La posible modificación del 240.2
Isabel Pérez • 14 de marzo de 2026
Exigen a la alcaldesa Ángeles Muñoz claridad por cambios en el PGOU.
MARBELLA. -
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha intensificado sus críticas hacia la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, por una posible modificación del planeamiento urbanístico que, según la oposición, podría responder a intereses privados.
Pérez cuestiona las razones que estarían detrás de un cambio en el artículo 240.2 del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella de 1986 (PGOU), una norma que regula el desarrollo urbanístico del municipio.
La modificación, sostiene, pretende establecer una regulación transitoria para los llamados “Ámbitos de Intervenciones Singulares”, áreas del planeamiento identificadas para actuaciones específicas.
La edil socialista asegura que la alcaldesa no ha ofrecido explicaciones públicas sobre los objetivos concretos de la reforma. “La falta de claridad alimenta la sospecha de que el principal motor de este cambio podría ser el interés privado”, señaló Pérez en declaraciones recogidas por medios locales.
Desde la alcaldía, hasta el momento, no se han producido pronunciamientos oficiales en respuesta a las acusaciones.
El debate se suma a una larga historia de controversias urbanísticas en la ciudad, donde las decisiones sobre el uso del suelo han sido durante décadas un asunto de fuerte escrutinio político y público.
Latinpress.es
se acercó a la también diputada nacional para preguntarle su valoración sobre esta casi segura modificación del documento público.
- Con la modificación del artículo 240.2 ¿por qué se abren las puertas a los abusos urbanísticos irreversibles?
El cambio que está impulsando el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz contribuye a la desprotección del Casco Antiguo de Marbella en zonas de alto valor patrimonial como, por ejemplo, el Castillo. En el fondo de todo está el proyecto privado que se quiere llevar a cabo en la Casa del Gobernador, que está en uno de esos lugares de mayor protección. Tenemos una alcaldesa que solo busca beneficiar intereses particulares en lugar de los generales y este es un ejemplo más.
- ¿Si se deja el artículo tal y como está, no se corre el riesgo de no renovar obras singulares y convertirlas en una ruina?
El artículo permite las labores de conservación en los diez ámbitos de Intervenciones Singulares. Si hay edificios que, en alguno de esos lugares, se han caído, es porque no se ha aplicado la conservación necesaria. De todas formas, ese artículo fue una solución que se buscó hasta que entrase en vigor el Plan Especial del Centro Histórico de Marbella, un documento que Ángeles Muñoz ha sido incapaz de elaborar en sus 17 años al frente del Ayuntamiento, pese a que era una obligación legal.
- ¿El texto del artículo, quién lo desarrolló, porque parece que se hizo para evitar las críticas sobre posibles especulaciones?
La redacción actual del artículo 240.2 de las normas urbanísticas del PGOU de 1986 se introdujo tras la etapa del GIL y fue publicado en el BOJA el 10 de abril de 2007, por tanto, en tiempo de la gestora.
- Cuando se habla de una regulación “transitoria” hasta la aprobación del Plan de Ordenación Urbana (POU), ¿no se está diciendo o asegurando que no se cambiará el modelo urbanístico, solo evitando el deterioro de edificios?
El PP plantea esta modificación de las normas urbanísticas, que definen como “transitoria” en un momento en el que se está realizando el nuevo POU, por lo que no se entiende muy bien qué necesidad existe por hacer un cambio cuya vigencia va a ser muy limitada, como ellos mismos reconocen. Las prisas seguramente sean las de los promotores que quieren llevar a cabo el desarrollo urbanístico en la Casa del Gobernador. Una vez más, estamos ante un ejemplo de algo que se parece mucho al urbanismo a la carta que se puso en marcha en la época de Gil.
- Cuando se habla de preservación de valores, ¿no se está salvaguardando el evitar derribos?
