El primer presidente de YPFB en este gobierno duró tres meses mientras que la señora que lo reemplazó apenas aguantó 22 días en el cargo y renunció, lo que es la prueba no de una epidemia, sino del poderoso sindicato masista que existe en la empresa. Los empleados de YPFB no llegaban a 1.000 en el año 2005, pero el MAS decidió subir la planilla a 8.000, con sus militantes, analfabetos y violentos, que no aportan nada a la empresa creada tras la guerra del Chaco. Carlos Delius, un ingeniero que sabe mucho del tema petrolero, dijo esta semana; "La realidad es que YPFB no es una empresa petrolera, es una corporación que responde a todo tipo de intereses, a todo tipo de directrices. Para poner en sencillo: es un botín”. Por algún prejuicio, o quizá porque se trata de una empresa “estratégica”, el gobierno no la incluyó en la lista de las 16 empresas públicas quebradas que podrían ser cerradas en tres meses, si es que el presidente Rodrigo Paz mantuviera su actual predisposición. Pero el presidente está optando por soluciones diferentes, de cuño político. Ha anunciado más de una vez que está pensando quitarle a YPFB la compra y venta de combustibles en el país. Es una forma elíptica de decirle al país que, en realidad, la gasolina negra y la falta de diésel son fallas de las que hay que culpar al sindicato de 8.000 masistas. Por lo tanto, reducida de esa manera la tarea que debe cumplir la empresa en el país, sólo debe ocuparse de explorar para mejorar las cifras de las reservas, en este momento en el nivel más bajo de la historia, 3,7 TCF, lo que da para tres años con el actual ritmo de explotación. Eso del TCF es un error cometido por el periodismo de Estados Unidos y difundido en todo el mundo, en que la T significa trillones, refiriéndose a billones (millones de millones) de pies cúbicos. Es que ellos hablan una lengua bárbara, y no son capaces de entender que el prefijo “bi” significa dos y el “tri”, pues tres. ¿Qué tiene de tres un millón de millones? Y le llaman billón a mil millones, siendo que es un conjunto de tres grupos de ceros. “Lingua bárbara” decía un colega italiano. Antes de que el MAS llegara al gobierno, las reservas eran mayores en diez veces, es decir 36 billones de pies cúbicos, lo que dio lugar a que se hablara y debatiera intensamente sobre la posibilidad de exportar gas a Estados Unidos y México. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es vacaflorhumberto@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

Marbella.— En las playas de la ciudad, donde la afluencia crece cada fin de semana soleado, el Ayuntamiento ha vuelto a desplegar un sistema sencillo: Evitar que un descuido se convierta en un problema mayor. Se trata de pulseras identificativas, gratuitas, pensadas para menores y personas vulnerables. Fabricadas con un material resistente al agua y diseñadas para ser visibles a distancia, funcionan como un vínculo discreto entre quien puede perderse y quienes deben encontrarlo. Cada pulsera incluye un código numérico y un color identificativo. No hay nombres ni teléfonos a la vista. Esa información queda registrada únicamente por los socorristas y se centraliza en un puesto de coordinación. La idea es equilibrar dos preocupaciones habituales en espacios públicos: la rapidez de respuesta y la protección de datos. Si alguien se extravía, el protocolo se activa sin rodeos. El socorrista que localiza a la persona identifica el código y contacta con el centro de coordinación, que a su vez avisa a la familia. En teoría, el proceso reduce la incertidumbre a unos pocos minutos. El sistema, coordinado por el servicio de salvamento, estará disponible los fines de semana y festivos hasta el 1 de junio, y pasará a funcionar a diario durante la temporada alta, cuando las playas de Marbella alcanzan su máxima ocupación. No es una medida nueva, pero sí recurrente. Durante la pasada Semana Santa, permitió localizar a cuatro personas. No es una cifra elevada, aunque suficiente para justificar su continuidad en un entorno donde la multitud y la distracción forman parte del paisaje. Las pulseras pueden solicitarse en cualquiera de los 17 módulos de salvamento repartidos por el litoral. Cada pulsera incorpora un código numérico y un color identificativo, mientras que los datos de contacto se registran exclusivamente por la plantilla de socorrismo y se trasladan al centro de coordinación. De este modo, se garantiza la protección de datos, ya que el dispositivo no incluye información personal visible. En caso de extravío, el procedimiento establece que el socorrista que localiza al extraviado identifique el código y contacte con Coordinación, desde donde se avisa de forma inmediata a los familiares. Mientras tanto, los socorristas siguen desempeñando una labor menos visible pero constante: informar, prevenir y recordar que, en la playa, la seguridad rara vez depende de una sola medida. Las pulseras pueden solicitarse en cualquiera de los módulos de salvamento.

