Marbella.— La Residencia de Mayores del Trapiche vuelve a situarse en el centro del debate político de Marbella, esta vez por una cuestión que acompaña al proyecto desde hace años: no tanto por quién será el titular del edificio, sino sobre quién tendrá las riendas de un servicio financiado con recursos públicos.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista y diputada nacional, Isabel Pérez, ha anunciado la presentación de una moción al Pleno para exigir que la futura residencia sea gestionada de “forma pública y directa”, después de que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha confirmado que el Ayuntamiento está elaborando el pliego para su gestión.

La controversia no es nueva. La petición de que el centro sea gestionado directamente por la Administración ha sido reiterada durante años por los distintos grupos de la oposición municipal. Ahora vuelve a aflorar precisamente cuando el proyecto entra en una fase decisiva: la definición del modelo de gestión.

Pérez ha expresado su preocupación por las declaraciones realizadas por Muñoz en una reciente nota de prensa municipal, en la que afirmaba que el Consistorio está “tramitando ya el mobiliario y también el pliego para la gestión de la residencia con el objetivo de que pueda abrir sus puertas lo antes posible como una residencia pública”.

Ahí está, para el PSOE, la contradicción que pretende llevar al Pleno: “La elaboración de un pliego de gestión supone que el Ayuntamiento está preparando la licitación de un contrato para que una empresa privada gestione la residencia. Es incompatible defender que será una residencia pública mientras se impulsa un modelo de gestión indirecta mediante una concesión”, ha señalado Pérez.

Precisamente esa frontera entre propiedad pública y gestión privada directa es la que la oposición lleva años cuestionando.

La dirigente socialista ha recordado que la Residencia del Trapiche constituye una de las infraestructuras sociales más demandadas por la ciudadanía de Marbella y San Pedro Alcántara desde hace décadas y que la propia alcaldesa “defendió durante años que este centro sería un referente de gestión pública”.

“Los mayores de nuestro municipio llevan mucho tiempo esperando esta residencia. No podemos permitir que, una vez construida con recursos públicos, su gestión quede condicionada por criterios de rentabilidad económica en lugar de responder exclusivamente al interés general y al bienestar de las personas usuarias”, ha afirmado la concejala.

Pérez sostiene que la gestión indirecta introduce un conflicto de intereses que, a su juicio, debería evitarse en un servicio esencial como la atención a las personas mayores: “el beneficio empresarial”.

Frente a ello, defiende que la gestión pública directa permitiría un mayor control sobre la calidad asistencial, la reinversión de los recursos públicos en el propio servicio y mejores condiciones laborales para los profesionales.

El debate adquiere especial relevancia en una ciudad que, como otras muchas, afronta el progresivo envejecimiento de su población.

Para el PSOE, la atención a las personas mayores y dependientes constituye un derecho que debe quedar “al margen de cualquier lógica mercantil”.

La moción socialista pretende que el Ayuntamiento descarte cualquier fórmula de gestión indirecta o concesión administrativa para la Residencia del Trapiche, deje sin efecto la tramitación de cualquier pliego destinado a su privatización y garantice que las plazas del centro se destinen prioritariamente a las personas mayores de Marbella y San Pedro Alcántara, atendiendo a criterios de necesidad social, dependencia y capacidad económica.



“Esta residencia nació para dar respuesta a una necesidad social de nuestro municipio. Lo coherente es que siga siendo un servicio gestionado desde lo público y al servicio exclusivo de nuestros mayores, no de los intereses económicos de una empresa concesionaria”, ha concluido Isabel Pérez.