Debemos proteger al máximo nuestro patrimonio histórico y, desde luego, con cambios como el que está realizando el PP no se va a conseguir. Un ejemplo de la dejación de Ángeles Muñoz en esta materia es el estado de ruina en que se encuentra el convento de la Trinidad de Marbella, donde ha presentado en distintas ocasiones proyectos para su rehabilitación y han sido, una vez más, solo humo. Desde el PSOE ya solicitamos en un pleno que el Ayuntamiento adquiriera la Casa del Gobernador para que revirtiese en un uso público, pero la alcaldesa se negó.
- El artículo, como está descrito, ¿justifica la medida de la remodelación u obras nuevas para evitar los deterioros?
La redacción actual del artículo 240.2 supuso en su día dotar al Casco Antiguo de Marbella de una protección tras los desmanes del gilismo en esta zona de la ciudad. No era suficiente, porque, repito, había que haber elaborado un Plan Especial, pero sí fue algo positivo y un avance hacia esa protección definitiva que la señora Muñoz ha sido incapaz de desarrollar en 17 años y hacia la que debemos ir, no dar pasos hacia atrás con esta modificación que pretende hacer la alcaldesa solo para beneficiar intereses particulares.
- Modificar el artículo, ¿permitiría ampliar el número y el tipo de obras sobre las singulares, incluso la demolición?
Cambiar la protección actual, insisto, es un paso atrás. Afecta a diez ámbitos de Intervenciones Singulares, entre los que están el Castillo, la Muralla y calles como Portada, Huerta Chica o Leganitos, entre otros. Supone pasar de que solo se permitan labores de conservación a que, a partir de ahora, también se puedan desarrollar las de mantenimiento, acondicionamiento, reforma y consolidación. Es abrir el abanico con prisa y de forma innecesaria porque se está tramitando en nuevo POU donde este asunto deberá quedar recogido, esperemos que de otra forma.
- En el fondo, ¿no es desconfianza sobre el modelo de ciudad que Muñoz quiere?
El modelo de ciudad de Ángeles Muñoz es el de la vuelta al urbanismo a la carta, el de los intereses particulares por encima de los generales, el de los colegios privados en lugar de los públicos, el de los rascacielos que quiso permitir en su día, es el modelo del dinero por encima de todo. No podemos olvidar que, en su día, quiso cambiar las lindes con Benahavís para regalar un trozo de terreno al municipio vecino donde tenían intereses inmobiliarios sus familiares. Desconfianza absoluta sobre el modelo de ciudad de Muñoz.
- ¿Si no se modifica, no se podría realizar rehabilitaciones integrales, lo que permitiría que, por ejemplo, la Casa del Gobernador se convirtiera en una ruina?
Si no se modifica, la Casa del Gobernador no podría convertirse en apartamentos turísticos, como parece que es el proyecto que quieren hacer. Insisto en que la norma actual permite labores de conservación. Si un edificio se conserva, ¿por qué se va a convertir en una ruina? Pero esto no va de conservación, sino de pisos turísticos, por si no tenemos suficientes en el municipio.
- ¿Por qué no se propone una mesa de expertos?
La solución, como ya he dicho, además marcada por la ley, es el desarrollo del Plan Especial del Casco Antiguo de Marbella. En 17 años, la señora Muñoz ha tenido tiempo de hacerlo, pero nunca le ha interesado y ahora, encima, está dispuesta a rebajar la protección.

