Marbella — El desarrollo de Marbella ha girado alrededor de la transformación urbana: nuevas infraestructuras, remodelaciones, planes de movilidad y proyectos destinados a modernizar una ciudad que crece más rápido de lo que su planificación parece capaz de absorber. 

Pero mientras el Ayuntamiento celebra cada nueva obra, los comerciantes y pequeños empresarios se preguntan quién paga realmente el coste de esa modernización. Ellos están convencidos de una respuesta: todo sugiere que el mayor peso del desarrollo recae sobre el pequeño comercio.

A finales de abril la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (APYMESPA) registró una iniciativa formal ante el Ayuntamiento reclamando ayudas económicas, subvenciones directas y exenciones de tasas para autónomos y pymes afectados por obras públicas prolongadas en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. 

La petición partía de una realidad que muchos negocios consideran ya insostenible: calles levantadas durante meses, accesos reducidos, problemas de aparcamiento y una caída constante del tránsito de clientes.

El martes de esta semana, Latinpress.es preguntó al teniente de alcalde sampedreño, Javier García, si el Ayuntamiento se había reunido con la patronal para abordar estas reclamaciones y estudiar posibles compensaciones económicas.

La respuesta dejó más diplomacia que soluciones: “Tenemos reuniones constantemente”, afirmó García, antes de subrayar el apoyo municipal a la asociación y recordar que el Consistorio destina nominativamente 27.000 euros a APYMESPA. 

También mencionó la reciente presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en un desayuno empresarial de la patronal para respaldar al nuevo presidente de la organización.

Cuando le preguntamos si el Ayuntamiento contempla ayudas reales para empresas que pierden ingresos por obras públicas, la respuesta se volvió imprecisa.

“Hay cosas que nos piden que son posibles y otras cosas que se deben estudiar para valorar la posibilidad real sobre el terreno”, señaló García.

La frase resume con precisión el modelo de gestión que muchos comerciantes empiezan a cuestionar: una administración que impulsa proyectos urbanos de gran impacto, pero evita asumir de forma directa las consecuencias económicas que esas actuaciones generan sobre quienes sostienen el tejido comercial diario de la ciudad.

La contradicción resulta especialmente visible en San Pedro Alcántara, donde el comercio de proximidad lleva años conviviendo con obras recurrentes, cambios de tráfico y problemas estructurales de movilidad. 

Cada nueva actuación se presenta como una inversión estratégica para el futuro, aunque para muchos negocios el problema es más inmediato: sobrevivir al presente.

El debate político continúa instalado en el terreno de las buenas relaciones institucionales y las fotografías de encuentros empresariales, mientras los comerciantes piden algo más concreto: saber si la ciudad está dispuesta a compartir el coste económico de las decisiones que toma.