Marbella.— The Leading Property Agents of Spain (LPA), una de las principales asociaciones del sector en la región, ha puesto en marcha una agenda para 2026. Sin abandonar el lenguaje habitual del crecimiento, se centra en la construcción de un marco regulatorio y profesional común para el conjunto del ecosistema inmobiliario. El movimiento no es menor en un mercado donde operan cientos de agencias, con niveles muy dispares de formación, prácticas comerciales y estándares de transparencia, en un entorno altamente internacionalizado. En los encuentros internos de la asociación —foros bilingües de referencia para el análisis del sector— el diagnóstico se repite con pocas variaciones: el mercado funciona, pero lo hace con fricciones. La inteligencia artificial, la digitalización de procesos, la presión del alquiler turístico y la complejidad jurídica de las operaciones internacionales están acelerando la transformación del sector. Pero también están evidenciando una brecha: la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de parte del tejido profesional. Un giro hacia la regulación. El elemento más relevante de la hoja de ruta es la creación de una federación andaluza de asociaciones inmobiliarias, prevista para mayo, que aspira a impulsar un registro oficial de agentes. La propuesta introduce un cambio significativo en un sector tradicionalmente abierto: para operar con garantías será necesario acreditar formación específica, disponer de seguros de responsabilidad civil y demostrar trayectoria profesional. El objetivo es doble. Por un lado, elevar los estándares de entrada al mercado. Por otro, reducir la asimetría de información que suele afectar al comprador, especialmente en operaciones internacionales donde el conocimiento del entorno legal y fiscal es limitado. La IA La inteligencia artificial ocupa un papel central en la transformación del sector. Herramientas de automatización ya están optimizando procesos como valoraciones, análisis de demanda o gestión documental. Sin embargo, el consenso dentro de LPA es que la tecnología no sustituye al agente inmobiliario, sino que redefine su papel. La ventaja competitiva ya no reside en el acceso a la información, sino en su interpretación y en la capacidad de generar confianza en transacciones complejas. De ahí el impulso a un programa formativo común que aspira a convertirse en estándar en la Costa del Sol, con especial atención a las competencias legales, fiscales y comerciales en entornos internacionales. En paralelo, la asociación trabaja en un acuerdo marco con promotoras inmobiliarias de la región, desde Málaga hasta Sotogrande. El objetivo es establecer reglas más claras en la comercialización de obra nueva y reducir prácticas que generan opacidad o competencia desordenada entre intermediarios. La iniciativa también busca introducir mecanismos de incentivos y control para mejorar la coordinación entre promotores y agencias, en un mercado donde la demanda sigue siendo alta pero las condiciones de acceso no siempre son transparentes. Qué cambia para los clientes y para los profesionales Para los clientes (compradores e inversores) se espera mayor seguridad jurídica y, una exigencia de formación y seguros para reducir el riesgo de errores en operaciones complejas. Más transparencia con un registro oficial de agentes profesionales acreditados frente a operadores informales. Menos asimetría de información. Mayor protección en la compra, especialmente en obra nueva y operaciones de inversión, donde los contratos suelen ser más complejos. Reducción de malas prácticas Para los asociados (agencias y profesionales) el objetivo es la revalorización del agente profesional con una regulación que eleva las barreras de entrada y distingue a operadores cualificados. Mayor reputación, acceso a formación estructurada y mayor interlocución institucional. En conjunto, la estrategia de LPA apunta a un cambio de fase: de un mercado basado en la expansión y la oportunidad, a otro basado en reglas, confianza y profesionalización.

Marbella. - El pleno del Ayuntamiento de Marbella dejó este viernes una fotografía política reveladora: el Partido Popular (PP) optó por rechazar una moción del PSOE que ponía el foco en un problema de gestión concreta —y prolongada— en materia de bienestar animal. La iniciativa, defendida por la portavoz socialista, Isabel Pérez, no se limitaba a una declaración de intenciones. Señalaba un fallo administrativo específico: el bloqueo del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), considerado por expertos como la vía más eficaz para controlar las colonias felinas urbanas. Pero, sobre todo, evidenciaba la distancia entre los anuncios del equipo de gobierno y su ejecución real. Uno de los puntos más incisivos de la moción fue el recordatorio de un compromiso concreto: la creación, anunciada en abril de 2025, de un sistema oficial de acreditación para voluntarios. El proyecto incluía carnés identificativos, formación reglada y herramientas como códigos QR para evitar conflictos con la policía o con vecinos. Un año después, ese sistema no existe. La consecuencia, según Pérez, no es menor: más de treinta personas continúan actuando en un limbo legal, expuestas a sanciones mientras suplen, de facto, una carencia municipal. La crítica de fondo no es tanto la ausencia de medidas como la inconsistencia política. La moción apuntaba a una “inseguridad jurídica” generada por la propia administración local, que primero reconoce la labor de los cuidadores y después permite que sean sancionados. En ese contraste reside uno de los argumentos más sólidos del texto: no se trata solo de bienestar animal, sino de coherencia institucional. El partido de gobierno (PP), al tumbar la propuesta ha esquivado la obligación de calendarizar o concretar medidas que ya había anunciado, manteniendo el problema en una zona de ambigüedad administrativa. La gestión de las colonias felinas queda así, una vez más, apoyada en el voluntarismo y no en una política pública estructurada. En paralelo, el mismo pleno sí aprobó —con apoyo del PP y OSP— la creación de un canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 y la Directiva Europea 2019/1937, un instrumento orientado a reforzar la transparencia y detectar irregularidades. La paradoja es difícil de ignorar: el Ayuntamiento respalda mecanismos para señalar fallos en la gestión pública (canal de denuncia) mientras desestima una moción que, precisamente, detalla uno de esos fallos: el cuidado de las colonias felinas.

