Marbella. — La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, expresó su creciente preocupación por el deterioro del Mercado Municipal, una instalación que, según denuncian los comerciantes desde hace meses, acumula problemas estructurales sin una respuesta clara por parte del gobierno local. Además de los habituales atascos en las cañerías, filtraciones y deficiencias en el edificio, una nueva incidencia ha intensificado el malestar: la avería de una de las cámaras frigoríficas, esencial para la conservación de productos frescos. Los vendedores afirman que no se les ha comunicado ningún plazo para su reparación, una situación que consideran especialmente delicada ante la inminente campaña navideña, uno de los períodos de mayor actividad comercial del año. “Los comerciantes no pueden seguir trabajando en estas condiciones”, dijo Pérez, señalando que los afectados han reiterado sus quejas durante meses sin obtener soluciones efectivas, "a hora, además, se quedan sin poder utilizar una herramienta básica para su actividad diaria”. La edil pidió al Ayuntamiento que actúe “de manera inmediata”, establezca un calendario de reparaciones verificable y adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad y el funcionamiento del recinto. El Mercado Municipal, que durante décadas ha sido un punto de referencia para residentes y visitantes, se encuentra así en el centro de un nuevo enfrentamiento político en un municipio donde los debates sobre la gestión pública se han vuelto cada vez más frecuentes.

WASHINGTON. — El Departamento del Tesoro impuso sanciones a cuatro personas, seis entidades y seis buques vinculados al gobierno de Nicolás Maduro, en una nueva ofensiva destinada a limitar el alcance del régimen venezolano, calificado por funcionarios estadounidenses como “corrupto” e “ilegítimo”. El anuncio fue acompañado por un comunicado de Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, quien afirmó que Maduro “continúa desestabilizando la región”, ignorando la voluntad popular y profundizando la devastación económica del país. Entre los sancionados figuran tres sobrinos de Maduro —dos de ellos narcotraficantes convictos— que, pese a haber recibido un indulto en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, habrían retomado actividades de narcotráfico en 2025. La medida también alcanza a un empresario con estrechos vínculos con el entorno presidencial venezolano y a seis compañías navieras involucradas en el transporte de petróleo. Presionar al círculo más cercano La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que las sanciones buscan apuntar a figuras con “información privilegiada ilegítima” y a operadores que facilitan evasión de sanciones dentro del sector petrolero venezolano. La agencia volvió a designar a los tres sobrinos de Cilia Flores —Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores— así como a un empresario panameño, Ramón Carretero Napolitano. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a Maduro y a sus aliados de “inundar Estados Unidos con drogas”, y sostuvo que las sanciones revocan los “fallidos intentos” de la Administración Biden de negociar con el líder venezolano. Campo y Flores de Freitas, conocidos como los narcosobrinos, fueron arrestados en 2015 en Haití mientras negociaban el envío de cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos. Tras ser condenados en 2016, fueron indultados en 2022 y regresaron a Venezuela, donde habrían retomado sus actividades ilícitas. Malpica, exfuncionario de alto rango de PDVSA y del Ministerio de Finanzas, había sido retirado de la lista de sancionados en 2022 como gesto para facilitar negociaciones políticas que nunca prosperaron. Su redesignación, dijo el Tesoro, responde a la negativa de Maduro a reconocer la voluntad popular y restablecer valores democráticos. El sector petrolero, nuevamente en el centro Además de las personas sancionadas, la acción del Tesoro apunta nuevamente al sector petrolero —principal fuente de ingresos del gobierno venezolano— al bloquear a seis compañías navieras y a los buques que administran. Según la OFAC, las embarcaciones han recurrido a prácticas “engañosas” para ocultar su ubicación y el origen venezolano del petróleo transportado. Entre las empresas sancionadas figuran Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited y Full Happy Limited, registradas en distintos paraísos fiscales. Los seis buques involucrados —White Crane, Kiara M, H. Constance, Lattafa, Tamia y Monique— son designados como propiedades bloqueadas. Las sanciones se suman a las ya existentes sobre PDVSA, la petrolera estatal venezolana, que permanece bajo medidas punitivas desde 2019. Consecuencias legales y alcance de las sanciones La decisión implica que cualquier bien o activo de las personas y entidades designadas que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense queda bloqueado. Cualquier transacción que involucre a estas personas o empresas —directa o indirectamente, y que pase por territorio estadounidense— queda prohibida salvo autorización de la OFAC. Las violaciones pueden conllevar sanciones civiles o penales, independientemente de la nacionalidad del infractor. La OFAC recordó que sus sanciones no buscan castigo per se, sino incentivar cambios de comportamiento, y reiteró que mantiene la facultad de retirar a individuos de la lista cuando sea apropiado.