Marbella. — El Ayuntamiento ha reforzado su estrategia de prevención de incendios forestales con la aprobación de dos nuevos planes de autoprotección en zonas especialmente expuestas, una medida que consolida un modelo basado no solo en la planificación pública, sino en la corresponsabilidad vecinal. La decisión, anunciada por el portavoz municipal Félix Romero, forma parte de un programa que acumula más de seis años de desarrollo y que prevé alcanzar los 174 documentos aprobados antes del final del verano. Los nuevos planes afectan a Las Cumbres de Elviria y a Sierra Blanca, dos urbanizaciones enclavadas en laderas boscosas donde el riesgo se intensifica tras un año de abundantes lluvias. La paradoja es conocida: cuanto más verde el paisaje, mayor la carga de combustible en los meses de calor extremo. En ese contexto, el Ayuntamiento defiende haber delimitado prácticamente todas las zonas de peligro y haber articulado un sistema de alerta temprana. Pero el elemento más significativo no es técnico, sino político. Cada plan de autoprotección establece con precisión qué deben hacer los residentes, las comunidades de propietarios y los gestores privados en caso de emergencia. Aunque supervisados por los servicios municipales y de extinción, estos documentos trasladan parte de la responsabilidad operativa a quienes habitan esos espacios. En términos pragmáticos, la implicación vecinal tiene ventajas claras. En entornos urbanos dispersos, donde las urbanizaciones se adentran en el monte, la capacidad de respuesta inmediata es crucial. Los residentes son los primeros en detectar humo, los primeros en intervenir en tareas básicas de contención y, en muchos casos, quienes mejor conocen la configuración del terreno. La autoprotección, bien diseñada, puede reducir tiempos de reacción y evitar que pequeños conatos se conviertan en incendios de gran escala. Además, existe una cuestión de fondo sobre el alcance de lo público. La prevención y gestión de incendios forestales, especialmente en territorios donde la urbanización ha avanzado sobre zonas naturales, es tradicionalmente una competencia estructural de la administración. Cuando esta responsabilidad se comparte —o se desplaza parcialmente— hacia los vecinos, puede interpretarse tanto como una estrategia de eficiencia como una señal de los límites institucionales para cubrir un territorio cada vez más complejo. En Marbella el crecimiento urbanístico ha estrechado la frontera entre la ciudad y el monte, así que los planes de autoprotección no son solo una herramienta técnica, son también un reflejo de un modelo de ciudad que ha externalizado parte de sus riesgos. Funcionan, en el mejor de los casos, como un sistema de cooperación. En el peor, como un parche que traslada al ámbito privado lo que antes era una obligación inequívocamente pública.

Marbella. - En Marbella, algunas promesas urbanísticas no desaparecen: se diluyen. A comienzos de la década de 2010, la ya alcaldesa Ángeles Muñoz anunció una transformación que aspiraba a redefinir la entrada de la ciudad. La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dijo, abriría la puerta a una de las actuaciones más relevantes de España: la reconversión del polígono industrial La Ermita. El planteamiento era ambicioso: más de 1,6 millones de metros cuadrados serían reorganizados para sustituir un tejido industrial envejecido por un gran centro de negocios, acompañado de vivienda —incluida protección oficial— y amplias zonas verdes. Junto a estas actuaciones, se contemplaba la ampliación del Puerto La Bajadilla y la creación de las estaciones de autobús y tren, proyectos competencia de la Junta de Andalucía a los que, se comprometió “exigir su ejecución”, afirmaba Muñoz. Las empresas serían trasladadas a La Serranía, un nuevo espacio productivo de 850.000m², más del doble que el polígono existente (350.000m²). Habló de una planificación sobre el número de naves que se trasladarían y qué tipo de actividad desarrollarían, asegurando que los empresarios dispondrían del espacio suficiente para toda su actividad, “ una vez que se desarrollara y urbanizara ”. El tiempo prometido, hasta que se produjera el traslado, era de cinco años. Hoy, el reciente incendio en La Ermita ha obligado a recordar que la ciudad sigue enfrentando un problema que decidió posponer. El polígono, con orígenes que se remontan al menos a los años setenta, recordaba el portavoz del Gobierno de Marbella, Félix Romero, evidencia las limitaciones de un modelo industrial superado. Calles estrechas, densidad excesiva, escasa capacidad de expansión y malas conexiones, configuran un entorno poco compatible con actividades de mayor valor añadido. La implantación de empresas tecnológicas o industriales avanzadas no es solo difícil; en muchos casos, es inviable en un espacio ya superado por el tiempo. La obsolescencia física, sin embargo, no cuenta toda la historia. La Ermita ya no funciona como un polígono industrial en sentido estricto, nos dijo Romero, estimando que cerca de un 80% de su actividad está vinculada al sector servicios y al soporte del turismo: talleres, almacenes, pequeñas