San Pedro Alcantara. Marbella. - La construcción del nuevo punto limpio de San Pedro Alcántara responde a una necesidad evidente. Desde el incendio que obligó al cierre de las antiguas instalaciones, los vecinos han carecido durante años de un servicio esencial para depositar residuos especiales, viéndose obligados a desplazarse hasta Marbella o incluso Casares. 

Desde esa perspectiva, la inversión difícilmente puede discutirse: llega tarde, pero cubre una carencia real.

Los 1,2 millones de euros destinados a una parcela de 3.400m² representan una inversión cercana a 353 euros por metro cuadrado, una cifra nada desproporcionada para una infraestructura de estas características, especialmente si incorpora urbanización completa, zonas cubiertas, sistemas de videovigilancia, control de accesos y equipamiento técnico. 

No obstante, el Gobierno local no ha desglosado el coste por partidas, lo que dificulta valorar si el presupuesto responde realmente al alcance de la obra o si existen sobrecostes asociados al proyecto.

El Ayuntamiento reconoce que el punto limpio provisional fue clausurado "hace varios años" tras un incendio. Es decir, la necesidad de esta infraestructura no surge ahora. Durante ese tiempo se ha obligado a miles de vecinos a desplazarse fuera del distrito para reciclar determinados residuos, quizá por ello este  punto limpio se presenta como una gran novedad política y no como un equipamiento básico dentro de cualquier estrategia moderna de gestión de residuos.

Otro aspecto que merece seguimiento será su capacidad operativa:

• No se describe con detalle las instalaciones físicas —zonas de descarga, almacenamiento, caseta de control, videovigilancia o aparcamientos—.
• Tampoco se ha dicho la capacidad anual de tratamiento y el número previsto de usuarios.
• Tampoco si habrá una campaña de información ciudadana.

Queda también pendiente el tema de los horarios de apertura, el personal asignado y los costes anuales de explotación.



En términos políticos, el anuncio refleja una estrategia habitual del Ejecutivo local: presentar el inicio de las obras como un hito administrativo una vez superada toda la tramitación. Sin embargo, desde la perspectiva del ciudadano, el indicador verdaderamente relevante no es cuándo se aprueba un expediente, sino cuánto tiempo ha permanecido sin prestarse un servicio público básico.