Marbella. - En el mercado inmobiliario español se está configurando una geografía del precio donde el mar y la exclusividad se convierten en sinónimos de alto coste. Las Islas Baleares siguen encabezando el ranking de municipios costeros más caros de España, pero en la península Marbella se ha convertido en el símbolo de la desigualdad entre la élite global y los lugareños. En lo más alto del podio costero se sitúan los municipios como Formentera, Andratx y San Juan Bautista (Ibiza), con precios para comprar vivienda que superan con holgura los 9.000€/m², fruto de la combinación de escasa disponibilidad de suelo, demanda internacional y atractivo paisajístico. Según Brainsre.news estas localidades lideran una jerarquía reforzada por la presión de compradores internacionales y la insuficiencia de nueva oferta residencial. Marbella El ascenso más significativo a nivel nacional, es el de Marbella consolidándose como uno de los bastiones del mercado inmobiliario español más caro. De hecho, entre los municipios de la península, Marbella aparece en segunda posición, sólo superada por Cadaqués en el contexto mediterráneo. En 2025 el precio medio de la vivienda en Marbella alcanzó niveles récord que superaron ampliamente la media española, con cifras alrededor de los 5.100–5.200€/m², más del doble de la media nacional. Cadaqués (Gerona) aparece como la principal excepción peninsular, en una novena posición en el ranquin general (península + islas), consolidando la Costa Brava como uno de los mercados más tensos del litoral mediterráneo. Por otro lado, Marbella se sitúa en treceava posición a nivel general. En la ciudad el atractivo no sólo se mide en cifras sino en cómo estas se distribuyen espacialmente en la emblemática Milla de Oro donde algunos apartamentos frente al mar rozan cifras que podrían competir con los de ciudades como Miami o Ibiza, alguna de las razones son su mar temperado, infraestructuras de alto nivel, conectividad internacional y un flujo constante de capital extranjero que busca no sólo una vivienda, sino estatus, seguridad de activos y estilo de vida. Sin embargo, para el residente medio, implica una ciudad donde alcanzar una vivienda propia se ha vuelto progresivamente más difícil conforme los precios suben en tándem con la demanda de lujo, desplazando a parte de la población hacia municipios circundantes más asequibles o fuera de la Costa del Sol. El análisis de los municipios costeros confirma una fuerte concentración de los valores más altos en las Islas Baleares, especialmente en las Pitiusas y en el oeste de Mallorca. La combinación de baja disponibilidad de suelo, alta demanda estacional y presencia de compradores internacionales continúa impulsando los precios en estas áreas. Los municipios más caros para comprar vivienda El mercado de compraventa presenta una jerarquía muy definida y poco cambiante respecto a años anteriores. Formentera se sitúa de nuevo como el municipio costero más caro de España, con un precio medio de 9.845€/m2. Le siguen Andrach, con 9.678€/m2, y San Juan Bautista, que alcanza los 9.475€/m2. En estos municipios, el volumen de vivienda disponible es muy reducido, lo que genera una presión notable sobre los precios incluso en periodos de menor actividad. Entre los valores más elevados del archipiélago destacan también Deyá, que registra 8.979 euros/m2, y San José, que alcanza los 8.850 euros/m2.