empresas auxiliares. Es un espacio que sostiene la economía real de la ciudad, aunque no encaje con su relato de futuro. Pese a ello, la cuestión de su futuro sigue sin una respuesta clara. No existe, por ahora, un estudio público concluyente ni un proyecto definido que marque una hoja de ruta. Lo que sí ha sido constante, según reconoció Romero, es el planteamiento histórico de trasladar el polígono a una ubicación más adecuada. Una idea que, sin embargo, nunca ha llegado a materializarse, quedándose en la pura retórica. No existe un estudio público concluyente, ni un proyecto definido, ni un calendario creíble. La explicación oficial dada a Latinpress.es apunta a la incertidumbre urbanística, marcada por la ausencia prolongada de un PGOU plenamente desarrollado. Una carencia que ha servido como argumento para aplazar decisiones estructurales. El resultado es que Marbella vive en un equilibrio precario, necesita el suelo que ocupa La Ermita para responder a la creciente presión residencial y a su modelo de crecimiento. Pero también necesita las empresas que operan en ese espacio, cuyo desplazamiento sin alternativas viables tendría un impacto inmediato en el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Reordenar el polígono, por tanto, no es solo una cuestión urbanística, es una intervención directa sobre su modelo económico. Implica decidir si Marbella quiere —y puede— diversificar su base productiva o si, por el contrario, continuará profundizando en su especialización turística, reorganizando sus infraestructuras para servir a ese objetivo. Latinpress.es fue claro en su pregunta al portavoz: ¿Qué Futuro tiene en Marbella un nuevo polígono industrial? ¿Hay algún estudio o proyecto? Romero fue cauto: Mire, el polígono, evidentemente adolece de planificación, algo propio de infraestructuras de este tipo que se hacían en aquellos años y que hoy generan problemas de los que somos todos conscientes. La Corporación, desde siempre, ha tenido el planteamiento del traslado del polígono, es una cuestión que se ha planteado en infinidad de ocasiones y que sin embargo, ha chocado con la situación urbanística, con la ausencia de Plan General etcétera. Estoy convencido de que es algo que tendrá que debatirse y hablarse, por supuesto, con todos los propietarios, de forma que sea beneficioso para todo el mundo. Será una de las cuestiones que habrá que abordar cuando estemos en una fase más avanzada de la planificación urbanística. Latinpress.es ¿Ha dicho que, cuando exista el nuevo plan general, será cuando tendrá cabida la discusión de este desarrollo? No exactamente, lo que he querido decir es que en otro momento de la fase de elaboración del Plan General, puede tratarse este tipo de casos. Siempre se ha planteado la posibilidad del traslado del polígono porque Marbella está necesitada de suelos, para sus empresas y para la vivienda y, también está necesitada de una planificación lógica acerca de esos polígonos industriales que tenemos. Hablo de todos los polígonos que hay en Marbella. Hay que reordenar. Hay que planificar. Y hay que ubicar en los sitios pertinentes los distintos polígonos del municipio. Es un tema que deberá ser tratado, probablemente, en un estadio distinto del que estamos ahora mismo en cuanto a la tramitación del plan. Las empresas instaladas son necesarias y no pueden ser desplazadas sin alternativas viables. El debate, por tanto, trasciende lo urbanístico. La situación de La Ermita plantea muchos interrogantes, uno es sobre el modelo de ciudad al que se aspira y otro, si las autoridades locales y regionales están dispuestas a diversificar su economía y atraer nuevas actividades productivas.

Marbella. - El Ayuntamiento ha puesto en marcha la construcción de un aparcamiento provisional en Trapiche Norte como solución transitoria a las obras del futuro parking subterráneo del albergue África. La medida, presentada como un alivio inmediato para los vecinos, llega acompañada de una narrativa ya conocida en la ciudad: urgencia y promesa de solución definitiva. El concejal responsable, Diego López, describe el proyecto como una respuesta necesaria para evitar el colapso circulatorio en una zona densamente poblada. El recinto, con capacidad para 140 vehículos, se levanta junto al skate park de La Florida y la estación de autobuses, en una parcela de 4.500 metros cuadrados que ha requerido labores básicas de acondicionamiento: desbroce, nivelación y preparación del terreno. En las próximas semanas, se completará con canalizaciones de pluviales, asfaltado, señalización y un sistema de control de accesos con barreras. Mientras tanto, el proyecto estructural —el parking subterráneo con capacidad anunciada para 600 vehículos— se presenta como la respuesta final a un problema crónico de estacionamiento en el barrio de Miraflores y el entorno de la avenida del Trapiche. Pero la memoria reciente invita al escepticismo. En enero de 2023, Ayuntamiento y Junta de Andalucía anunciaron la creación de 800 plazas de aparcamiento. Poco después, la cifra ascendió a 1.000, en lo que se calificó oficial se ha concretado en 600 plazas.

