazas más previstas para 2026. “La ciudad es hoy reconocida como un destino seguro, y ese es el resultado de una gestión basada en la inversión constante en medios, tecnología y capital humano”, sostuvo Díaz. El evento sirvió también para entregar condecoraciones a agentes y colaboradores. Entre los reconocidos estuvieron los policías Juan Manuel Ramallo, Steven Michael Lander y Alejandro Castillo, galardonados por su trayectoria; así como Francisco Javier Flores, jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil; José María Toribio, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía; y el empresario Joaquín Sáez.

Marbella. - La ciudad ha lanzado un plan de conservación de centros educativos que combina dos elementos poco habituales en la gestión pública: planificación a largo plazo (5 años) y financiación estable (1.3MM€) La ciudad invertirá 1,3MM€ cada año, durante los próximos cinco años, para ejecutar actualmente más de 180 intervenciones en colegios, guarderías y bibliotecas. El programa no se limita a reparaciones menores, incluye desde el cambio de cerraduras y persianas hasta obras más ambiciosas como la renovación de pistas deportivas, impermeabilización de cubiertas, adaptación de accesos para estudiantes con movilidad reducida o la sustitución de luminarias por sistemas LED. Este último punto conecta con una tendencia global: reducir la huella energética de los edificios escolares, un frente donde España aún arrastra retrasos respecto a países del norte de Europa. El valor simbólico de estas inversiones también es significativo. En declaraciones durante una visita al CEIP Juan Ramón Jiménez, la directora del centro afirmó que las mejoras convierten al colegio “en el hogar que todos queremos para los estudiantes”. Esa frase trasciende lo técnico: un edificio escolar no es solo ladrillo y pintura, sino un espacio donde se construye comunidad y se moldea la experiencia educativa. El reto, como siempre, estará en la ejecución. La experiencia internacional muestra que los planes de mantenimiento a cinco años corren el riesgo de diluirse por cambios políticos, retrasos en adjudicaciones o sobrecostes imprevistos. Marbella, al adjudicar a una empresa local y definir un contrato marco, parece haber apostado por un modelo de gestión más cercano, con capacidad de respuesta inmediata. Si cumple su promesa, el municipio se convertirá en un ejemplo de cómo invertir en la escuela pública no solo mejora aulas, sino también fortalece el tejido social.

Marbella. – Para Alejandro Criado, abogado urbanista y presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella, el debate sobre la vivienda en España no está donde la mayoría lo sitúa. Ni las normativas urbanísticas, ni la maraña burocrática explican por sí solas por qué una pareja joven tarda hoy hasta 40 años en pagar una vivienda que sus padres, con varios hijos y salarios modestos, podían liquidar en 15. El verdadero nudo, sostiene, está en dos factores que se retroalimentan: la dificultad de acceder a crédito y la escasez de oferta. El argumento arranca en el pasado. En los años 60, España construía hasta 200.000 viviendas protegidas al año, el 90% del total. Hoy esa cifra apenas alcanza las 8.000 o 10.000, menos del 10%. En paralelo, los bancos han endurecido las condiciones de acceso a hipotecas tras el estallido de la burbuja en 2008 y los excesos de las cajas de ahorro en los años 80 y 90. Donde antes se financiaba incluso el 110% del valor de una vivienda, ahora el límite es el 80%, lo que se traduce rápidamente en que para un piso de 250.000€, una familia debe aportar 75.000 en ahorros previos, una barrera que excluye a gran parte de los jóvenes. A la contracción del crédito se suma un problema elemental de oferta. En 2008 sobraban 600.000 viviendas; hoy falta un millón. La lógica es básica: cuando la demanda supera a la oferta, los precios se disparan. Y en un mercado donde la vivienda protegida es residual, la presión recae en el segmento privado, encareciendo aún más el acceso. Criado se aparta de un lugar común en la conversación pública: el peso de las leyes urbanísticas. La liberalización del suelo en 1998, recuerda, amplió las posibilidades de construcción, aunque los ayuntamientos mantuvieron la capacidad de proteger terrenos. Sobre la legislación andaluza actual, afirma, añade trabas con informes sectoriales que ralentizan los planes generales. La actual legislación andaluza, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), dice, tiene poca disposición para la construcción de vivienda, y añade otra dificultad: la gran cantidad de informes sectoriales que requieren los planes generales. Y la Agenda Urbana de 2019 fija un horizonte en el que las ciudades “no crezcan”, consolidando una política que, en su visión, prioriza la contención sobre la asequibilidad. El análisis de Criado ilumina una paradoja española: mientras las políticas oficiales se concentran en ordenar el territorio, la brecha entre salarios y precios de vivienda se amplía hasta hacer casi imposible el acceso. El país que hace seis décadas ofrecía vivienda accesible a la mayoría, hoy enfrenta una generación atrapada entre alquileres elevados, hipotecas prohibitivas y la promesa lejana de un mercado que no construye lo suficiente.

Marbella.- El sector hotelero de Marbella ha vuelto a demostrar su fortaleza durante el mes de agosto, alcanzando nuevos máximos históricos en rentabilidad hotelera, con un crecimiento del 32% en dos años, así como un aumento del 15% en la creación de empleo respecto a 2024. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de pernoctaciones ascendió a 350.366, lo que supone 18.371 noches de hotel más y un incremento del 5,5% respecto al mismo periodo de 2024, y la estancia media se situó en 4,16, el mejor dato desde 2021. En total, 84.294 viajeros se alojaron durante el mes de agosto en los establecimientos hoteleros de la ciudad, de los cuales 23.730 eran nacionales y 60.564 procedían del extranjero. La directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce, ha destacado que “el sector mantiene su solidez, impulsado por estancias más largas y una política eficiente de precios”. De Arce destacó que la rentabilidad hotelera en agosto alcanzó cifras máximas desde que se tienen registros, subrayando que “el precio medio por habitación se situó en 395,33€, la más alta de España y que refleja un crecimiento del 19% respecto a 2024 y del 32% sobre 2023”. El ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) se elevó hasta los 322,73€, consolidándose como el mejor dato de la serie histórica y con un incremento del 11,6% respecto a 2024, aseguró la portavoz. Empleo La actividad hotelera también ha tenido un impacto positivo en el empleo, donde el sector generó en agosto 4.432 puestos de trabajo, un 15% más que en 2024 y un 6,4% más que en 2023. Por último, De Arce apuntó que el grado de ocupación, según el INE, fue del 82,6%, “una cifra que, aunque ligeramente inferior al 86,8 por ciento del mismo en 2024, refleja un crecimiento sostenible al haberse incrementado significativamente la planta hotelera, que es bastante superior a la del ejercicio pasado”.