Marbella. - La Consejería de Educación andaluza ha distinguido con el Premio Educaciudad, dotado con 8.000 euros, a aquellos municipios con números claros y reales sobre el tratamiento que han hecho en el absentismo, el impacto social y con la aplicación de programas que duren más de una legislatura, dejando fuera los grandes eslóganes. La lista de los premiados, desde 2011, es heterogénea. Tarifa, Jabugo, El Ejido, Churriana de la Vega, Aracena, Valderrubio, Coín… pueblos pequeños, ciudades medianas y localidades costeras que han revalidado su compromiso con aquello que este premio considera esencial: combatir el absentismo escolar, reducir el abandono temprano, integrar a familias y servicios sociales en la vida educativa y sostener proyectos que sobrevivan a los cambios políticos. Algunos de ellos, como Jabugo, Aracena, Lepe, Coín o La Línea de la Concepción, han sido reconocidos más de una vez, un gesto que los convierte en veteranos de una liga silenciosa donde la continuidad pesa más que la novedad. Lo sorprendente es que, a medida que el programa se acerca a los 15 años de vida, no son las grandes ciudades las que llenan el mapa, sino municipios que han aprendido a traducir la vida educativa en proyectos medibles, estructurados y, sobre todo, sostenibles. El galardón Educaciudad, no busca la importancia en el modesto monto económico, el objetivo principal es convertir el premio en una validación pública social. Treinta y dos (32) municipios han revalidado la distinción desde 2011. Los repetidores —Aracena, Jabugo, Lepe, Fuentes de Andalucía, La Línea, Coín, entre otros, han aprendido a organizar sus políticas educativas como quien diseña un plan estratégico. Documentan, evalúan, miden, de forma continuada. Marbella: la gran ausente Una ausencia llamativa es Marbella, una de las ciudades más conocidas, más prósperas y más mediáticas de Andalucía, nunca ha recibido un Premio Educaciudad. ¿Por qué? La respuesta parece más compleja de lo que parece, quienes conocen el funcionamiento del premio dicen que Marbella no ha presentado —o no ha presentado con éxito— una candidatura capaz de competir con la de otros municipios. La ciudad, con su tejido urbano disperso, múltiples centros, distritos y una administración compleja, enfrenta un reto que municipios más pequeños sortean con una ventaja inesperada: la capacidad de articular un proyecto educativo cohesionado, con identidad propia, cifras claras y una narrativa coherente. Para algunos expertos no se trata de que Marbella no haga cosas, más bien es que lo que hace no siempre se presenta como un proyecto. Y este premio exige un proyecto, un relato y continuidad. Por otro lado, la competencia no ayuda. Cada año solo se premian entre diez y quince municipios. Muchos son localidades que han hecho de la educación una bandera política de largo recorrido. Para ellos, Educaciudad no es un extra: es parte de su identidad institucional. El resultado es un mapa que, en el fondo, cuestiona la idea de que la capacidad educativa está vinculada al tamaño o al presupuesto. Los municipios que más brillan son aquellos que han asumido un principio casi pedagógico: que la educación es un proyecto colectivo, paciente y documentado. Marbella tiene recursos, influencia y una proyección internacional que muchos municipios envidiarían, lo que no ha tenido es un proyecto educativo unificado que pueda competir con la precisión y la continuidad de los municipios premiados. El Consejo de Gobierno de la Consejería de Educación, acaba de publicar los Premios Educaciudad a 15 municipios: Las localidades galardonadas de la edición de 2022 fueron Tarifa y La Línea de la Concepción (Cádiz); Churriana de la Vega (Granada); Aracena (Huelva) y Mancha Real (Jaén); mientras que los galardonados de 2023 fueron El Ejido (Almería); Barbate y Rota (Cádiz); Alhendín y Valderrubio (Granada); Jabugo y Lepe (Huelva); Coín (Málaga) y Fuentes de Andalucía y Aznalcázar (Sevilla). Los méritos El objetivo de estos premios es reconocer el trabajo realizado por los municipios durante los últimos cuatro años en ámbitos como la prevención del absentismo escolar, la lucha contra el abandono y el fomento de la continuidad en los estudios postobligatorios, así como actuaciones para favorecer la formación a lo largo de toda la vida. De igual modo, se valoran los trabajos de coordinación de los servicios y áreas municipales para mejorar la educación, especialmente de colectivos en riesgo de exclusión, y las acciones para impulsar la implicación familiar y ciudadana. “Desde 2011, ya son 131 los galardones entregados a 95 municipios, de los que 32 han revalidado su reconocimiento en más de una ocasión”. Los municipios galardonados deberán destinar los 8.000 euros del premio a la realización de proyectos o actuaciones encaminadas a mejorar las prácticas educativas. La distinción se mantine durante cuatro años, tras los cuales podrán solicitar su continuidad por otro periodo similar. El propósito de la Junta de Andalucía es que a partir de estos proyectos premiados se abra un mayor proceso de participación social y que la educación se asuma como el valor principal para el cambio y el progreso de la ciudad.

