Marbella. - La reciente intervención parlamentaria de Isabel Pérez en el Congreso no se presenta como un hecho aislado, sino como la prolongación de una línea argumental ya expuesta el pasado 30 de marzo. Entonces, como ahora, el eje de su discurso gira en torno a una idea central: la fragilidad del urbanismo en España no es solo un problema técnico, sino el reflejo de un modelo político en disputa. Pérez evocó su experiencia como delegada de Urbanismo en Marbella durante la anulación del Plan General de 2010 por el Tribunal Supremo, la presentó no como un argumento sino como testimonio para construir una crítica estructural de un sistema en el que errores formales pueden invalidar años de planificación no solo genera inseguridad jurídica, sino también por los intereses oportunistas. En materia de vivienda, la intervención marcó una línea en defensa de un modelo de protección estructural frente a la liberalización del suelo, señalando que el Gobierno de Pedro Sánchez está alineado con el Plan Estatal de Vivienda, que apuesta por una vivienda protegida permanente,con mecanismos antifraude y criterios de adjudicación objetivos, mientras que el Partido Popular quiere la flexibilización de la VPO, la posibilidad de descalificación para dar un mayor protagonismo al mercado. En su intervención recordó que la liberalización del suelo y la desregulación no resolvieron el acceso a la vivienda en el pasado, sino que contribuyeron con la burbuja inmobiliaria con consecuencias sistémicas. La diputada advertía que el debate actual no trata de ajustar políticas, sino evitar repetir un ciclo conocido. Aseguró que las comunidades autónomas no solo tienen margen de actuación —zonas tensionadas, regulación del alquiler, control de viviendas turísticas—, sino que también cuentan con incentivos financieros significativos. Sanidad: el argumento del deterioro. Aunque desarrolló menos el bloque sanitario, aseguró que sigue la misma lógica discursiva: vincular gestión autonómica con deterioro del servicio público y la mayor presencia de la sanidad privada. Hizo referencia a las listas de espera que han colapsado el sistema, señalando que esto es consecuencia del modelo de gestión pública que aplican en Andalucía, denunciando que hoy por hoy se está priorizando la externalización a la vez que se debilita progresivamente lo público. Educación: decisiones urbanísticas con impacto social. En el ámbito Isabel Pérez educativo denunció la desaparición de aulas públicas y la promoción de centros privados, poniendo (spoiler) sobre la mesa la confirmación de la Junta de Andalucía en renovar, en su totalidad, los conciertos educativos con centros privados para el curso escolar 2025-2026, justificando su decisión en la “demanda de escolarización” y el que desde la llegada del PP al poder andaluz en 2019, se han cerrado 2.402 aulas en colegios públicos. Citó el caso del suelo público destinado a un colegio sueco privado en Marbella, asegurando que no se trata solo de una decisión urbanística, sino de una orientación política sobre el uso de los recursos públicos, recordando que la alcaldesa de Marbella llegó a decir que “no hacen falta más colegios públicos” en la ciudad. Para la parlamentaria, Marbella funciona como un laboratorio político, los múltiples ejemplos de privatización de suelo público, desde equipamientos deportivos hasta la transformación de la Residencia a Tiempo Libre en activo turístico, no son anecdóticos: son, en su argumentación, pruebas de un patrón. Por último, Pérez insistió en que el urbanismo en Marbella ha sido significado de especulación, interés particular y corrupción, gobernada primero por GIL y luego por el Partido Popular. Lo que quieren sus “Señorías”, dirigiéndose a la bancada popular, es construir más con menos control. Quieren un modelo de Ley del Suelo que facilite reclasificaciones y dejar el urbanismo en manos de la especulación. Lo que propone el PSOE para todos es una reforma técnica jurídica y sensata con plazos, con garantía, con seguridad, y ustedes señorías del PP, han votado en contra.