Marbella. - La ciudad ha optado por adelantarse a escenarios improbables pero potencialmente devastadores: terremotos y maremotos. La aprobación definitiva de ambos planes locales no responde a una emergencia inmediata, sino a una estrategia de anticipación que, en teoría, busca reducir la improvisación cuando el margen de error es mínimo. El planteamiento municipal se apoya en una premisa técnica razonable: aunque la Costa del Sol no es una zona de alta actividad sísmica, tampoco es ajena a ella. Los más de cien movimientos registrados recientemente en el entorno Málaga-Cádiz —la mayoría imperceptibles— sirven como recordatorio de una vulnerabilidad latente. El plan sísmico aprobado incorpora un análisis detallado de esa exposición, identifica infraestructuras críticas y establece protocolos de actuación. Sobre el papel, cumple con los estándares exigibles. Más ambicioso —y también más delicado— es el plan frente a los maremotos. En una ciudad cuya vida económica gira en torno al litoral, reconocer la fragilidad de playas, puertos y paseos marítimos introduce una tensión evidente entre desarrollo y riesgo. Las rutas de evacuación hacia zonas elevadas, los sistemas de alerta y la coordinación de emergencias son elementos necesarios, pero no suficientes. La experiencia en otros contextos muestra que estos planes solo funcionan cuando la población los conoce, los entiende y los ha ensayado. Ahí radica uno de los puntos críticos. El propio Ayuntamiento prevé simulacros y una futura señalización de zonas seguras, pasos esenciales para trasladar la planificación del documento al espacio urbano. Sin embargo, ese tránsito —de la norma a la práctica— suele ser el eslabón más débil en la política de protección civil local, donde la visibilidad de la inversión no siempre se traduce en preparación real. La coordinación institucional, canalizada a través del CECOPAL y avalada por la Comisión Permanente de Protección Civil de Andalucía, refuerza la credibilidad técnica del proyecto. El mensaje oficial insiste en que no se trata de alarmar, sino de anticiparse. Es una línea argumental habitual en la gestión del riesgo contemporánea, donde la prevención compite con otras prioridades más visibles. En Marbella, el verdadero test no será la aprobación de los planes, sino su integración en la vida cotidiana de la ciudad: en la señalización, en la formación ciudadana y en la capacidad de respuesta cuando el escenario deje de ser hipotético.