EFE. - La líder opositora venezolana, María Corina Machado, estará en Oslo, aunque no llegue ya a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz que se celebra este miércoles, aseguró el Instituto Nobel, sin precisar cuándo se la espera en la capital noruega. "La laureada con el premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo", señaló el Instituto Nobel en un comunicado. "Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", añadió no obstante. Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo a la cadena de televisión pública noruega NRK que la exdiputada no estaría hoy en Oslo para recoger el premio. "Desgraciadamente todavía no está en Noruega y no estará tampoco en el escenario en el ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy cuando comience la ceremonia", declaró, y adelantó que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón. La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase primero la víspera su rueda de prensa y finalmente la suspendiese. Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, y, de lograr llegar a Oslo como asegura la organización que hará, sería su primera aparición pública desde enero pasado. En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija. Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana. Entre ellos está Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó este miércoles a la capital noruega.

Marbella. — Marbella ha iniciado una intervención integral para modernizar y asegurar 1.250m² de la Senda Litoral a su paso por el Monumento Natural de las Dunas de Artola, uno de los últimos sistemas dunares preservados en la Costa del Sol. Las obras, que se desarrollarán durante los próximos dos meses, buscan mejorar la accesibilidad de un recorrido muy transitado durante todo el año, y reforzar la protección de un entorno considerado un “pulmón verde” del municipio. “Es una intervención necesaria para garantizar el perfecto estado de conservación de un enclave protegido con un uso ciudadano continuo”, afirmó el concejal de Obras, Diego López. El proyecto contempla la sustitución completa de 500 metros lineales de pasarela de madera —muchos de ellos en avanzado estado de deterioro debido a la humedad, el tránsito y la presión de la vegetación— así como la renovación de 100 metros de barandillas que ya no pueden ser reparadas. Otros 400 metros podrán mantenerse mediante refuerzos estructurales y nuevos anclajes, una medida que permitirá reducir el impacto de la obra sobre el entorno natural. Antes de instalar la nueva pasarela, se retirará la estructura existente y las viguetas dañadas, se regularizará el terreno y se colocará un geotextil anti-raíces, una capa técnica destinada a evitar que la vegetación vuelva a comprometer la estabilidad de la infraestructura. La medida, según el ayuntamiento, es clave para garantizar la durabilidad de la senda sin interferir en el comportamiento natural del sistema dunar. La intervención incluye además la reposición de 40 tablones con tornillería inoxidable para mejorar la resistencia a la corrosión, la consolidación de cinco pilotes en zonas elevadas y la instalación de un nuevo banco de madera para los usuarios. El consistorio insiste en que la actuación responde a un equilibrio necesario entre uso público y conservación ambiental. “Nuestro objetivo es que esta senda, una de las más valiosas desde el punto de vista ecológico y turístico, siga ofreciendo condiciones óptimas de seguridad y disfrute sin comprometer su riqueza natural”, concluyó López.

