La regulación de las VUT
Isabel Pérez y Francisca Caracuel • 26 de abril de 2025
El Psoe propone regular las VUT y el PP hace suya la regularización.
Marbella. —
En un debate que pone de relieve las crecientes tensiones entre el modelo turístico y el derecho a la vivienda, la concejala Isabel Pérez volvió a poner sobre la mesa (en el pleno del viernes) una demanda ya inaplazable: regular de forma estricta las viviendas de uso turístico (VUT).
Apoyada en un informe de la Universidad de Málaga, Pérez advirtió de las consecuencias evidentes de la proliferación de estos alojamientos: encarecimiento del alquiler, saturación de los servicios públicos y degradación de la calidad de vida de los residentes permanentes.
La propuesta exigía al Ayuntamiento de Marbella mayor control, zonificación específica y un censo actualizado de las VUT, en coordinación con la Junta de Andalucía.
Pérez recordó, además, que a nivel estatal ya se han introducido mecanismos —como la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal— que permiten a las comunidades de vecinos limitar la expansión de este tipo de viviendas.
La respuesta del gobierno municipal, en manos del Partido Popular, llegó en boca de Francisca Caracuel, anunciando su voto favorable a la iniciativa, lo hizo no sin ironía: recordó que el estudio citado había sido impulsado por el propio ayuntamiento, señalando que votarían a favor porque era lo que ellos (el gobierno) ya estaba haciendo, olvidándose de que reiteradamente se han negado a la aplicación de la ley de vivienda tensionada.
Caracuel, no obstante, admitió la necesidad de regulación, aunque bajo la premisa de proteger el interés del sector turístico, columna vertebral de la economía local.
Su intervención puso de relieve otra preocupación recurrente entre los sectores conservadores: la "ocupación" de viviendas por arrendatarios morosos.
Caracuel abogó por un marco legal que permita la recuperación inmediata de inmuebles en casos de impago, mezclando así dos debates de naturaleza muy distinta: el del turismo residencial y el de la vivienda social.
Destacó la falta de suelo y una mayor seguridad jurídica porque si un arrendatario deja de pagar se convierte en un okupa.
La puntualización vino del concejal socialista José Macías, quien recordó que el impago de la renta no constituye un delito penal, sino un incumplimiento contractual. "No se puede criminalizar al inquilino", afirmó, subrayando que los desalojos sólo pueden ejecutarse mediante resolución judicial, garantizando los derechos constitucionales de los afectados.
El debate en Marbella ilustra una contradicción fundamental que resuena en toda España: mientras los gobiernos locales proclaman la necesidad de regular, siguen atrapados entre los intereses inmobiliarios, la presión del turismo y una creciente emergencia habitacional.
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