Marbella. - Aunque el proyecto viene anunciándose año tras año, ahora, cuando todo indica que comenzarán las obras para el aparcamiento subterráneo del Albergue África, los vecinos continúan sin información oficial de cuándo comenzarán las excavaciones y el trasiego de las máquinas. Para Manuel Núñez, coordinador local de Izquierda Unida, de lo que se trata es de la responsabilidad institucional: informar no es una opción, sino una obligación. La denuncia hecha por Izquierda Unida – Por Andalucía sobre el aparcamiento subterráneo no describe solo un fallo puntual de comunicación, sino un patrón reconocible en la gestión municipal: infraestructuras que se impulsan desde arriba, mientras quienes vivirán sus consecuencias se enteran tarde, mal o por canales informales. El proyecto, vinculado a los compromisos electorales de la alcaldesa Ángeles Muñoz en 2023, ha recorrido un trayecto peculiar: después de dos años los residentes directamente afectados que viven en casas y pisos de los años 50— apenas han tenido acceso a algo más que una exposición superficial de “ideas generales” desde una reunión en 2025. Los vecinos se quejan de haberse enterado por rumores sobre el aviso del inminente inicio de las obras. Nadie con carácter oficial ha hecho una notificación formal sobre qué pasará en el aparcamiento en superficie. El problema trasciende la cortesía administrativa ya que las viviendas colindantes no son estructuras contemporáneas diseñadas para convivir con grandes excavaciones, sino edificaciones con más de medio siglo de antigüedad, potencialmente vulnerables a movimientos de tierra y vibraciones. En ese contexto, la ausencia de estudios geotécnicos accesibles, garantías formales o compromisos explícitos sobre posibles daños no es solo una omisión técnica; es una decisión política.

El primer presidente de YPFB en este gobierno duró tres meses mientras que la señora que lo reemplazó apenas aguantó 22 días en el cargo y renunció, lo que es la prueba no de una epidemia, sino del poderoso sindicato masista que existe en la empresa. Los empleados de YPFB no llegaban a 1.000 en el año 2005, pero el MAS decidió subir la planilla a 8.000, con sus militantes, analfabetos y violentos, que no aportan nada a la empresa creada tras la guerra del Chaco. Carlos Delius, un ingeniero que sabe mucho del tema petrolero, dijo esta semana; "La realidad es que YPFB no es una empresa petrolera, es una corporación que responde a todo tipo de intereses, a todo tipo de directrices. Para poner en sencillo: es un botín”. Por algún prejuicio, o quizá porque se trata de una empresa “estratégica”, el gobierno no la incluyó en la lista de las 16 empresas públicas quebradas que podrían ser cerradas en tres meses, si es que el presidente Rodrigo Paz mantuviera su actual predisposición. Pero el presidente está optando por soluciones diferentes, de cuño político. Ha anunciado más de una vez que está pensando quitarle a YPFB la compra y venta de combustibles en el país. Es una forma elíptica de decirle al país que, en realidad, la gasolina negra y la falta de diésel son fallas de las que hay que culpar al sindicato de 8.000 masistas. Por lo tanto, reducida de esa manera la tarea que debe cumplir la empresa en el país, sólo debe ocuparse de explorar para mejorar las cifras de las reservas, en este momento en el nivel más bajo de la historia, 3,7 TCF, lo que da para tres años con el actual ritmo de explotación. Eso del TCF es un error cometido por el periodismo de Estados Unidos y difundido en todo el mundo, en que la T significa trillones, refiriéndose a billones (millones de millones) de pies cúbicos. Es que ellos hablan una lengua bárbara, y no son capaces de entender que el prefijo “bi” significa dos y el “tri”, pues tres. ¿Qué tiene de tres un millón de millones? Y le llaman billón a mil millones, siendo que es un conjunto de tres grupos de ceros. “Lingua bárbara” decía un colega italiano. Antes de que el MAS llegara al gobierno, las reservas eran mayores en diez veces, es decir 36 billones de pies cúbicos, lo que dio lugar a que se hablara y debatiera intensamente sobre la posibilidad de exportar gas a Estados Unidos y México. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es vacaflorhumberto@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