Marbella. - El anuncio del Ayuntamiento de Marbella para transformar más de 623.000m² en la zona de La Vizcaína representa uno de los movimientos urbanísticos más ambiciosos de la ciudad en la última década. El proyecto destaca por el compromiso explícito para destinar el 40% de las futuras viviendas a régimen de protección pública o alquiler asequible, una proporción inusualmente alta en un municipio conocido por sus elevados precios inmobiliarios. Todo sugiere que Urbanismo intenta equilibrar la imagen global del destino turístico de alta gama con la necesidad, cada vez más urgente, de retener población trabajadora y ofrecer alternativas reales a los residentes locales que quedan excluidos del mercado libre. Urbanismo para coser lo que falta El sector de La Vizcaína, encajado entre la AP-7 y las zonas de Artola Alta y Cabopino, llevaba décadas sin definir. Su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado en el Plan del 86 había dejado el terreno como un gran vacío en un litoral prácticamente colmatado. La incorporación obligatoria de vivienda protegida —entre 274 y 349 unidades según el rango de edificaciones previstas— es probablemente el punto donde el proyecto mejor refleja una nueva sensibilidad política. Un equipamiento docente Uno de los componentes más llamativos del proyecto es la reserva de lo que se ha anunciado como “un gran equipamiento docente” supramunicipal. En Marbella la presión demográfica y la diversidad poblacional han tensado los centros educativos, así que, la propuesta añade un potencial transformador educativo que aspira a redistribuir flujos, aliviar saturaciones y atraer instituciones académicas de mayor envergadura. Hotel En línea con la identidad económica de Marbella, Díaz avanzó que el plan también contempla parcelas destinadas a uso hotelero pero respondiendo más al interés de proyectos turísticos de calidad que a un impulso por aumentar la capacidad hotelera sin más. Queda por ver cómo se traducirá este nuevo compromiso en el producto final —calidades, tipologías, plazos de entrega—, aunque el gesto es contundente. Para Marbella, supone reconocer que la prosperidad turística no basta para sostener a una ciudad donde parte de su población activa se ve desplazada a municipios cercanos por falta de vivienda asequible. Lo que viene ahora La aprobación de la declaración de interés municipal no define todavía el detalle: faltan la delimitación del sector, la distribución exacta de usos y la definición de parámetros de ordenación. Sin embargo, el informe económico favorable y la prioridad política expresada por el gobierno local muestran que el proyecto no es una idea abstracta, sino una apuesta decidida para reequilibrar el modelo urbano.

Marbella. - Con las luces festivas ya encendidas y las calles preparándose para recibir a miles de visitantes, el Ayuntamiento de Marbella ha desplegado un operativo especial de limpieza destinado a mantener la ciudad impecable durante uno de los periodos de mayor actividad del año. El concejal de Limpieza, Diego López, explicó que la combinación de eventos navideños y una afluencia creciente de vecinos y turistas ha hecho necesario un refuerzo extraordinario. Durante los días más concurridos —8, 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero— la ciudad contará con entre 80 y 100 operarios diarios, apoyados por barredoras mecánicas y camiones de baldeo que se concentrarán en las áreas de mayor tránsito. A este despliegue se suman los 105 trabajadores de la Unidad de Sostenibilidad, cuya labor permitirá responder con rapidez a cualquier necesidad durante las jornadas festivas. También se involucrará el personal de Parques y Jardines, lo que elevará a más de 200 efectivos el total de trabajadores dedicados a mantener la imagen de la ciudad en su momento más vistoso del año. El operativo prevé intervenciones específicas en el área del Mercado Navideño, donde se han instalado contenedores adicionales para gestionar el aumento de residuos. La avenida del Mar, uno de los paseos más frecuentados, será baldeada tres veces por semana y contará con personal de barrido manual en turnos de mañana y tarde. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, López pidió responsabilidad y colaboración: “La Navidad es un punto de encuentro para todos. Mantener la ciudad limpia es un esfuerzo compartido”. Con el clima templado del Mediterráneo, las calles iluminadas y los preparativos ya en marcha, Marbella aspira a recibir la Navidad con su mejor cara: brillante, animada y, sobre todo, limpia.