En Marbella, la política local ha ofrecido en los últimos días una secuencia difícil de ignorar. No tanto por lo extraordinario de los hechos, sino por la forma en que encajan entre sí. Los dirigentes de Por Andalucía e Izquierda Unida — Tony Valero , Ernesto Alba y Victoria Morales — han situado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el centro de una crítica estructural. Hablan de un “paraguas” político que, lejos de ser circunstancial, ofrecería cobertura a dinámicas que consideran aún vigentes en la Costa del Sol. Bajo ese marco, aparecen los nombres de Ángeles Muñoz y José María García Urbano . La idea que sostienen es que la corrupción no pertenece a un ciclo superado, sino que sigue operando como una arquitectura que condiciona el presente. No como excepción, sino como sistema. En paralelo, el Ayuntamiento ha dado un paso en la dirección que cabría esperar ante ese diagnóstico con la aprobación de un Canal de Denuncias . La iniciativa, impulsada por Isabel Pérez , salió adelante con el respaldo de todos los grupos salvo Vox. El movimiento es relevante. Introduce un mecanismo formal para que empleados y ciudadanos comuniquen irregularidades. Queda por ver cuándo estará operativo . En materia de transparencia, los plazos también forman parte del mensaje. La misma sesión plenaria dejó una combinación menos intuitiva. Se aprobó facilitar la detección de fallos en la gestión pública (canal de denuncias), pero se rechazó que el Ayuntamiento asumiera la gestión de las colonias felinas. Toda una paradoja que invita a la reflexión. Mientras tanto, Isabel Pérez consolida su perfil político. Sus intervenciones recientes en el Congreso han situado el foco en el urbanismo como eje de disputa. El contraste es nítido: el modelo que respalda el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la vivienda protegida permanente, con mecanismos antifraude y criterios objetivos; el Partido Popular defiende una mayor flexibilidad de la VPP y su eventual descalificación. El debate no es menor. Define el acceso a la vivienda y el papel del mercado en ese acceso. En Marbella, sin embargo, la discusión convive con una práctica habitual: el anuncio de VPP como señal de compromiso público, sin que se cuestione la regulación de las viviendas de uso turístico. En el Parlamento español Pérez ha ampliado el foco hacia los servicios públicos. Ha señalado el colapso sanitario y la desaparición de 2.402 aulas desde 2019 en Andalucía y, en paralelo al crecimiento de la oferta privada. A este escenario se suma la querella de PACMA al Ayuntamiento por la muerte masiva de fauna en el embalse de Las Medranas . La denuncia apunta a una cadena de decisiones —y omisiones— que habrían permitido el deterioro progresivo del ecosistema. El traslado de fauna, según se sostiene, se realizó sin garantías ni protocolos. Más allá del caso concreto, la cuestión de fondo es conocida: en entornos de alto valor inmobiliario y turístico, los espacios naturales compiten en condiciones desiguales frente a usos económicos intensivos. No siempre pierden, pero rara vez parten en ventaja. En el ámbito económico, APYMESPA ha planteado otra dimensión del mismo problema: el impacto de las obras públicas sobre pymes y autónomos. Su propuesta incluye ayudas directas y exenciones fiscales para quienes soportan pérdidas derivadas de actuaciones prolongadas o recurrentes. El planteamiento incorpora una premisa sencilla: el progreso urbano no es neutro si su ejecución carece de planificación. La repetición de obras en los mismos puntos o su prolongación en el tiempo introduce un coste que, en ausencia de compensación, recae íntegramente sobre la actividad privada. Ciudades como Benalmádena, Sevilla, Zaragoza o Madrid ya contemplan mecanismos de este tipo. La novedad, en este caso, no es la idea, sino su ausencia.