Marbella. - La querella por el caso del embalse de Las Medranas expone algo más que una disputa política puntual; revela las tensiones entre el desarrollo urbano, la gestión del agua y la protección de la fauna en enclaves turísticos sometidos a alta presión. La querella, anunciada por el Partido Animalista PACMA, introduce un elemento clave: judicializa una cadena de decisiones —y omisiones— que, según la formación, no pueden entenderse como errores aislados. La denuncia no gira únicamente en torno a la muerte de animales, sino sobre un modelo de gestión que habría permitido el deterioro progresivo de un ecosistema sin activar mecanismos de corrección. En ese sentido, el argumento más contundente no es la denuncia del episodio de enero de 2025 —el traslado de fauna sin garantías—, sino la idea de que dicho episodio era previsible. Las advertencias previas sobre vertidos, acumulación de residuos y extracción de agua en un contexto de sequía apuntaban a un sistema ya tensionado. La falta de respuesta institucional, descrita por PACMA, sugiere una desconexión entre los indicadores de riesgo ambiental y la acción administrativa. El traslado de fauna, presentado en su momento como una medida de mitigación, se convierte aquí en el punto de inflexión. Si, como se sostiene, se realizó sin autorización ni protocolos adecuados, no solo habría fallado como solución, sino que habría amplificado el daño. La posterior mortandad registrada en el Lago de las Tortugas refuerza esa narrativa: una intervención que pretendía proteger termina evidenciando la fragilidad del sistema. Desde una perspectiva ambiental, el caso señala un patrón recurrente en zonas de alto valor inmobiliario y turístico donde los humedales, embalses y corredores ecológicos quedan subordinados a usos económicos intensivos, como el riego de campos de golf. En periodos de sequía, esa tensión se intensifica, y la gestión del agua deja de ser solo una cuestión técnica para convertirse en una decisión política con consecuencias ecológicas directas. La inclusión en la querella de posibles delitos como maltrato animal o gestión ilegal de residuos eleva el debate, pero es la mención a la prevaricación por omisión la que introduce una dimensión más incómoda. No se trata únicamente de si se actuó mal, sino de si no se actuó cuando era obligatorio hacerlo, desplazando la discusión desde la incompetencia hacia la irresponsabilidad consciente. PACMA advierte que la querella se basa en una presunta "gestión negligente" del embalse que podría constituir delitos de maltrato animal con resultado de muerte y gestión ilegal de residuos. El Partido Animalista ha avanzado la interposición de la querella en Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella contra responsables de dicho Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de las actuaciones relativas al embalse de Las Medranas. Recuerdan que, el traslado de fauna realizado en enero de 2025 por labores de vaciado, se llevó a cabo sin autorización previa y sin respetar los protocolos de bienestar animal, provocando "estrés, lesiones y muerte de numerosas especies". En octubre de 2024, la formación alertó por primera vez de la “gestión deficiente” del embalse, denunciando la acumulación de residuos, vertidos contaminantes y la extracción de agua en plena sequía para el riego de campos de golf. Posibles responsabilidades penales Según recoge la querella presentada, el Ayuntamiento habría ignorado durante años los requerimientos para el mantenimiento del embalse, pese a conocer su estado crítico. PACMA sostiene que el deterioro de Las Medranas no es un hecho puntual, sino "el resultado de décadas de abandono, agravado por decisiones recientes que han acelerado el colapso"., concluyendo que la vía judicial es ahora "imprescindible" ante la falta de respuesta institucional.

