El 12 de octubre, Día de la Raza en otros tiempos, la guerra de los narcos que operan en Bolivia dejó cinco muertos, tres en Chapare y dos en Santa Cruz.

Cinco muertos en un solo día es una plusmarca, pero muy lejos de la que ostenta México, con 48 muertes por día a pesar de que su gobierno mantiene aquello de “con los narcos, abrazos y no balazos”.

Allí, los narcos se dan de abrazos con el gobierno, pero se matan a balazos entre ellos en la guerra que libran por el control de 56% del territorio de ese país, según dice el diario El Imparcial.

Sobre territorios controlados por los narcos, en Bolivia no se tienen las cifras, ni siquiera aproximadas, aunque la realidad nos permite hacer un levantamiento topográfico preliminar.

El Chapare tiene 12.445 kilómetros cuadrados (K2), lo que significa 1,2% del territorio nacional, el parque Amboró (de las FARC) tiene 3.366 K2, con lo que se llega a 1,5% de la soberanía nacional, el parque Izozog (de mafias paraguayas) 34.000 K2, un salto enorme que lleva el total hasta 5% del territorio nacional.

Lo que resulta más difícil cuantificar son las extensiones de terreno que controlan las mafias brasileñas, ahora convertidas en narco-bandeirantes, ambiciosos de controlar territorios bolivianos.

Un artículo del O Estado de Sao Paulo aseguró que el Primer Comando da Capital (PCC) tiene plantaciones de coca y fábricas de cocaína en territorio boliviano.

En septiembre pasado, el ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que la otra mafia brasileña, el Comando Vermelho, se propone controlar una provincia del departamento Pando.

Un mes antes, el propio Oviedo había enviado a San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, una fuerza conjunta para frenar a los agentes de esa mafia carioca.

A los pocos días, el gobierno informó que aquella fuerza conjunta había admitido que no tenía los medios suficientes para enfrentar a los narcos brasileños.

Estábamos ante una guerra desigual, con una fuerza del quebrado y fallido Estado boliviano enfrentada a unos narcos muy bien armados, representantes de la industria más próspera de la región.

Una industria que cuenta con grupos enfrentados entre ellos, como quedó claro con los cinco muertos del 12 de octubre.

El informe policial dice que los cinco muertos eran jóvenes con edades que van de 18 a 25 años.

Los sicarios usados por estos grupos tienen una expectativa de vida de 35 años. Y los capos, llegan hasta los 45, y de ahí no pasan.

Muy jóvenes son los muertos que deja esta guerra. Los detalles de todo esto están contenidos en un informe de Siglo 21.



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