Marbella.— The Leading Property Agents of Spain (LPA), una de las principales asociaciones del sector en la región, ha puesto en marcha una agenda para 2026. Sin abandonar el lenguaje habitual del crecimiento, se centra en la construcción de un marco regulatorio y profesional común para el conjunto del ecosistema inmobiliario. El movimiento no es menor en un mercado donde operan cientos de agencias, con niveles muy dispares de formación, prácticas comerciales y estándares de transparencia, en un entorno altamente internacionalizado. En los encuentros internos de la asociación —foros bilingües de referencia para el análisis del sector— el diagnóstico se repite con pocas variaciones: el mercado funciona, pero lo hace con fricciones. La inteligencia artificial, la digitalización de procesos, la presión del alquiler turístico y la complejidad jurídica de las operaciones internacionales están acelerando la transformación del sector. Pero también están evidenciando una brecha: la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de parte del tejido profesional. Un giro hacia la regulación. El elemento más relevante de la hoja de ruta es la creación de una federación andaluza de asociaciones inmobiliarias, prevista para mayo, que aspira a impulsar un registro oficial de agentes. La propuesta introduce un cambio significativo en un sector tradicionalmente abierto: para operar con garantías será necesario acreditar formación específica, disponer de seguros de responsabilidad civil y demostrar trayectoria profesional. El objetivo es doble. Por un lado, elevar los estándares de entrada al mercado. Por otro, reducir la asimetría de información que suele afectar al comprador, especialmente en operaciones internacionales donde el conocimiento del entorno legal y fiscal es limitado. La IA La inteligencia artificial ocupa un papel central en la transformación del sector. Herramientas de automatización ya están optimizando procesos como valoraciones, análisis de demanda o gestión documental. Sin embargo, el consenso dentro de LPA es que la tecnología no sustituye al agente inmobiliario, sino que redefine su papel. La ventaja competitiva ya no reside en el acceso a la información, sino en su interpretación y en la capacidad de generar confianza en transacciones complejas. De ahí el impulso a un programa formativo común que aspira a convertirse en estándar en la Costa del Sol, con especial atención a las competencias legales, fiscales y comerciales en entornos internacionales. En paralelo, la asociación trabaja en un acuerdo marco con promotoras inmobiliarias de la región, desde Málaga hasta Sotogrande. El objetivo es establecer reglas más claras en la comercialización de obra nueva y reducir prácticas que generan opacidad o competencia desordenada entre intermediarios. La iniciativa también busca introducir mecanismos de incentivos y control para mejorar la coordinación entre promotores y agencias, en un mercado donde la demanda sigue siendo alta pero las condiciones de acceso no siempre son transparentes. Qué cambia para los clientes y para los profesionales Para los clientes (compradores e inversores) se espera mayor seguridad jurídica y, una exigencia de formación y seguros para reducir el riesgo de errores en operaciones complejas. Más transparencia con un registro oficial de agentes profesionales acreditados frente a operadores informales. Menos asimetría de información. Mayor protección en la compra, especialmente en obra nueva y operaciones de inversión, donde los contratos suelen ser más complejos. Reducción de malas prácticas Para los asociados (agencias y profesionales) el objetivo es la revalorización del agente profesional con una regulación que eleva las barreras de entrada y distingue a operadores cualificados. Mayor reputación, acceso a formación estructurada y mayor interlocución institucional. En conjunto, la estrategia de LPA apunta a un cambio de fase: de un mercado basado en la expansión y la oportunidad, a otro basado en reglas, confianza y profesionalización.