San Pedro Alcántara. Marbella. - La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (APYMESPA), ha registrado una iniciativa ante el Ayuntamiento para crear un plan de ayudas económicas y exenciones de tasas, para apoyar a las PYMEs y autónomos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía que sufren graves pérdidas económicas por las obras públicas. Para la patronal el conflicto entre progreso urbano y supervivencia empresarial se ha convertido en una urgencia tangible. La propuesta presentada por APYMESPA no es solo una petición sectorial; es, en realidad, una enmienda a la forma en que se planifica y ejecuta la transformación de la ciudad. La patronal señala que estas actuaciones, que con frecuencia se prolongan durante meses, o repiten en un mismo punto de forma periódica, generan un impacto negativo directo sobre el tejido empresarial de la localidad, asfixiando especialmente a los pequeños comercios. El diagnóstico es claro, las obras públicas —desde grandes infraestructuras hasta las de menor escala— generan un impacto inmediato y profundamente desigual. La propuesta no se limita a reclamar ayudas, sino que dibuja un marco de subvenciones directas, bonificaciones fiscales y criterios de elegibilidad definidos. La propuesta insta al Ayuntamiento a estudiar y aprobar de forma inmediata las siguientes líneas de actuación: Creación de una partida presupuestaria específica: Destinar fondos municipales anuales para conceder subvenciones directas y a fondo perdido a aquellas empresas o autónomos que tengan que soportar obras públicas durante un periodo determinado (por ejemplo, a partir de un mes de duración). Redacción de Bases Reguladoras: Establecer un marco jurídico claro que delimite los requisitos para ser beneficiario, así como los criterios para cuantificar las ayudas con un procedimiento sencillo para solicitarlas. Bonificaciones fiscales complementarias: Se pide el estudio de la exención o reducción proporcional de las tasas municipales vinculadas al local mientras duren las obras. Esto incluye tributos como la Tasa de Basura Industrial, la Tasa de Ocupación de Vía Pública (terrazas), o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los cuales no deberían cobrarse en su totalidad cuando el negocio no puede hacer uso normal de sus instalaciones o las cedidas por el Consistorio. Entre los principales motivos que justifican esta solicitud, se apuntan los siguientes perjuicios que asumen los negocios: Dificultades de acceso: Barreras físicas que disuaden tanto a los clientes habituales como a los proveedores. Pérdida de visibilidad: Fachadas y escaparates que quedan ocultos tras vallas, maquinaria y andamios. Contaminación ambiental: El polvo constante y el ruido derivado de la obra desincentivan el consumo y hacen inviable la actividad normal, sobre todo en hostelería y comercio. Supresión de servicios clave: Inhabilitación de las zonas de aparcamiento y de los espacios destinados a carga y descarga. APYMESPA incluso ha citado ejemplo de este tipo de ayuda que hoy reciben localidades como Benalmádena, Sevilla, Zaragoza y Madrid, lo que demuestra que la intervención pública ya forma parte del repertorio de políticas urbanas en España. Más allá de la compensación económica, la propuesta encierra una crítica más profunda: el problema no es solo el impacto de las obras, sino cómo se diseñan y ejecutan. No solo se espera que la Junta Municipal de Distrito de San Pedro Alcántara atienda las demandas planteadas y convierta este Plan de Ayudas en una realidad lo antes posible, sino que el Consistorio plantee las obras con un plan de actuación plurianual, de forma que no se solapen en un mismo lugar con el paso del tiempo. Dimensión social La exigencia empresarial también ha destacado que las PYMEs no son únicamente unidades económicas, también constituyen una base social clave en barrios como San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. Su deterioro no solo implica pérdida de empleo, sino también una erosión del tejido comunitario. Ignorar esa dimensión podría tener consecuencias más allá del ámbito económico. Por último, para garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente lo necesitan, APYMESPA sugiere aplicar criterios claros basados en casos de éxito: Ubicación y actividad: La ayuda se dirigiría a establecimientos situados a pie de calle en el tramo directamente afectado, que estuvieran dados de alta y en funcionamiento antes del inicio de las obras. Deberán comprometerse a mantener la actividad y el empleo, y estar al corriente de sus obligaciones fiscales y sociales. Exclusiones lógicas: Quedarían fuera de estas ayudas las entidades financieras, las grandes superficies (mayores de 500 metros cuadrados) y las administradoras de servicios públicos esenciales. Cuantía: Se propone una cantidad fija mensual por el tiempo que dure la obra, o bien una cifra proporcional a la pérdida de facturación del establecimiento. Para que esta propuesta se convierta en una realidad, sugiere APYMESPA un trámite ágil: presentación en la Mesa de Trabajo, elevación a la Junta de Gobierno Local para diseñar las bases y, finalmente, su aprobación en Pleno para que la medida disponga de un presupuesto real lo más pronto posible.

