Ángeles Muñoz debe dimitir

Una alcaldesa con infracciones urbanísticas, familiares vinculados al blanqueo de dinero y, el silencio institucional en Marbella, debe dimitir.

Marbella. - La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, enfrenta crecientes presiones para abandonar su cargo tras revelarse que el Ayuntamiento —bajo su propio mandato— le ha impuesto una multa por una infracción urbanística grave en una propiedad vinculada a ella.

El escándalo se ve agravado por un contexto mucho más turbio: vínculos familiares con una presunta red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

La coordinadora de la asamblea local de Izquierda Unida Marbella, Victoria Morales, ha sido clara y directa: exigen la dimisión de Muñoz por lo que consideran una “mentira a la ciudadanía” y una “vulneración de las normas que ella misma está obligada a hacer cumplir”.

La denuncia se refiere a unas obras ilegales en una vivienda cuya titularidad recae sobre una sociedad sueca, de la que Muñoz es beneficiaria final.

Aunque la alcaldesa negó públicamente cualquier intervención urbanística en el inmueble, la resolución de un expediente abierto en 2019 ha concluido lo contrario, imponiendo una sanción de 7.750€ y la obligación de demoler la obra.

Sin embargo, el problema de Muñoz no termina en una infracción administrativa. El inmueble en cuestión fue transferido a su nombre por su difunto esposo, Lars Broberg, un ciudadano sueco que iba a ser juzgado por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico, hasta que su muerte detuvo el proceso.

Su hijo, Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, sí está siendo juzgado por encabezar esa misma red criminal.

“Tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”. Esta frase, presuntamente pronunciada por Broberg y extraída de intervenciones telefónicas judicializadas, resuena con inquietante claridad en el actual contexto político.

Que miembros de su entorno familiar se jacten de controlar instituciones públicas mientras mantienen conversaciones con concejales del equipo de gobierno plantea una cuestión incómoda: ¿hasta qué punto las estructuras del poder local están blindadas frente a intereses privados, o incluso criminales?

A día de hoy, Muñoz no ha ofrecido explicaciones convincentes sobre su patrimonio ni sobre su relación con la propiedad sancionada.

El Partido Popular guarda silencio, atrincherado en la lógica de desgaste institucional: no responder para no amplificar. Pero en Marbella —una ciudad cuya historia reciente está salpicada de corrupción, desde el caso Malaya hasta los ecos de la red Broberg— el silencio ya no basta.

Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de la legalidad urbanística, sino la credibilidad de las instituciones democráticas locales.

¿Puede una alcaldesa seguir representando a su ciudadanía mientras miente sobre una infracción cometida en su propio nombre? ¿Puede mantenerse en el cargo cuando los tentáculos de una presunta red criminal tocan directamente su círculo íntimo?

Izquierda Unida, por ahora, ha sido la única formación política que ha verbalizado lo que muchos en Marbella se preguntan: ¿por qué Ángeles Muñoz sigue en el cargo?

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