Marbella. - El pleno del Ayuntamiento de Marbella dejó este viernes una fotografía política reveladora: el Partido Popular (PP) optó por rechazar una moción del PSOE que ponía el foco en un problema de gestión concreta —y prolongada— en materia de bienestar animal. La iniciativa, defendida por la portavoz socialista, Isabel Pérez, no se limitaba a una declaración de intenciones. Señalaba un fallo administrativo específico: el bloqueo del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), considerado por expertos como la vía más eficaz para controlar las colonias felinas urbanas. Pero, sobre todo, evidenciaba la distancia entre los anuncios del equipo de gobierno y su ejecución real. Uno de los puntos más incisivos de la moción fue el recordatorio de un compromiso concreto: la creación, anunciada en abril de 2025, de un sistema oficial de acreditación para voluntarios. El proyecto incluía carnés identificativos, formación reglada y herramientas como códigos QR para evitar conflictos con la policía o con vecinos. Un año después, ese sistema no existe. La consecuencia, según Pérez, no es menor: más de treinta personas continúan actuando en un limbo legal, expuestas a sanciones mientras suplen, de facto, una carencia municipal. La crítica de fondo no es tanto la ausencia de medidas como la inconsistencia política. La moción apuntaba a una “inseguridad jurídica” generada por la propia administración local, que primero reconoce la labor de los cuidadores y después permite que sean sancionados. En ese contraste reside uno de los argumentos más sólidos del texto: no se trata solo de bienestar animal, sino de coherencia institucional. El partido de gobierno (PP), al tumbar la propuesta ha esquivado la obligación de calendarizar o concretar medidas que ya había anunciado, manteniendo el problema en una zona de ambigüedad administrativa. La gestión de las colonias felinas queda así, una vez más, apoyada en el voluntarismo y no en una política pública estructurada. En paralelo, el mismo pleno sí aprobó —con apoyo del PP y OSP— la creación de un canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 y la Directiva Europea 2019/1937, un instrumento orientado a reforzar la transparencia y detectar irregularidades. La paradoja es difícil de ignorar: el Ayuntamiento respalda mecanismos para señalar fallos en la gestión pública (canal de denuncia) mientras desestima una moción que, precisamente, detalla uno de esos fallos: el cuidado de las colonias felinas.

Marbella. - La ciudad ha optado por adelantarse a escenarios improbables pero potencialmente devastadores: terremotos y maremotos. La aprobación definitiva de ambos planes locales no responde a una emergencia inmediata, sino a una estrategia de anticipación que, en teoría, busca reducir la improvisación cuando el margen de error es mínimo. El planteamiento municipal se apoya en una premisa técnica razonable: aunque la Costa del Sol no es una zona de alta actividad sísmica, tampoco es ajena a ella. Los más de cien movimientos registrados recientemente en el entorno Málaga-Cádiz —la mayoría imperceptibles— sirven como recordatorio de una vulnerabilidad latente. El plan sísmico aprobado incorpora un análisis detallado de esa exposición, identifica infraestructuras críticas y establece protocolos de actuación. Sobre el papel, cumple con los estándares exigibles. Más ambicioso —y también más delicado— es el plan frente a los maremotos. En una ciudad cuya vida económica gira en torno al litoral, reconocer la fragilidad de playas, puertos y paseos marítimos introduce una tensión evidente entre desarrollo y riesgo. Las rutas de evacuación hacia zonas elevadas, los sistemas de alerta y la coordinación de emergencias son elementos necesarios, pero no suficientes. La experiencia en otros contextos muestra que estos planes solo funcionan cuando la población los conoce, los entiende y los ha ensayado. Ahí radica uno de los puntos críticos. El propio Ayuntamiento prevé simulacros y una futura señalización de zonas seguras, pasos esenciales para trasladar la planificación del documento al espacio urbano. Sin embargo, ese tránsito —de la norma a la práctica— suele ser el eslabón más débil en la política de protección civil local, donde la visibilidad de la inversión no siempre se traduce en preparación real. La coordinación institucional, canalizada a través del CECOPAL y avalada por la Comisión Permanente de Protección Civil de Andalucía, refuerza la credibilidad técnica del proyecto. El mensaje oficial insiste en que no se trata de alarmar, sino de anticiparse. Es una línea argumental habitual en la gestión del riesgo contemporánea, donde la prevención compite con otras prioridades más visibles. En Marbella, el verdadero test no será la aprobación de los planes, sino su integración en la vida cotidiana de la ciudad: en la señalización, en la formación ciudadana y en la capacidad de respuesta cuando el escenario deje de ser hipotético.