Respecto al sistema del fracking para extraer gas, tan discutido en México en este momento, al parecer hay avances en la investigación que disminuyen en forma acentuada los problemas que se pueden presentar en esa aplicación. Ante la controversia que se ha suscitado, se anuncia desde la presidencia la intervención solicitada de expertos, tanto de la UNAM, como de la UAM y el IPN. Ellos, desde su perspectiva académica y científica, pueden dar una opinión, la misma que tendrá que coincidir no solo con la pertinencia del uso, sino en torno a lo que se justifica, sobre la ganancia económica y la soberanía energética del país, de acuerdo a la opinión que ha dado del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí. Hace diez años, el 29 de abril de 2015, publiqué la crónica siguiente, crónica que ahora recupero de Quadratín, con todos los agravantes que trascendía de varios países, sobre todo de estados del vecino país del norte. Mi escrito se refiere ante todo a la sismicidad inducida que ha producido esa técnica y puse varios ejemplos sobre todo de cuatro estados estadounidenses, Colorado, Nuevo México, Arkansas y Kansas. Los cambios que ha habido en ese sistema de fracturación para extraer gas natural, se han estado promoviendo sobre todo en aquellos sitios en los que se precisa utilizarlo por necesidad, tomando en cuenta el descenso de los agravantes con nuevas tecnologías. LOS POSIBLES EFECTOS DEL FRACKING “En México se denunció sismicidad inducida remotamente desde varios países, como cuando ocurrió el terremoto de Chile en febrero de 2010. Oaxaca, Michoacán y Guerrero fueron las entidades afectadas, igual como ocurrió en Baja California con el terremoto de Japón en marzo del 2011. Se trata al parecer, de un fenómeno de repercusión de un sismo natural que puede expresarse en segundos o en años ¿Pero cuántos sismos han ocurrido por fracking, que los mexicanos ignoramos? El fracking es una técnica de fracturación hidráulica para extraer gas no convencional, que ocasiona una serie de problemas ambientales, entre ellos la posible sismicidad. INVESTIGACIONES POR LOS SISMOS INDUCIDOS. El terremoto que devastó a Nepal, puso en evidencia la gravedad de los movimientos telúricos, que en ese caso, según informes, fueron 700 veces más potentes que la bomba sobre Hiroshima del 6 de agosto de 1945. Pero el de Nepal fue además un desastre natural. Se sumaron las dos causas. Los otros, generados por la mano del hombre, son parte de la agresividad que se impone sobre el planeta para fines a veces lucrativos y que año con año, son más graves. Se habla de 8.2 grados en la escala de Richter en ciertos casos. Un ejemplo mencionado por The New Time International Weekly el 18 de abril de 2015, es el de Oklahoma que pasó de tres sismos en años anteriores a 585 en el 2014. Si el ritmo de extracción de gas y petróleo continúa, este año se calculan 750 sismos al terminar diciembre. LA EMBAJADA GRINGA REPUDIÓ ESCRITO. Aunque hay polémica en el medio científico sobre el origen de esos sismos -pero se acepta que son inducidos-, los pobladores de lugares como Prague, se están protegiendo con infinidad de demandas que ponen en evidencia a las compañías petroleras. El gobierno de Oklahoma, asaeteado por los pobladores después de un sismo de 5.7, ha dicho “que es un acto de dios y culpa de nadie”. Pero los millones de dólares por reparaciones que están en entredicho, si serán responsabilidad de alguien. Los casos también se están viendo en Colorado, Nuevo México, Arkansas, Kansas y otros lugares, desde el siglo pasado. El asunto ocasiona alerta en el mundo. Científicos uruguayos lo señalan y en España se exigen responsabilidades porque en algunos de estos sismos han muerto personas. El científico Antonio Aretxabala, geólogo de la universidad de Navarra, ha expresado que cuando se habla de sismicidad inducida por la mano del hombre, “nos miran como bichos raros”. Así me miraron a mi en 1985, cuando publiqué en Unomásuno, una entrevista con un experto