Marbella. - El Ayuntamiento ha dado luz verde a la modernización de dos establecimientos hoteleros con una inversión conjunta cercana a los 18MM€, una decisión que ilustra la vitalidad del sector según el portavoz del gobierno local, Félix Romero.. El proyecto más ambicioso corresponde al Hotel Senator Marbella, con un presupuesto de ejecución próximo a los 13MM€. A este se suma la modificación de la reforma y ampliación del Hotel Guadalmina, que movilizará otros 5MM€. Las iniciativas reflejan la tendencia cada vez más marcada en destinos maduros, caracterizados por la necesidad de actualizar la planta hotelera para sostener su competitividad frente a mercados emergentes y a un cliente más exigente. Félix Romero subrayó que los operadores ajustan sus decisiones a las expectativas de evolución del destino y como respuesta a una presión constante por reposicionar activos en un mercado donde la diferenciación —más que la capacidad— define la rentabilidad. Este tipo de inversiones no solo revela la existencia de economías altamente dependientes del turismo, también pone el énfasis en los efectos inmediatos sobre la actividad económica a través de la misma ejecución de obras, la contratación de suministros y los servicios auxiliares que generan numerosos puestos de trabajo aunque en gran medida transitorios. En Marbella la renovación hotelera, más que una cuestión de estética o de categoría, es un modelo económico volcado claramente hacia un visitante de mayor poder adquisitivo y, a alargar la temporada, pero sin garantizar la estabilidad laboral ni mejores condiciones económicas. Aun así, el mensaje enviado a la ciudad es claro: el destino sigue siendo atractivo para el capital privado.

Marbella. - La rehabilitación de la Casa Consistorial avanza entre promesas de cumplimiento y demandas ciudadanas largamente postergadas. Con un 30% de ejecución ya alcanzado, el Ayuntamiento sostiene que el calendario no sufrirá desviaciones. Según el concejal de Obras, Diego López, los trabajos concluirán en agosto, respetando el plazo comprometido y permitiendo que la actividad municipal regrese plenamente a su sede histórica en septiembre. El mensaje institucional insiste en la normalidad —traslado de unos 200 empleados durante el verano y mantenimiento de la atención al público—, pero el foco político se desplaza hacia un terreno más sensible: la accesibilidad. López subraya que la intervención responde a una demanda creciente de “accesibilidad”, un concepto que, en la práctica, trasciende la mera eliminación de barreras físicas para convertirse en un indicador de calidad democrática en la administración local. El proyecto contempla la instalación de un nuevo ascensor que conecte las entreplantas, una mejora significativa en un edificio que durante años ha presentado limitaciones para personas con movilidad reducida. Junto a la accesibilidad, la obra incorpora los elementos habituales del nuevo lenguaje institucional: eficiencia energética, sostenibilidad y reorganización interna. Será, precisamente en los aspectos sobre cómo se accede, cómo se circula y cómo se atiende, donde se medirá su impacto real. Cumplir los plazos, como defiende el edil, será un logro administrativo; responder a las expectativas de accesibilidad, en cambio, será la verdadera prueba política.

Marbella. - El Ayuntamiento de Marbella ha constituido las 139 mesas electorales que operarán en el municipio durante los próximos comicios al Parlamento de Andalucía, previstos para el 17 de mayo. Un total de 1.251 ciudadanos han sido seleccionados mediante sorteo informático aleatorio a partir del censo de 92.545 electores. Cada mesa estará compuesta por nueve miembros: un presidente, dos vocales y dos suplentes por cada cargo, todos ellos designados entre ciudadanos de 18 a 70 años con la formación mínima exigida por la ley. Detrás de la neutralidad técnica del sorteo informático, mediado por algoritmos municipales, está una de las decisiones más sensibles del sistema electoral: quién garantiza la pureza del voto de miles de ciudadanos. Así, el sistema de algoritmos municipales, sustituye a cualquier criterio político, reforzando la idea de imparcialidad institucional.

