Marbella. — Para la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, la sanidad pública se ha convertido en uno de los terrenos donde la batalla política encuentra un respaldo más sólido en los datos. 

La moción que llevará al próximo Pleno no solo critica la gestión de la Junta de Andalucía, sino que pone sobre la mesa una cuestión estructural: Ocupar el último puesto nacional en inversión sanitaria por habitante.

Isabel Pérez reclama un incremento de la financiación, más profesionales y un refuerzo de las infraestructuras sanitarias en Marbella y la Costa del Sol. 

Los datos presentados son difíciles de ignorar: según el Ministerio de Sanidad 2024, Andalucía destinó 1.658€ por habitante a sanidad pública, frente a una media nacional de 2.084€, muy por debajo también de comunidades como Euskadi o Asturias, donde la inversión supera los 2.300€ por persona.

Aunque los datos por sí solos no demuestran necesariamente una peor calidad asistencial, si influyen sobre la eficiencia del gasto, la organización del sistema y en los resultados; además resulta relevante que a esa baja inversión le acompañen las denuncias que los usuarios vienen haciendo desde hace años: listas de espera prolongadas, dificultades para acceder a la Atención

Primaria y una creciente presión sobre los profesionales sanitarios.

La portavoz ha destacado que  Marbella no atiende únicamente a sus habitantes empadronados, a la población residente se le suman cientos de miles de turistas, propietarios de segunda residencia y trabajadores temporales que incrementan la demanda asistencial durante buena parte del año. 

Esa presión estacional sanitaria obliga a dimensionar los recursos con criterios distintos a los de otros territorios con una población más estable.

Para la concejala y diputada socialista la reclamación de mayores inversiones supera el debate partidista, advirtiendo que la infraestructura sanitaria diseñada puede quedar rápidamente desbordada cuando la demanda real supera ampliamente la población censada.

La solución pasa por incrementar la inversión, reforzar las plantillas y mejorar las infraestructuras sanitarias. Es urgente, dijo Pérez, que Andalucía abandone el último puesto nacional en gasto sanitario por habitante porque cualquier retraso en una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica tiene un impacto inmediato sobre la calidad de vida de los ciudadanos.