Marbella. - La aprobación de una modificación presupuestaria de 4,7 millones de euros —destinada a infraestructuras y equipamientos municipales— ha reabierto un debate en la política local. Para la socialista Isabel Pérez es importante definir dónde termina la gestión y dónde empieza el discurso populista. Dos modelos de gestión Dos voces marcan los desencuentros: la de la portavoz socialista Isabel Pérez, que cuestiona el fundamento técnico y político de la operación, y la de la alcaldesa Ángeles Muñoz, que la presenta como prueba de la fortaleza económica y la capacidad ejecutiva del Ayuntamiento. Isabel Pérez advierte sobre el rigor fiscal y las fronteras competenciales, sitúa su crítica en un terreno donde la política invade el terreno de la contabilidad pública. Subraya que la modificación presupuestaria se ha impulsado con informes desfavorables de Intervención, una señal que, aunque legalmente no bloquea la operación, apunta —según ella— a un modo de gobernar “flexible” en exceso con los límites técnicos y competenciales. Su objeción más contundente tiene que ver con la asunción de competencias autonómicas, recuerda que la climatización de colegios, la creación de instalaciones vinculadas al Servicio Andaluz de Empleo o parte del proyecto del Albergue África entrarían dentro de las obligaciones de la Junta de Andalucía. Que el Ayuntamiento decida financiarlas, dice, convierte un problema de competencias en un gesto político que no se explica desde la planificación, sino desde el mensaje clientelar y partidista. La socialista recurre también a la hemeroteca, recordando que fue la propia Muñoz quien exigió en su momento (2009) que la Junta asumiera estas mismas actuaciones. Ese mensaje le es suficiente para cuestionar la consistencia de un gobierno que, en su opinión, se mueve más al ritmo de los anuncios que al de los acuerdos interadministrativos. Sin embargo, para Ángeles Muñoz, estas inversiones hay que tomarlas como síntoma de dinamismo y respuesta a necesidades reales de los marbellíes. La alcaldesa ofrece un marco completamente distinto. La modificación de crédito, asegura, es posible gracias a ingresos superiores a los previstos, especialmente en patrimonio municipal del suelo, algo que interpreta como un signo de salud financiera. Salvo que, estos ingresos todavía no han llegado a la caja del ayuntamiento. Las inversiones previstas —desde el punto limpio de San Pedro Alcántara hasta la climatización energética de 22 centros educativos— se presentan como una oportunidad para modernizar infraestructuras largamente demandadas, por ello Muñoz reduce el debate competencial a un asunto secundario: si la ciudad necesita aparcamientos, eficiencia energética o equipamientos públicos, el ayuntamiento debe actuar sin convertir cada proyecto en un litigio burocrático. Muñoz prioriza la ejecución inmediata y la capacidad de respuesta frente al escrutinio procedimental. El choque El enfrentamiento no se limita a una discrepancia sobre partidas concretas. Revela dos filosofías de gobierno: Pérez pone el acento en la ortodoxia institucional: respetar advertencias técnicas, mantener clara la división de competencias y evitar lo que considera un uso expansivo del presupuesto para cubrir obligaciones autonómicas. Muñoz defiende un pragmatismo ejecutivo: invertir cuando hay recursos disponibles y resolver demandas ciudadanas sin esperar a que otras administraciones asuman un papel que, en la práctica según ella, no está llegando. Ambas lecturas responden a lógicas legítimas, pero parten de prioridades distintas. La primera, la de Pérez, subraya el riesgo de convertir la elasticidad presupuestaria en norma; la segunda entiende que la inacción, aun justificada por criterios competenciales, tiene también un coste político y social que debe asumirse. El debate A la luz de los argumentos, el debate no gira tanto sobre la conveniencia de las obras —ambas partes admiten su necesidad— como sobre quién debe financiarlas y cómo debe justificarse esa decisión ante la ciudadanía. La posición de Isabel Pérez es sólida en términos institucionales: recuerda que el control financiero existe para limitar decisiones impulsivas y que el respeto al reparto competencial ayuda a evitar que los ayuntamientos carguen con responsabilidades que no les corresponden. La de Ángeles Muñoz es políticamente efectiva: sitúa el foco en las mejoras tangibles y evita que los trámites administrativos se conviertan en una coartada para no actuar. El riesgo La iniciativa de Muñoz enfrenta al consistorio frente a un riesgo que nadie puede negar: por un lado se erosiona la función de los órganos de control si sus advertencias se normalizan como un simple trámite y, por otro, asumir sistemáticamente competencias económicas ajenas podría generar una dependencia política —y financiera— a largo plazo. No obstante, también existe un riesgo para la oposición: que la crítica pierda resonancia si se percibe como un obstáculo a inversiones necesarias y visibles. En última instancia, el episodio ilustra una tensión habitual en la política local española: la distancia entre lo que marca la normativa y lo que exige el día a día de una ciudad que se mueve más rápido que sus marcos administrativos.