Marbella. - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha situado al Ayuntamiento ante una disyuntiva que va más allá de la burocracia: cumplir con la legalidad o seguir operando en una zona gris que, aunque habitual en muchas administraciones, resulta cada vez más difícil de justificar. La exigencia de implantar un canal oficial de denuncias no es una propuesta política al uso, sino la traducción local de una obligación jurídica clara. Tanto la Ley 2/2023 de protección de informantes como la Directiva Europea 2019/1937 establecen que las administraciones deben garantizar mecanismos seguros para que empleados y ciudadanos puedan informar sobre irregularidades. Isabel Pérez ha subrayado que este sistema constituye una “herramienta estratégica para la prevención y detección temprana de malas prácticas en la gestión pública”. No se trata, por tanto, de si conviene o no, sino de por qué aún no se ha hecho. El argumento de Pérez se construye sobre una premisa difícil de rebatir: sin este canal, la detección temprana de malas prácticas depende más del azar que del sistema. Para la portavoz la ausencia de este instrumento “no solo debilita la integridad institucional, sino que supone un riesgo financiero crítico para las arcas municipales”, ya que la ley contempla sanciones que pueden alcanzar el millón de euros por obstaculizar los cauces de denuncia. En ese vacío el silencio se vuelve racional y la denuncia, arriesgada. La consecuencia no es sólo ética, sino operativa. La ausencia de un mecanismo estructurado debilita la capacidad de la institución para corregirse a sí misma. La propuesta expone que crear un canal de denuncias es relativamente sencillo desde el punto de vista técnico, pero no así el garantizar que el departamento sea liderado con independencia real. Un responsable independiente minimiza el riesgo de la opacidad y evita que aparezca la falta de credibilidad. Por este motivo, la portavoz socialista ha anunciado que presentará una moción al pleno para exigir la creación de una plataforma electrónica que sea accesible, intuitiva y, sobre todo, que garantice de forma estricta el anonimato y la confidencialidad de los informantes, ya sean estos empleados municipales o ciudadanos particulares. Otro elemento clave del discurso es la advertencia económica. Las sanciones previstas —que pueden alcanzar cifras elevadas— introducen un incentivo adicional que va más allá de la ética pública. Sin embargo, reducir el debate a una cuestión de multas sería simplificarlo. El verdadero coste, implícito en la intervención, es reputacional. En una ciudad con antecedentes conocidos de corrupción urbanística, la percepción de opacidad puede ser tan dañina como la infracción misma. La diferenciación que hace Pérez entre este canal y los buzones de quejas no es menor. Mientras estos últimos canalizan insatisfacción ciudadana, el sistema propuesto tiene implicaciones legales directas. La propuesta supone institucionalizar el control y la supervisión como herramientas necesarias en términos de gobernanza moderna. La moción no solo mide el compromiso del equipo de gobierno con la transparencia, también su disposición a someterse a un escrutinio más incómodo.

Cerca de las elecciones andaluzas Marbella vuelve a ser escenario de una vieja disputa que nunca termina de resolverse: si la corrupción pertenece al pasado o si, como sostienen algunas fuerzas políticas, sigue siendo una arquitectura viva que condiciona el presente. La coalición Por Andalucía ha optado por la segunda tesis, desplegando un discurso que combina denuncia frontal y memoria histórica. En el centro de esta ofensiva se sitúa Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, quien no solo cuestiona la gestión actual, sino la legitimidad moral de quienes la encarnan. Su intervención apunta directamente a Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien acusa de haber convertido la promesa de “regeneración” en un ejercicio retórico. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, aparece como uno de los principales blancos, vinculada en el discurso de la coalición a un entorno familiar salpicado por investigaciones relacionadas con narcotráfico y blanqueo de capitales. A su lado, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, es presentado como otro ejemplo de lo que Por Andalucía define como “normalización de la sospecha”, al estar procesado en un caso de corrupción. La acusación aquí no es sólo jurídica, sino institucional, preguntándose si la autoridad política bajo la sombra de procedimientos judiciales abiertos puede o debe mantener sus responsabilidades. El también candidato por IU Andalucía, Ernesto Alba, introdujo una dimensión social al argumentar que la corrupción no es un fenómeno