Canal de Denuncias en el Ayuntamiento.

PSOE Marbella: Es urgente la Implantación de un Canal de Denuncias en el Ayuntamiento.

Marbella. - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha situado al Ayuntamiento ante una disyuntiva que va más allá de la burocracia: cumplir con la legalidad o seguir operando en una zona gris que, aunque habitual en muchas administraciones, resulta cada vez más difícil de justificar.

La exigencia de implantar un canal oficial de denuncias no es una propuesta política al uso, sino la traducción local de una obligación jurídica clara. Tanto la Ley 2/2023 de protección de informantes como la Directiva Europea 2019/1937 establecen que las administraciones deben garantizar mecanismos seguros para que empleados y ciudadanos puedan informar sobre irregularidades.

Isabel Pérez ha subrayado que este sistema constituye una “herramienta estratégica para la prevención y detección temprana de malas prácticas en la gestión pública”. No se trata, por tanto, de si conviene o no, sino de por qué aún no se ha hecho.

El argumento de Pérez se construye sobre una premisa difícil de rebatir: sin este canal, la detección temprana de malas prácticas depende más del azar que del sistema.

Para la portavoz la ausencia de este instrumento “no solo debilita la integridad institucional, sino que supone un riesgo financiero crítico para las arcas municipales”, ya que la ley contempla sanciones que pueden alcanzar el millón de euros por obstaculizar los cauces de denuncia.

En ese vacío el silencio se vuelve racional y la denuncia, arriesgada. La consecuencia no es sólo ética, sino operativa. La ausencia de un mecanismo estructurado debilita la capacidad de la institución para corregirse a sí misma.

La propuesta expone que crear un canal de denuncias es relativamente sencillo desde el punto de vista técnico, pero no así el garantizar que el departamento sea liderado con independencia real. Un responsable independiente minimiza el riesgo de la opacidad y evita que aparezca la falta de credibilidad.

Por este motivo, la portavoz socialista ha anunciado que presentará una moción al pleno para exigir la creación de una plataforma electrónica que sea accesible, intuitiva y, sobre todo, que garantice de forma estricta el anonimato y la confidencialidad de los informantes, ya sean estos empleados municipales o ciudadanos particulares.

Otro elemento clave del discurso es la advertencia económica. Las sanciones previstas —que pueden alcanzar cifras elevadas— introducen un incentivo adicional que va más allá de la ética pública.

Sin embargo, reducir el debate a una cuestión de multas sería simplificarlo. El verdadero coste, implícito en la intervención, es reputacional. En una ciudad con antecedentes conocidos de corrupción urbanística, la percepción de opacidad puede ser tan dañina como la infracción misma.

La diferenciación que hace Pérez entre este canal y los buzones de quejas no es menor. Mientras estos últimos canalizan insatisfacción ciudadana, el sistema propuesto tiene implicaciones legales directas.

La propuesta supone institucionalizar el control y la supervisión como herramientas necesarias en términos de gobernanza moderna.

La moción no solo mide el compromiso del equipo de gobierno con la transparencia, también su disposición a someterse a un escrutinio más incómodo.

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