La portavoz socialista en Marbella y diputada nacional, Isabel Pérez, ha colocado la palabra “pelotazo” en el centro del debate marbellí, señalando que aunque las parcelas siguen siendo públicas su utilización, durante medio siglo, dejaría de responder a la lógica de un espacio de uso general para quedar vinculada a un establecimiento privado asociado a una promoción residencial de alto nivel.

Una concesión de ese horizonte temporal requiere una explicación sobre el interés público que la justifica, algunas incertidumbres son qué obtiene Marbella, cuánto paga el concesionario, qué condiciones existen, qué inversiones asume, qué contraprestaciones recibe el Ayuntamiento, quién puede utilizar las instalaciones y qué ocurrirá al finalizar la concesión. En otras palabras, ¿qué gana el ciudadano a cambio de entregar durante medio siglo el aprovechamiento de un patrimonio que era suyo?

3,5MM€

“Ahora descubrimos que esos 3,5 millones de euros de inversión pública y esas zonas verdes que se vendieron a los ciudadanos como un parque público pueden acabar al servicio exclusivo de una urbanización privada. Es otro engaño de Ángeles Muñoz a los vecinos de Marbella”, ha denunciado la portavoz socialista.

El problema es que el Ayuntamiento ha urbanizado, mejorado accesos, dotado de servicios y revalorizado un entorno para después que alguien privado se beneficie.

La torre Almenara

La edil socialista ha recordado que el Gobierno municipal anunció que la zona de El Ancón, donde se encuentra además la torre almenara declarada Bien de Interés Cultural (BIC), se convertiría “en un parque público donde se pueda favorecer la difusión del pasado histórico”, junto con una zona de aparcamientos públicos. Asimismo, el Ayuntamiento aseguró haber destinado 3,5 millones de euros a la urbanización de este espacio.

Eso hace que la discusión no pueda reducirse exclusivamente a la titularidad de las parcelas. También importa cómo se integra el nuevo uso con la protección patrimonial y con la promesa municipal de convertir el entorno en un espacio destinado a poner en valor la historia de Marbella.

Spoiler: Porque una cosa es anunciar un parque público alrededor de un elemento histórico y otra muy distinta convertir ese espacio en el soporte de una actividad privada. Ambas cosas podrían ser jurídicamente compatibles bajo determinadas condiciones, pero el Ayuntamiento tiene la obligación política de explicar dónde está exactamente el interés general.

El PSOE sostiene que ha encontrado ausencia de informes técnicos y jurídicos de Urbanismo que justifiquen el cambio de uso, además de cuestionar la existencia de un Estudio de Impacto Ambiental. Esta afirmación es comprobable y no depende de interpretaciones políticas.

Si los informes son preceptivos y no existen, la cuestión puede tener consecuencias administrativas importantes. 

El Ancón plantea una cuestión mucho más profunda que la legalidad de una concesión. Marbella lleva años intentando compatibilizar dos ciudades: la ciudad residencial y turística de lujo y la ciudad de los ciudadanos que necesitan espacios públicos, equipamientos y servicios, se entiende que ambas pueden coexistir, pero cuando el patrimonio público se utiliza para generar valor alrededor de una promoción privada de lujo, la administración debe demostrar que el ciudadano no queda convertido simplemente en el financiador indirecto de la operación.

Transparencia.

Si todo está en regla, los informes existen, la concesión se ha valorado correctamente, la contraprestación es adecuada, se protege el BIC, se garantiza el interés público y las condiciones de utilización están perfectamente definidas, el Ayuntamiento debería poder demostrarlo sin dificultad.