Marbella como laboratorio político

Isabel Pérez • 22 de abril de 2026

Denuncian en el Congreso la privatización de suelo público en Marbella, el colapso de la sanidad andaluza, la falta de apoyo a las VPP y la desaparición de aulas públicas.

Marbella. - La reciente intervención parlamentaria de Isabel Pérez en el Congreso no se presenta como un hecho aislado, sino como la prolongación de una línea argumental ya expuesta el pasado 30 de marzo. Entonces, como ahora, el eje de su discurso gira en torno a una idea central: la fragilidad del urbanismo en España no es solo un problema técnico, sino el reflejo de un modelo político en disputa.

Pérez evocó su experiencia como delegada de Urbanismo en Marbella durante la anulación del Plan General de 2010 por el Tribunal Supremo, la presentó no como un argumento sino como testimonio para construir una crítica estructural de un sistema en el que errores formales pueden invalidar años de planificación no solo genera inseguridad jurídica, sino también por los intereses oportunistas.

En materia de vivienda, la intervención marcó una línea en defensa de un modelo de protección estructural frente a la liberalización del suelo, señalando que el Gobierno de Pedro Sánchez está alineado con el Plan Estatal de Vivienda, que apuesta por una vivienda protegida permanente,con mecanismos antifraude y criterios de adjudicación objetivos, mientras que el Partido Popular quiere la flexibilización de la VPO, la posibilidad de descalificación para dar un mayor protagonismo al mercado.

En su intervención recordó que la liberalización del suelo y la desregulación no resolvieron el acceso a la vivienda en el pasado, sino que contribuyeron con la burbuja inmobiliaria con consecuencias sistémicas. La diputada advertía que el debate actual no trata de ajustar políticas, sino evitar repetir un ciclo conocido.

Aseguró que las comunidades autónomas no solo tienen margen de actuación —zonas tensionadas, regulación del alquiler, control de viviendas turísticas—, sino que también cuentan con incentivos financieros significativos.

Sanidad: el argumento del deterioro.

Aunque desarrolló menos el bloque sanitario, aseguró que sigue la misma lógica discursiva: vincular gestión autonómica con deterioro del servicio público y la mayor presencia de la sanidad privada.

Hizo referencia a las listas de espera que han colapsado el sistema, señalando que esto es consecuencia del modelo de gestión pública que aplican en Andalucía, denunciando que hoy por hoy se está priorizando la externalización a la vez que se debilita progresivamente lo público.

Educación: decisiones urbanísticas con impacto social.

En el ámbito Isabel Pérez educativo denunció la desaparición de aulas públicas y la promoción de centros privados, poniendo (spoiler) sobre la mesa la confirmación de la Junta de Andalucía en renovar, en su totalidad, los conciertos educativos con centros privados para el curso escolar 2025-2026, justificando su decisión en la “demanda de escolarización” y el que desde la llegada del PP al poder andaluz en 2019, se han cerrado 2.402 aulas en colegios públicos.

Citó el caso del suelo público destinado a un colegio sueco privado en Marbella, asegurando que no se trata solo de una decisión urbanística, sino de una orientación política sobre el uso de los recursos públicos, recordando que la alcaldesa de Marbella llegó a decir que “no hacen falta más colegios públicos” en la ciudad.

Para la parlamentaria, Marbella funciona como un laboratorio político, los múltiples ejemplos de privatización de suelo público, desde equipamientos deportivos hasta la transformación de la Residencia a Tiempo Libre en activo turístico, no son anecdóticos: son, en su argumentación, pruebas de un patrón.

Por último, Pérez insistió en que el urbanismo en Marbella ha sido significado de especulación, interés particular y corrupción, gobernada primero por GIL y luego por el Partido Popular.

Lo que quieren sus “Señorías”, dirigiéndose a la bancada popular, es construir más con menos control. Quieren un modelo de Ley del Suelo que facilite reclasificaciones y dejar el urbanismo en manos de la especulación.

Lo que propone el PSOE para todos es una reforma técnica jurídica y sensata con plazos, con garantía, con seguridad, y ustedes señorías del PP, han votado en contra.

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