Marbella. — La asamblea local de Izquierda Unida–Por Andalucía acusó este miércoles al gobierno municipal de favorecer nuevamente intereses privados tras el anuncio realizado por la alcaldesa Ángeles Muñoz de una modificación normativa que permitirá ampliar la compatibilidad de usos en los polígonos industriales para facilitar la implantación de hoteles, alojamientos turísticos, establecimientos de restauración y servicios complementarios.

El anuncio fue presentado durante un encuentro con empresarios del municipio, un contexto que, para la formación de izquierdas, confirma lo que define como un modelo de “urbanismo a la carta”.

“Vemos nuevamente cómo Ángeles Muñoz está aplicando el habitual urbanismo a la carta para que haya más edificabilidad y más negocio para los de siempre”, afirmó Manuel Núñez. “La vivienda debe ser de protección oficial, la garante de la protección del bien público”.

La formación sostiene que cualquier modificación urbanística debería orientarse prioritariamente a garantizar el acceso a la vivienda y no a ampliar las posibilidades de explotación económica del suelo. 

Por otro lado, según IU, las promociones residenciales anunciadas por el equipo de gobierno tardarían, en el mejor de los casos, entre siete y ocho años en materializarse, un plazo que consideran incompatible con la situación actual del mercado inmobiliario local. Mientras tanto, recuerdan, el Ayuntamiento ha optado por subastar parcelas municipales en Fuentenueva, en San Pedro Alcántara, y en Las Chapas, en lugar de destinarlas directamente a vivienda protegida. 

La formación cuestiona además la cesión de suelo público a operadores privados, entre ellos el proyecto conocido como el “colegio sueco”, que consideran representativo de una política urbanística orientada a favorecer iniciativas privadas sobre necesidades sociales.

“El discurso de Ángeles Muñoz se viene abajo cuando regala suelo público a empresas privadas, cuando no hace nada para limitar las 15.000 viviendas turísticas que tenemos o cuando subasta parcelas municipales en vez de promover directamente vivienda protegida”, añadió Núñez.



IU-Por Andalucía reconoce, sin embargo, que la cesión de suelo y la colaboración público-privada son instrumentos contemplados en la legislación andaluza para impulsar vivienda asequible, especialmente mediante el abaratamiento del coste del suelo para promotores. 

Pero advierte de que estas fórmulas deben estar sujetas a garantías estrictas y a contraprestaciones sociales concretas para evitar que el patrimonio municipal termine convirtiéndose, según sostienen, en un mecanismo de transferencia de valor hacia intereses privados.

Como alternativa, la formación propone modificar el planeamiento urbano para aumentar el suelo destinado a Vivienda de Protección Oficial, frenar nuevas licencias de vivienda turística y diseñar mecanismos que permitan devolver progresivamente parte de las viviendas turísticas al mercado residencial tradicional.