guatemalteco, que habló de los sismos inducidos por explosiones nucleares. La embajada de Estados Unidos envió una severa aclaración y los del Instituto de Geofísica de la UNAM me contestaron con jiribilla. Años después, a las explosiones nucleares entre otras grandes horadaciones a la tierra, se agregaron la creación de grandes embalses -presas- y el fracking, palabreja que a muchos les gusta. ESTUDIO SOBRE EL TERREMOTO DE CHILE. La controversia sobre el tema generó el Estudio de sismicidad local disparada en México por el terremoto de Chile en 2010, como se llama la tesis que presentó Diana Margarita López Reyes, apenas en enero pasado, para obtener el título de ingeniera geofísica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En ella se explaya en el singular caso de que un gran terremoto repercuta en otras regiones del mundo, incluso sin ser zonas sísmicas. Auxiliada de un lenguaje técnico, explica cómo se detectaron las regiones y los grados de sismicidad manifestada, tal como ocurrió en marzo del 2011 en Baja California, cuando tembló en Japón. No explora la sismicidad inducida por la mano del hombre, pero en ésta, los científicos europeos si son bastante drásticos” LA RESOLUCIÓN FINAL EN MÉXICO. Aquí termina mi crónica del 2015, publicada para dar una idea de que el tema del fracking ha sido polémico y discutido desde hace tiempo. Y que por ello la propia presidencia ha buscado el auxilio de expertos, dado que con el tiempo ha habido avances y nuevas tecnologías. Las investigaciones científicas y la resolución oficial dirán que pasará. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. laislaquebrillaba@yahoo.com.mx.

Marbella.— En las playas de la ciudad, donde la afluencia crece cada fin de semana soleado, el Ayuntamiento ha vuelto a desplegar un sistema sencillo: Evitar que un descuido se convierta en un problema mayor. Se trata de pulseras identificativas, gratuitas, pensadas para menores y personas vulnerables. Fabricadas con un material resistente al agua y diseñadas para ser visibles a distancia, funcionan como un vínculo discreto entre quien puede perderse y quienes deben encontrarlo. Cada pulsera incluye un código numérico y un color identificativo. No hay nombres ni teléfonos a la vista. Esa información queda registrada únicamente por los socorristas y se centraliza en un puesto de coordinación. La idea es equilibrar dos preocupaciones habituales en espacios públicos: la rapidez de respuesta y la protección de datos. Si alguien se extravía, el protocolo se activa sin rodeos. El socorrista que localiza a la persona identifica el código y contacta con el centro de coordinación, que a su vez avisa a la familia. En teoría, el proceso reduce la incertidumbre a unos pocos minutos. El sistema, coordinado por el servicio de salvamento, estará disponible los fines de semana y festivos hasta el 1 de junio, y pasará a funcionar a diario durante la temporada alta, cuando las playas de Marbella alcanzan su máxima ocupación. No es una medida nueva, pero sí recurrente. Durante la pasada Semana Santa, permitió localizar a cuatro personas. No es una cifra elevada, aunque suficiente para justificar su continuidad en un entorno donde la multitud y la distracción forman parte del paisaje. Las pulseras pueden solicitarse en cualquiera de los 17 módulos de salvamento repartidos por el litoral. Cada pulsera incorpora un código numérico y un color identificativo, mientras que los datos de contacto se registran exclusivamente por la plantilla de socorrismo y se trasladan al centro de coordinación. De este modo, se garantiza la protección de datos, ya que el dispositivo no incluye información personal visible. En caso de extravío, el procedimiento establece que el socorrista que localiza al extraviado identifique el código y contacte con Coordinación, desde donde se avisa de forma inmediata a los familiares. Mientras tanto, los socorristas siguen desempeñando una labor menos visible pero constante: informar, prevenir y recordar que, en la playa, la seguridad rara vez depende de una sola medida. Las pulseras pueden solicitarse en cualquiera de los módulos de salvamento.