Marbella. - La reciente intervención parlamentaria de Isabel Pérez en el Congreso no se presenta como un hecho aislado, sino como la prolongación de una línea argumental ya expuesta el pasado 30 de marzo. Entonces, como ahora, el eje de su discurso gira en torno a una idea central: la fragilidad del urbanismo en España no es solo un problema técnico, sino el reflejo de un modelo político en disputa. Pérez evocó su experiencia como delegada de Urbanismo en Marbella durante la anulación del Plan General de 2010 por el Tribunal Supremo, la presentó no como un argumento sino como testimonio para construir una crítica estructural de un sistema en el que errores formales pueden invalidar años de planificación no solo genera inseguridad jurídica, sino también por los intereses oportunistas. En materia de vivienda, la intervención marcó una línea en defensa de un modelo de protección estructural frente a la liberalización del suelo, señalando que el Gobierno de Pedro Sánchez está alineado con el Plan Estatal de Vivienda, que apuesta por una vivienda protegida permanente,con mecanismos antifraude y criterios de adjudicación objetivos, mientras que el Partido Popular quiere la flexibilización de la VPO, la posibilidad de descalificación para dar un mayor protagonismo al mercado. En su intervención recordó que la liberalización del suelo y la desregulación no resolvieron el acceso a la vivienda en el pasado, sino que contribuyeron con la burbuja inmobiliaria con consecuencias sistémicas. La diputada advertía que el debate actual no trata de ajustar políticas, sino evitar repetir un ciclo conocido. Aseguró que las comunidades autónomas no solo tienen margen de actuación —zonas tensionadas, regulación del alquiler, control de viviendas turísticas—, sino que también cuentan con incentivos financieros significativos. Sanidad: el argumento del deterioro. Aunque desarrolló menos el bloque sanitario, aseguró que sigue la misma lógica discursiva: vincular gestión autonómica con deterioro del servicio público y la mayor presencia de la sanidad privada. Hizo referencia a las listas de espera que han colapsado el sistema, señalando que esto es consecuencia del modelo de gestión pública que aplican en Andalucía, denunciando que hoy por hoy se está priorizando la externalización a la vez que se debilita progresivamente lo público. Educación: decisiones urbanísticas con impacto social. En el ámbito Isabel Pérez educativo denunció la desaparición de aulas públicas y la promoción de centros privados, poniendo (spoiler) sobre la mesa la confirmación de la Junta de Andalucía en renovar, en su totalidad, los conciertos educativos con centros privados para el curso escolar 2025-2026, justificando su decisión en la “demanda de escolarización” y el que desde la llegada del PP al poder andaluz en 2019, se han cerrado 2.402 aulas en colegios públicos. Citó el caso del suelo público destinado a un colegio sueco privado en Marbella, asegurando que no se trata solo de una decisión urbanística, sino de una orientación política sobre el uso de los recursos públicos, recordando que la alcaldesa de Marbella llegó a decir que “no hacen falta más colegios públicos” en la ciudad. Para la parlamentaria, Marbella funciona como un laboratorio político, los múltiples ejemplos de privatización de suelo público, desde equipamientos deportivos hasta la transformación de la Residencia a Tiempo Libre en activo turístico, no son anecdóticos: son, en su argumentación, pruebas de un patrón. Por último, Pérez insistió en que el urbanismo en Marbella ha sido significado de especulación, interés particular y corrupción, gobernada primero por GIL y luego por el Partido Popular. Lo que quieren sus “Señorías”, dirigiéndose a la bancada popular, es construir más con menos control. Quieren un modelo de Ley del Suelo que facilite reclasificaciones y dejar el urbanismo en manos de la especulación. Lo que propone el PSOE para todos es una reforma técnica jurídica y sensata con plazos, con garantía, con seguridad, y ustedes señorías del PP, han votado en contra.

