Deterioros y sin ascensor en VPO de San Pedro

El edificio VPO Don Diego, en San Pedro Alcántara, entregado en octubre, continúa sin ascensor, cubierto de goteras, restos de obras y barandillas oxidadas.

San Pedro Alcántara. Marbella. - En febrero el concejal y portavoz del Grupo Municipal Opción Sampedreña, Manuel Osorio, denunció que en el residencial Don Diego, los vecinos venían padeciendo desde octubre de 2025 un catálogo de deficiencias impropio de una promoción de nueva construcción.

Según relataba Osorio, los propietarios estaban conviviendo con filtraciones, humedades persistentes, inundaciones en zonas comunes y garajes, así como el desprendimiento de chapas en episodios de viento, lo que apunta a fallos estructurales y de ejecución.

A ello se sumaba la ausencia de ascensor desde su llegada a las viviendas, una carencia especialmente grave en términos de accesibilidad y habitabilidad.

La situación, lejos de corregirse con el tiempo, parece haberse normalizado en el día a día de los residentes. Además, siempre según OSP, algunos propietarios se han visto obligados a asumir de su propio bolsillo la compra de equipamiento de cocina que, contractualmente, debía estar incluido en las viviendas.

Ahora, de nuevo Osorio vuelve a denunciar los mismos desperfectos y la acumulación de incidencias técnicas.

La denuncia de OSP sobre la promoción de viviendas protegidas en Nueva Andalucía no se limita a señalar desperfectos; apunta, de forma más incómoda, a una jerarquía implícita en la política urbana: hay viviendas —y, por extensión, ciudadanos— que parecen merecer menos atención una vez se ha cortado la cinta inaugural.

Manuel Osorio describe el caso como un proceso que comienza con fotos para la visibilidad política, pero termina en abandono administrativo.

Filtraciones en garajes, barandillas oxidadas, restos de obra sin retirar y un ascensor averiado, no son solo fallos técnicos; son síntomas de una supervisión débil y, sobre todo, de prioridades desalineadas.

Osorio plantea una idea que, en apariencia, es técnica pero en el fondo es profundamente política: tutelar una VPO implica acompañar a sus adjudicatarios desde el inicio, asesorarlos, defenderlos frente a la promotora e incluso facilitarles el acceso a financiación.

Es, en esencia, tratar a los beneficiarios como ciudadanos con derechos plenos y no como receptores pasivos de una concesión administrativa.

La ausencia de ese acompañamiento convierte la vivienda protegida en un producto a medio terminar: entregado en lo formal, pero incompleto en lo funcional.

La áspera crítica se dirige a la alcaldesa, Ángeles Muñoz cuando el concejal de OSP hace referencia a las elecciones municipales de 2027: la tentación de la “fotografía” prima en Muñoz, pero los desperfectos denunciados no son incidencias aisladas y ya han pasado a interpretarse como el rastro de una gestión que se agota en el anuncio.

Cuando una promoción de VPO acumula problemas sin resolver durante meses y se asume que las condiciones de vida de sus residentes pueden esperar, se está delante de un desprecio evidenciado en la demora, en la falta de respuesta, en la normalización de estándares que no serían aceptables en otros segmentos del mercado.

OSP exige que el Ayuntamiento actúe y obligue a la promotora a cumplir con los adjudicatarios. Osorio le ha exigido a la alcaldesa una política de vivienda que no solo se conforme con entregar una llave.

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