Marbella. - La reciente intervención parlamentaria de Isabel Pérez en el Congreso no se presenta como un hecho aislado, sino como la prolongación de una línea argumental ya expuesta el pasado 30 de marzo. Entonces, como ahora, el eje de su discurso gira en torno a una idea central: la fragilidad del urbanismo en España no es solo un problema técnico, sino el reflejo de un modelo político en disputa. Pérez evocó su experiencia como delegada de Urbanismo en Marbella durante la anulación del Plan General de 2010 por el Tribunal Supremo, la presentó no como un argumento sino como testimonio para construir una crítica estructural de un sistema en el que errores formales pueden invalidar años de planificación no solo genera inseguridad jurídica, sino también por los intereses oportunistas. En materia de vivienda, la intervención marcó una línea en defensa de un modelo de protección estructural frente a la liberalización del suelo, señalando que el Gobierno de Pedro Sánchez está alineado con el Plan Estatal de Vivienda, que apuesta por una vivienda protegida permanente,con mecanismos antifraude y criterios de adjudicación objetivos, mientras que el Partido Popular quiere la flexibilización de la VPO, la posibilidad de descalificación para dar un mayor protagonismo al mercado. En su intervención recordó que la liberalización del suelo y la desregulación no resolvieron el acceso a la vivienda en el pasado, sino que contribuyeron con la burbuja inmobiliaria con consecuencias sistémicas. La diputada advertía que el debate actual no trata de ajustar políticas, sino evitar repetir un ciclo conocido. Aseguró que las comunidades autónomas no solo tienen margen de actuación —zonas tensionadas, regulación del alquiler, control de viviendas turísticas—, sino que también cuentan con incentivos financieros significativos. Sanidad: el argumento del deterioro. Aunque desarrolló menos el bloque sanitario, aseguró que sigue la misma lógica discursiva: vincular gestión autonómica con deterioro del servicio público y la mayor presencia de la sanidad privada. Hizo referencia a las listas de espera que han colapsado el sistema, señalando que esto es consecuencia del modelo de gestión pública que aplican en Andalucía, denunciando que hoy por hoy se está priorizando la externalización a la vez que se debilita progresivamente lo público. Educación: decisiones urbanísticas con impacto social. En el ámbito Isabel Pérez educativo denunció la desaparición de aulas públicas y la promoción de centros privados, poniendo (spoiler) sobre la mesa la confirmación de la Junta de Andalucía en renovar, en su totalidad, los conciertos educativos con centros privados para el curso escolar 2025-2026, justificando su decisión en la “demanda de escolarización” y el que desde la llegada del PP al poder andaluz en 2019, se han cerrado 2.402 aulas en colegios públicos. Citó el caso del suelo público destinado a un colegio sueco privado en Marbella, asegurando que no se trata solo de una decisión urbanística, sino de una orientación política sobre el uso de los recursos públicos, recordando que la alcaldesa de Marbella llegó a decir que “no hacen falta más colegios públicos” en la ciudad. Para la parlamentaria, Marbella funciona como un laboratorio político, los múltiples ejemplos de privatización de suelo público, desde equipamientos deportivos hasta la transformación de la Residencia a Tiempo Libre en activo turístico, no son anecdóticos: son, en su argumentación, pruebas de un patrón. Por último, Pérez insistió en que el urbanismo en Marbella ha sido significado de especulación, interés particular y corrupción, gobernada primero por GIL y luego por el Partido Popular. Lo que quieren sus “Señorías”, dirigiéndose a la bancada popular, es construir más con menos control. Quieren un modelo de Ley del Suelo que facilite reclasificaciones y dejar el urbanismo en manos de la especulación. Lo que propone el PSOE para todos es una reforma técnica jurídica y sensata con plazos, con garantía, con seguridad, y ustedes señorías del PP, han votado en contra.

Marbella. - La querella por el caso del embalse de Las Medranas expone algo más que una disputa política puntual; revela las tensiones entre el desarrollo urbano, la gestión del agua y la protección de la fauna en enclaves turísticos sometidos a alta presión. La querella, anunciada por el Partido Animalista PACMA, introduce un elemento clave: judicializa una cadena de decisiones —y omisiones— que, según la formación, no pueden entenderse como errores aislados. La denuncia no gira únicamente en torno a la muerte de animales, sino sobre un modelo de gestión que habría permitido el deterioro progresivo de un ecosistema sin activar mecanismos de corrección. En ese sentido, el argumento más contundente no es la denuncia del episodio de enero de 2025 —el traslado de fauna sin garantías—, sino la idea de que dicho episodio era previsible. Las advertencias previas sobre vertidos, acumulación de residuos y extracción de agua en un contexto de sequía apuntaban a un sistema ya tensionado. La falta de respuesta institucional, descrita por PACMA, sugiere una desconexión entre los indicadores de riesgo ambiental y la acción administrativa. El traslado de fauna, presentado en su momento como una medida de mitigación, se convierte aquí en el punto de inflexión. Si, como se sostiene, se realizó sin autorización ni protocolos adecuados, no solo habría fallado como solución, sino que habría amplificado el daño. La posterior mortandad registrada en el Lago de las Tortugas refuerza esa narrativa: una intervención que pretendía proteger termina evidenciando la fragilidad del sistema. Desde una perspectiva ambiental, el caso señala un patrón recurrente en zonas de alto valor inmobiliario y turístico donde los humedales, embalses y corredores ecológicos quedan subordinados a usos económicos intensivos, como el riego de campos de golf. En periodos de sequía, esa tensión se intensifica, y la gestión del agua deja de ser solo una cuestión técnica para convertirse en una decisión política con consecuencias ecológicas directas. La inclusión en la querella de posibles delitos como maltrato animal o gestión ilegal de residuos eleva el debate, pero es la mención a la prevaricación por omisión la que introduce una dimensión más incómoda. No se trata únicamente de si se actuó mal, sino de si no se actuó cuando era obligatorio hacerlo, desplazando la discusión desde la incompetencia hacia la irresponsabilidad consciente. PACMA advierte que la querella se basa en una presunta "gestión negligente" del embalse que podría constituir delitos de maltrato animal con resultado de muerte y gestión ilegal de residuos. El Partido Animalista ha avanzado la interposición de la querella en Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella contra responsables de dicho Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de las actuaciones relativas al embalse de Las Medranas. Recuerdan que, el traslado de fauna realizado en enero de 2025 por labores de vaciado, se llevó a cabo sin autorización previa y sin respetar los protocolos de bienestar animal, provocando "estrés, lesiones y muerte de numerosas especies". En octubre de 2024, la formación alertó por primera vez de la “gestión deficiente” del embalse, denunciando la acumulación de residuos, vertidos contaminantes y la extracción de agua en plena sequía para el riego de campos de golf. Posibles responsabilidades penales Según recoge la querella presentada, el Ayuntamiento habría ignorado durante años los requerimientos para el mantenimiento del embalse, pese a conocer su estado crítico. PACMA sostiene que el deterioro de Las Medranas no es un hecho puntual, sino "el resultado de décadas de abandono, agravado por decisiones recientes que han acelerado el colapso"., concluyendo que la vía judicial es ahora "imprescindible" ante la falta de respuesta institucional.