En Marbella, la política local ha ofrecido en los últimos días una secuencia difícil de ignorar. No tanto por lo extraordinario de los hechos, sino por la forma en que encajan entre sí. Los dirigentes de Por Andalucía e Izquierda Unida — Tony Valero , Ernesto Alba y Victoria Morales — han situado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el centro de una crítica estructural. Hablan de un “paraguas” político que, lejos de ser circunstancial, ofrecería cobertura a dinámicas que consideran aún vigentes en la Costa del Sol. Bajo ese marco, aparecen los nombres de Ángeles Muñoz y José María García Urbano . La idea que sostienen es que la corrupción no pertenece a un ciclo superado, sino que sigue operando como una arquitectura que condiciona el presente. No como excepción, sino como sistema. En paralelo, el Ayuntamiento ha dado un paso en la dirección que cabría esperar ante ese diagnóstico con la aprobación de un Canal de Denuncias . La iniciativa, impulsada por Isabel Pérez , salió adelante con el respaldo de todos los grupos salvo Vox. El movimiento es relevante. Introduce un mecanismo formal para que empleados y ciudadanos comuniquen irregularidades. Queda por ver cuándo estará operativo . En materia de transparencia, los plazos también forman parte del mensaje. La misma sesión plenaria dejó una combinación menos intuitiva. Se aprobó facilitar la detección de fallos en la gestión pública (canal de denuncias), pero se rechazó que el Ayuntamiento asumiera la gestión de las colonias felinas. Toda una paradoja que invita a la reflexión. Mientras tanto, Isabel Pérez consolida su perfil político. Sus intervenciones recientes en el Congreso han situado el foco en el urbanismo como eje de disputa. El contraste es nítido: el modelo que respalda el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la vivienda protegida permanente, con mecanismos antifraude y criterios objetivos; el Partido Popular defiende una mayor flexibilidad de la VPP y su eventual descalificación. El debate no es menor. Define el acceso a la vivienda y el papel del mercado en ese acceso. En Marbella, sin embargo, la discusión convive con una práctica habitual: el anuncio de VPP como señal de compromiso público, sin que se cuestione la regulación de las viviendas de uso turístico. En el Parlamento español Pérez ha ampliado el foco hacia los servicios públicos. Ha señalado el colapso sanitario y la desaparición de 2.402 aulas desde 2019 en Andalucía y, en paralelo al crecimiento de la oferta privada. A este escenario se suma la querella de PACMA al Ayuntamiento por la muerte masiva de fauna en el embalse de Las Medranas . La denuncia apunta a una cadena de decisiones —y omisiones— que habrían permitido el deterioro progresivo del ecosistema. El traslado de fauna, según se sostiene, se realizó sin garantías ni protocolos. Más allá del caso concreto, la cuestión de fondo es conocida: en entornos de alto valor inmobiliario y turístico, los espacios naturales compiten en condiciones desiguales frente a usos económicos intensivos. No siempre pierden, pero rara vez parten en ventaja. En el ámbito económico, APYMESPA ha planteado otra dimensión del mismo problema: el impacto de las obras públicas sobre pymes y autónomos. Su propuesta incluye ayudas directas y exenciones fiscales para quienes soportan pérdidas derivadas de actuaciones prolongadas o recurrentes. El planteamiento incorpora una premisa sencilla: el progreso urbano no es neutro si su ejecución carece de planificación. La repetición de obras en los mismos puntos o su prolongación en el tiempo introduce un coste que, en ausencia de compensación, recae íntegramente sobre la actividad privada. Ciudades como Benalmádena, Sevilla, Zaragoza o Madrid ya contemplan mecanismos de este tipo. La novedad, en este caso, no es la idea, sino su ausencia.

