Todos los expertos, incluidos los de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dicen que el gas natural se acabará el próximo año, con lo cual se confirman como ciertos los temores de que habrá que importarlo para el consumo interno.

Las reservas de gas, medidas a principios de este año a pedido de YPFB, están por debajo de 3 TCF, dicen las filtraciones que han salido de la empresa, y eso exactamente dos años con el actual ritmo de explotación.

Lo que anuncia ahora el gobierno, con una demora de nueve meses, es que tiene listo el anteproyecto de ley de hidrocarburos, además de gestiones angustiosas ante Petrobrás.

Es probable que el anteproyecto haya sido elaborado a partir del texto que hace tres meses tenía listo Mauricio Medinaceli, quien fue despedido por el presidente Rodrigo Paz sin ninguna explicación.

El presidente también hizo gestiones angustiosas para que la estatal brasileña vuelva a invertir en el país como lo hacía antes de que el MAS aplicara la falsa “nacionalización”, el 1 de mayo de 2006. (Antes del MAS, las reservas justificaban el proyecto de exportar gas a Estados Unidos).

Una comisión del gobierno boliviano debió asistir a reuniones con funcionarios de Petrobrás para definir las condiciones para esta nueva etapa de las relaciones con esa empresa.

Hay algunos detalles muy incómodos entre YPFB y Petrobrás, que vienen desde los días de la “nacionalización”, responsables de que la empresa brasileña haya dejado de invertir en Bolivia.

El MAS optó entonces por dar a cada empresa extranjera que operaba en el país un tratamiento diferente y, estando en ese afán, optó por aplicar contra la brasileña la política más dura de todas.

Desde entonces, de cada 100 barriles de petróleo que produce Petrobrás 94 son para YPFB, que paga por ellos 27 dólares por barril, a pesar de que ahora el precio internacional es de 70 dólares y hace un año había trepado hasta los 120 dólares.

Con un tratamiento así de duro, hubiera sido muy difícil que la empresa brasileña siguiera invirtiendo en Bolivia.

Por lo tanto, en las negociaciones de estos días seguramente YPFB termine dando a la empresa brasileña un tratamiento muy diferente, como el privilegiado que le concede a la española Repsol, la que, a pesar de eso, también dejó de invertir.

Y están también los detalles de la Constitución Política del Estado aprobada en un cuartel del ejército en 2009.

Entre esos detalles está el artículo 320, por el cual el Estado boliviano no reconoce la vigencia de los tribunales internacionales que sirven para tratar los litigios que surjan entre las empresas privadas y los diferentes Estados. Bolivia sólo reconoce el tribunal boliviano, lo que ahuyenta las inversiones.

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