Marbella. - La querella por el caso del embalse de Las Medranas expone algo más que una disputa política puntual; revela las tensiones entre el desarrollo urbano, la gestión del agua y la protección de la fauna en enclaves turísticos sometidos a alta presión. La querella, anunciada por el Partido Animalista PACMA, introduce un elemento clave: judicializa una cadena de decisiones —y omisiones— que, según la formación, no pueden entenderse como errores aislados. La denuncia no gira únicamente en torno a la muerte de animales, sino sobre un modelo de gestión que habría permitido el deterioro progresivo de un ecosistema sin activar mecanismos de corrección. En ese sentido, el argumento más contundente no es la denuncia del episodio de enero de 2025 —el traslado de fauna sin garantías—, sino la idea de que dicho episodio era previsible. Las advertencias previas sobre vertidos, acumulación de residuos y extracción de agua en un contexto de sequía apuntaban a un sistema ya tensionado. La falta de respuesta institucional, descrita por PACMA, sugiere una desconexión entre los indicadores de riesgo ambiental y la acción administrativa. El traslado de fauna, presentado en su momento como una medida de mitigación, se convierte aquí en el punto de inflexión. Si, como se sostiene, se realizó sin autorización ni protocolos adecuados, no solo habría fallado como solución, sino que habría amplificado el daño. La posterior mortandad registrada en el Lago de las Tortugas refuerza esa narrativa: una intervención que pretendía proteger termina evidenciando la fragilidad del sistema. Desde una perspectiva ambiental, el caso señala un patrón recurrente en zonas de alto valor inmobiliario y turístico donde los humedales, embalses y corredores ecológicos quedan subordinados a usos económicos intensivos, como el riego de campos de golf. En periodos de sequía, esa tensión se intensifica, y la gestión del agua deja de ser solo una cuestión técnica para convertirse en una decisión política con consecuencias ecológicas directas. La inclusión en la querella de posibles delitos como maltrato animal o gestión ilegal de residuos eleva el debate, pero es la mención a la prevaricación por omisión la que introduce una dimensión más incómoda. No se trata únicamente de si se actuó mal, sino de si no se actuó cuando era obligatorio hacerlo, desplazando la discusión desde la incompetencia hacia la irresponsabilidad consciente. PACMA advierte que la querella se basa en una presunta "gestión negligente" del embalse que podría constituir delitos de maltrato animal con resultado de muerte y gestión ilegal de residuos. El Partido Animalista ha avanzado la interposición de la querella en Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella contra responsables de dicho Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de las actuaciones relativas al embalse de Las Medranas. Recuerdan que, el traslado de fauna realizado en enero de 2025 por labores de vaciado, se llevó a cabo sin autorización previa y sin respetar los protocolos de bienestar animal, provocando "estrés, lesiones y muerte de numerosas especies". En octubre de 2024, la formación alertó por primera vez de la “gestión deficiente” del embalse, denunciando la acumulación de residuos, vertidos contaminantes y la extracción de agua en plena sequía para el riego de campos de golf. Posibles responsabilidades penales Según recoge la querella presentada, el Ayuntamiento habría ignorado durante años los requerimientos para el mantenimiento del embalse, pese a conocer su estado crítico. PACMA sostiene que el deterioro de Las Medranas no es un hecho puntual, sino "el resultado de décadas de abandono, agravado por decisiones recientes que han acelerado el colapso"., concluyendo que la vía judicial es ahora "imprescindible" ante la falta de respuesta institucional.

