Marbella.- Las librerías independientes, las papelerías y los comercios tradicionales se enfrentan a una transformación del consumo que amenaza su supervivencia: las grandes plataformas digitales ganan terreno, los hábitos de compra cambian y los establecimientos de proximidad deben competir con empresas que disponen de recursos muy superiores. Ante este escenario, el PSOE de Marbella quiere que el Ayuntamiento utilice una de sus herramientas fiscales para aliviar la presión sobre estos negocios.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Pérez, llevará al Pleno una moción para estudiar bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) destinadas a determinados establecimientos comerciales. 

La iniciativa contempla analizar la viabilidad jurídica y económica de unas reducciones que, en los supuestos previstos por la legislación, podrían alcanzar el 95% de la cuota íntegra del impuesto.

Pérez sostiene que el ayuntamiento no debe permanecer al margen de las dificultades que atraviesa el comercio tradicional. A su juicio, las librerías, papelerías y tiendas especializadas no solo generan empleo, también contribuyen a mantener la actividad de los barrios y ofrecen servicios que difícilmente pueden medirse únicamente en términos económicos.

Una librería independiente, argumenta la portavoz socialista, es también un espacio de acceso a la cultura y promoción de la lectura. Lo mismo sucede con los establecimientos que mantienen una relación cotidiana con sus clientes y forman parte de la identidad comercial de Marbella.

Una rebaja fiscal con condiciones

La iniciativa no plantea una bonificación automática para todos los comercios, propone estudiar qué actividades podrían acogerse a ella mediante criterios objetivos, como la independencia del negocio, su contribución cultural y social, el empleo que mantiene y su capacidad para revitalizar las zonas comerciales.

La legislación estatal de haciendas locales contempla bonificaciones de hasta el 95% del IBI para inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal, siempre que se cumplan las condiciones legales y el procedimiento correspondiente.

El PSOE reclama estudiar fórmulas que permitan trasladar efectivamente el ahorro a los pequeños comerciantes, en lugar de que la medida termine beneficiando exclusivamente al propietario del inmueble.

La formación socialista defiende que las bonificaciones fiscales formen parte de una política más amplia de apoyo al comercio local, con programas de digitalización, formación tecnológica, promoción comercial y campañas para incentivar las compras en los establecimientos del municipio.

Pérez rechaza que proteger al comercio de proximidad signifique oponerse a la modernización. El objetivo, sostiene, es evitar que los negocios más pequeños queden excluidos de una transformación económica en la que las grandes empresas cuentan con ventajas de escala y mayores recursos tecnológicos.

Para la portavoz la desaparición de las tiendas tradicionales no afecta únicamente a sus propietarios y trabajadores: puede reducir los servicios disponibles en los barrios, debilitar las relaciones cotidianas entre vecinos y dificultar la vida de quienes dependen de los establecimientos cercanos.

En esa línea se pronunció José Bernal, quien destacó la función social del comercio de proximidad para las personas mayores, que necesitan disponer de tiendas accesibles y cercanas a sus domicilios. Bernal vinculó esta protección con la defensa del sistema público de pensiones y advirtió contra cualquier intento de privatización.