abstracto, sino una fuerza que se traduce en desigualdad tangible, asegurando que Marbella sigue figurando entre las ciudades con mayores brechas económicas, un dato que utiliza para conectar las prácticas irregulares con sus consecuencias cotidianas: servicios deficientes, acceso desigual a la vivienda y precariedad. Según Alba, localidades como Marbella, San Pedro o Mijas cargan con una reputación externa asociada a redes mafiosas, una narrativa que penaliza a una población mayoritariamente ajena a esos circuitos. La corrupción, así, no solo redistribuye recursos de forma injusta, sino también reputación. Por último, la también candidata de Por Andalucía y coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, ancló su análisis en la historia reciente, evocando el legado de Jesús Gil, utilizando esta referencia como advertencia de continuidad. Aunque aquel ciclo terminó con intervención judicial y disolución municipal, Morales sugiere que sus lógicas —clientelismo, opacidad, uso del poder para beneficio privado— han mutado más que desaparecido. Especialmente significativa fue la mención a la trama sueca de blanqueo de capitales, que habría llegado a afirmar su control sobre instituciones locales y autonómicas. El núcleo programático de la coalición —endurecer la contratación pública y extender las prohibiciones a entramados empresariales completos— apunta precisamente a ese nivel estructural. No se trata sólo de sancionar conductas individuales, sino de desarticular ecosistemas donde empresas, intermediarios y administraciones pueden operar en zonas grises. La contundencia del discurso —con referencias a “mafias”, “narcotráfico” y “corrupción estructural”— refuerza su capacidad movilizadora dentro de un contexto donde varios de los casos citados están sujetos a procesos judiciales o debate público no cerrado. Por Andalucía apuesta por reabrir esa memoria como palanca de cambio; sus adversarios, previsiblemente, por encuadrarla como una instrumentalización interesada.

Primero fue el Banco Mundial, seguido por el Banco Central de Bolivia y finalmente, el Fondo Monetario, que pusieron las cifras del desastre económico de este momento, cifras de cómo la economía decrece entre 3,3% y 4,6%. Aquí lo que falta es que alguien identifique a los culpables, haga una descripción del latrocinio cometido en las dos décadas infames del masismo y describa el tenebroso propósito de este parricidio. Los dos organismos internacionales no quisieron ponerle un nombre al diagnóstico, pero el Banco Central se atrevió a llamarlo “recesión técnica”, algo parecido a una quiebra. El Banco Mundial prefirió usar su paño de lágrimas y tratar de consolar a los bolivianos diciendo que, quizá como “efecto rebote”, en 2027 pueda darse un crecimiento de 4%, algo que nadie cree posible. El problema para esta fórmula del consuelo es que no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren porque siguen vigentes las políticas masistas creadas para ahuyentar las inversiones del sector legal y alentar las del sector ilegal. La nueva ley de inversiones está verde y la ley de hidrocarburos ha sido elaborada con mucha parsimonia, mientras la de minería ni siquiera es mencionada por el gobierno. Lo que dicen los ministros del sector económico confirma la sospecha de que las condiciones para una mejoría están muy lejos. El gobierno dice que este año las inversiones de empresas mineras extranjeras serán de 1.000 millones de dólares, cifra que es para ponerse a llorar si se toma en cuenta que las inversiones mineras que recibirá Perú llegarán a 64.000 millones de dólares. La clave está en que en Perú existen seguridades jurídicas para las inversiones mientras que en Bolivia subsisten las leyes “tranca”, como las define el gobierno, que el masismo impuso para desalentar las actividades económicas legales. Junto a esas leyes, sigue siendo un obstáculo aquella por la cual no se pueden hacer explotaciones mineras en la franja de 50 kilómetros desde las fronteras. Mientras tanto, en los países vecinos las explotaciones están a un metro de la frontera. En la otra realidad, la producción de drogas sigue pujante, como lo demuestran las plantaciones de marihuana que se dan en lo que fue el territorio del estaño, en el altiplano, según las capturas de la yerba en Llallagua. De esa manera, el país tiene ahora la posibilidad de exportar no solamente cocaína, sino también marihuana cultivada en carpas solares provistas por el gobierno del MAS, y reexportar marihuana líquida que llega de California. Estas vigorosas actividades económicas no figuran en el PIB ni ayudan a salir de la recesión. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es vacaflorhumberto@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®