San Pedro Alcántara. Marbella. - La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (APYMESPA), ha registrado una iniciativa ante el Ayuntamiento para crear un plan de ayudas económicas y exenciones de tasas, para apoyar a las PYMEs y autónomos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía que sufren graves pérdidas económicas por las obras públicas. Para la patronal el conflicto entre progreso urbano y supervivencia empresarial se ha convertido en una urgencia tangible. La propuesta presentada por APYMESPA no es solo una petición sectorial; es, en realidad, una enmienda a la forma en que se planifica y ejecuta la transformación de la ciudad. La patronal señala que estas actuaciones, que con frecuencia se prolongan durante meses, o repiten en un mismo punto de forma periódica, generan un impacto negativo directo sobre el tejido empresarial de la localidad, asfixiando especialmente a los pequeños comercios. El diagnóstico es claro, las obras públicas —desde grandes infraestructuras hasta las de menor escala— generan un impacto inmediato y profundamente desigual. La propuesta no se limita a reclamar ayudas, sino que dibuja un marco de subvenciones directas, bonificaciones fiscales y criterios de elegibilidad definidos. La propuesta insta al Ayuntamiento a estudiar y aprobar de forma inmediata las siguientes líneas de actuación: Creación de una partida presupuestaria específica: Destinar fondos municipales anuales para conceder subvenciones directas y a fondo perdido a aquellas empresas o autónomos que tengan que soportar obras públicas durante un periodo determinado (por ejemplo, a partir de un mes de duración). Redacción de Bases Reguladoras: Establecer un marco jurídico claro que delimite los requisitos para ser beneficiario, así como los criterios para cuantificar las ayudas con un procedimiento sencillo para solicitarlas. Bonificaciones fiscales complementarias: Se pide el estudio de la exención o reducción proporcional de las tasas municipales vinculadas al local mientras duren las obras. Esto incluye tributos como la Tasa de Basura Industrial, la Tasa de Ocupación de Vía Pública (terrazas), o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los cuales no deberían cobrarse en su totalidad cuando el negocio no puede hacer uso normal de sus instalaciones o las cedidas por el Consistorio. Entre los principales motivos que justifican esta solicitud, se apuntan los siguientes perjuicios que asumen los negocios: Dificultades de acceso: Barreras físicas que disuaden tanto a los clientes habituales como a los proveedores. Pérdida de visibilidad: Fachadas y escaparates que quedan ocultos tras vallas, maquinaria y andamios. Contaminación ambiental: El polvo constante y el ruido derivado de la obra desincentivan el consumo y hacen inviable la actividad normal, sobre todo en hostelería y comercio. Supresión de servicios clave: Inhabilitación de las zonas de aparcamiento y de los espacios destinados a carga y descarga. APYMESPA incluso ha citado ejemplo de este tipo de ayuda que hoy reciben localidades como Benalmádena, Sevilla, Zaragoza y Madrid, lo que demuestra que la intervención pública ya forma parte del repertorio de políticas urbanas en España. Más allá de la compensación económica, la propuesta encierra una crítica más profunda: el problema no es solo el impacto de las obras, sino cómo se diseñan y ejecutan. No solo se espera que la Junta Municipal de Distrito de San Pedro Alcántara atienda las demandas planteadas y convierta este Plan de Ayudas en una realidad lo antes posible, sino que el Consistorio plantee las obras con un plan de actuación plurianual, de forma que no se solapen en un mismo lugar con el paso del tiempo. Dimensión social La exigencia empresarial también ha destacado que las PYMEs no son únicamente unidades económicas, también constituyen una base social clave en barrios como San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. Su deterioro no solo implica pérdida de empleo, sino también una erosión del tejido comunitario. Ignorar esa dimensión podría tener consecuencias más allá del ámbito económico. Por último, para garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente lo necesitan, APYMESPA sugiere aplicar criterios claros basados en casos de éxito: Ubicación y actividad: La ayuda se dirigiría a establecimientos situados a pie de calle en el tramo directamente afectado, que estuvieran dados de alta y en funcionamiento antes del inicio de las obras. Deberán comprometerse a mantener la actividad y el empleo, y estar al corriente de sus obligaciones fiscales y sociales. Exclusiones lógicas: Quedarían fuera de estas ayudas las entidades financieras, las grandes superficies (mayores de 500 metros cuadrados) y las administradoras de servicios públicos esenciales. Cuantía: Se propone una cantidad fija mensual por el tiempo que dure la obra, o bien una cifra proporcional a la pérdida de facturación del establecimiento. Para que esta propuesta se convierta en una realidad, sugiere APYMESPA un trámite ágil: presentación en la Mesa de Trabajo, elevación a la Junta de Gobierno Local para diseñar las bases y, finalmente, su aprobación en Pleno para que la medida disponga de un presupuesto real lo más pronto posible.