Marbella. — En junio de 2025, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, defendía que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ofrecía seguridad jurídica para desarrollar los 117 millones de metros cuadrados del municipio. De ellos, 53 millones se clasificaban como urbanos y 64 millones como rústicos, con otros 30 millones susceptibles de transformación para nuevos desarrollos sostenibles. El compromiso anunciado fue destinar el 40% del suelo transformable a vivienda protegida.

Este jueves 5 de noviembre, Latinpress.es le preguntó si ese porcentaje podría ampliarse ante la reiterada falta de suelo público para vivienda protegida o asequible. También le planteó una posible contradicción que ha generado un fuerte debate político: Si escasean las parcelas de suelo público disponibles, ¿por qué se conceden terrenos municipales a empresas privadas por 50 o 75 años, como en el estadio o los dos centros sanitarios privados en San Pedro Alcántara y Marbella

Muñoz respondió que el suelo rústico no está destinado a vivienda, sino a proyectos turísticos o de otra naturaleza. La vivienda, insistió, debe desarrollarse sobre suelo urbano. 

Explicó que parte de los terrenos incorporados al nuevo plan ya estaban transformados urbanísticamente, aunque el PGOU de 1986 los clasificara como rústicos, y que existen otros 13 millones de metros cuadrados urbanos susceptibles de albergar vivienda.

No obstante, advirtió que no todo ese suelo será residencial ni podrá desarrollarse sin infraestructuras. Una parcela en la montaña, sin agua, electricidad, transporte o servicios, no es una solución viable para construir viviendas públicas, apuntó.

La explicación resulta razonable en cuanto a las condiciones necesarias para urbanizar, pero deja en el aire cuánto suelo urbano disponible puede destinarse realmente a vivienda protegida, cuánto se reserva para otros usos y qué calendario existe para convertir las previsiones del PGOM en viviendas asequibles.

Concesiones

Sobre las cesiones de suelo público, Muñoz rechazó las críticas de la oposición y pidió rigor. 

Aseguró que el ayuntamiento trabaja para disponer de parcelas destinadas a vivienda, siempre que sean aptas para construir en venta o alquiler, y mencionó 6 millones de euros municipales con los que podrían movilizarse hasta 50 millones en inversión. Una proporción convenida, dijo Muñoz, para obtener la cofinanciación, sin aclarar quién aportaría los 50 millones, si la Junta de Andalucía, otras administraciones, entidades financieras o promotores privados o, si solo se trata de una previsión de inversión.

La alcaldesa sostuvo que ninguna parcela se entrega sin contraprestación económica. Cuando el ayuntamiento considera que un terreno solo puede destinarse a equipamiento, explicó, la concesión permite atraer inversión privada, generar empleo y prestar servicios, además de obtener un canon para el Patrimonio Municipal de Suelo.

Como ejemplo, citó las playas: el ayuntamiento paga al Gobierno de España más de 3 millones de euros por los 27 kilómetros de litoral, mientras los chiringuitos asumen inversiones, mantenimiento y empleo. Según Muñoz, sus cánones se han reducido deliberadamente para fortalecer esas actividades y aliviar el coste municipal.

Para Muñoz la colaboración privada evita que el ayuntamiento asuma en solitario determinadas inversiones y puede generar ingresos y servicios. Pero el canon no responde por sí solo a la pregunta de si una concesión es la mejor utilización de un patrimonio público escaso. 

También importa qué alternativas se descartaron, qué condiciones económicas se negociaron y qué necesidades vecinales quedan sin atender durante décadas.

Ni privatización automática ni buena gestión por decreto

IU y PSOE han cuestionado que el suelo público se ponga al servicio de intereses privados mientras se alegan dificultades para construir vivienda asequible. La crítica apunta a una prioridad política que merece explicaciones.

Muñoz, por su parte, considera que dejar parcelas vacías cuando pueden albergar equipamientos constituye una dejación de funciones. 

Para la alcaldesa si una concesión genera empleo, servicios, un canon y ayuda a que la parcela no continúe vacía, es suficiente argumento para cederla. No obstante, ello no demuestra que sea la opción más conveniente frente a otras necesidades públicas.

La cuestión no es elegir entre inversión privada o gestión municipal, sino exigir transparencia sobre el destino del suelo, la rentabilidad de las concesiones y las necesidades que se priorizan. 

Ángeles Muñoz quiso dejar claro que no se puede construir en todo el suelo rústico urbanizable, dando como ejemplo que en una montaña no se puede poner un complejo residencial porque no tiene infraestructuras, no tiene agua ni luz, es decir, algo que es absolutamente imposible.

Rigurosos y serios

Sobre la cesión de suelo público a empresas privadas, Muñoz dijo que esas cuentas (declaraciones de la oposición) no se pueden hacer porque hay que ser serios y rigurosos, insistiendo en que el ayuntamiento está trabajando para sacar adelante parcelas de suelo público para viviendas pero solo aquellos suelos aptos para construir viviendas en venta y alquiler. 

Creo, dijo la primera edil, que quien no lo hace así, no es que esté haciendo algo bueno, lo que está haciendo es una dejación de funciones porque la ley no solamente lo permite, sino que se trata de una cuestión de responsabilidad, argumentando que los más de 3 millones de euros que le cobra el gobierno de España al ayuntamiento se pagan con más facilidad gracias al canon de cada chiringuito que hay en el litoral.

Por último respondió a la oposición diciéndoles que estaban planteando de manera equivocada la gestión del ayuntamiento al pensar que cuando saca una concesión, no es una buena gestión del patrimonio municipal de suelo.