Marbella. — La crisis de vivienda en España ha dejado de percibirse como una dificultad económica más para convertirse, según numerosos colectivos sociales y organizaciones políticas, en una emergencia estructural que amenaza la estabilidad de amplias capas de la población trabajadora.

Ese es el diagnóstico que plantea Izquierda Unida en un nuevo llamamiento a la movilización estatal por el derecho a la vivienda, previsto para las próximas semanas en distintas ciudades del país.

La formación sostiene que el mercado inmobiliario ha alcanzado un punto de ruptura. Mientras los alquileres continúan escalando y el acceso a la compra se aleja para gran parte de los jóvenes y trabajadores, la vivienda —afirman— se ha consolidado como un activo financiero altamente rentable para fondos de inversión y grandes propietarios.

“El problema ya no es individual”, sostiene el texto difundido por la organización. La afirmación resume una percepción cada vez más extendida en ciudades con fuerte presión turística y escasez de oferta residencial, donde miles de familias compiten por viviendas cada vez más inaccesibles.

En lugares como Marbella, la tensión resulta especialmente visible. El crecimiento de los pisos turísticos y de la inversión inmobiliaria vinculada al mercado internacional ha transformado barrios completos y elevado el coste de vida hasta niveles difíciles de asumir para buena parte de la población local.

Izquierda Unida cuestiona además la eficacia de las políticas basadas únicamente en ayudas públicas al alquiler o incentivos a la compra. 

Según la organización, estas medidas terminan alimentando el propio mercado que pretenden corregir, sin intervenir directamente sobre la raíz del problema: el precio de la vivienda.

Frente a ello, la coalición defiende una intervención más profunda del Estado y de las administraciones públicas. 

Entre sus propuestas figuran la limitación legal de los alquileres, el control de la expansión de las viviendas turísticas, la movilización de viviendas vacías y la creación de un parque público de alquiler asequible que permanezca permanentemente bajo gestión pública.

El comunicado reserva también críticas directas a la derecha política española, a la que acusa de alinearse con grandes propietarios y fondos de inversión. Según la formación, allí donde gobierna el bloque conservador se rechaza aplicar plenamente la Ley estatal de Vivienda y se frenan medidas de protección para los inquilinos.

Las 24 ciudades donde se desarrollarán las propuestas arrancaron en Guadalajara este 23 de mayo. La fecha de finalización de las manifestaciones es el 28 de junio en Gran Canaria.

El objetivo es trasladar ese malestar social a la calle mediante una alianza amplia de asociaciones vecinales, sindicatos, plataformas ciudadanas y organizaciones políticas. En Málaga la manifestación se desarrollará el 27 de junio en la Plaza de la Merced.

En municipios de fuerte crecimiento turístico y elevado valor inmobiliario, esa discusión ha dejado de ser teórica. Se ha convertido en una de las principales líneas de fractura social del presente.