San Pedro Alcántara. Marbella. - La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (APYMESPA), ha registrado una iniciativa ante el Ayuntamiento para crear un plan de ayudas económicas y exenciones de tasas, para apoyar a las PYMEs y autónomos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía que sufren graves pérdidas económicas por las obras públicas. Para la patronal el conflicto entre progreso urbano y supervivencia empresarial se ha convertido en una urgencia tangible. La propuesta presentada por APYMESPA no es solo una petición sectorial; es, en realidad, una enmienda a la forma en que se planifica y ejecuta la transformación de la ciudad. La patronal señala que estas actuaciones, que con frecuencia se prolongan durante meses, o repiten en un mismo punto de forma periódica, generan un impacto negativo directo sobre el tejido empresarial de la localidad, asfixiando especialmente a los pequeños comercios. El diagnóstico es claro, las obras públicas —desde grandes infraestructuras hasta las de menor escala— generan un impacto inmediato y profundamente desigual. La propuesta no se limita a reclamar ayudas, sino que dibuja un marco de subvenciones directas, bonificaciones fiscales y criterios de elegibilidad definidos. La propuesta insta al Ayuntamiento a estudiar y aprobar de forma inmediata las siguientes líneas de actuación: Creación de una partida presupuestaria específica: Destinar fondos municipales anuales para conceder subvenciones directas y a fondo perdido a aquellas empresas o autónomos que tengan que soportar obras públicas durante un periodo determinado (por ejemplo, a partir de un mes de duración). Redacción de Bases Reguladoras: Establecer un marco jurídico claro que delimite los requisitos para ser beneficiario, así como los criterios para cuantificar las ayudas con un procedimiento sencillo para solicitarlas. Bonificaciones fiscales complementarias: Se pide el estudio de la exención o reducción proporcional de las tasas municipales vinculadas al local mientras duren las obras. Esto incluye tributos como la Tasa de Basura Industrial, la Tasa de Ocupación de Vía Pública (terrazas), o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los cuales no deberían cobrarse en su totalidad cuando el negocio no puede hacer uso normal de sus instalaciones o las cedidas por el Consistorio. Entre los principales motivos que justifican esta solicitud, se apuntan los siguientes perjuicios que asumen los negocios: Dificultades de acceso: Barreras físicas que disuaden tanto a los clientes habituales como a los proveedores. Pérdida de visibilidad: Fachadas y escaparates que quedan ocultos tras vallas, maquinaria y andamios. Contaminación ambiental: El polvo constante y el ruido derivado de la obra desincentivan el consumo y hacen inviable la actividad normal, sobre todo en hostelería y comercio. Supresión de servicios clave: Inhabilitación de las zonas de aparcamiento y de los espacios destinados a carga y descarga. APYMESPA incluso ha citado ejemplo de este tipo de ayuda que hoy reciben localidades como Benalmádena, Sevilla, Zaragoza y Madrid, lo que demuestra que la intervención pública ya forma parte del repertorio de políticas urbanas en España. Más allá de la compensación económica, la propuesta encierra una crítica más profunda: el problema no es solo el impacto de las obras, sino cómo se diseñan y ejecutan. No solo se espera que la Junta Municipal de Distrito de San Pedro Alcántara atienda las demandas planteadas y convierta este Plan de Ayudas en una realidad lo antes posible, sino que el Consistorio plantee las obras con un plan de actuación plurianual, de forma que no se solapen en un mismo lugar con el paso del tiempo. Dimensión social La exigencia empresarial también ha destacado que las PYMEs no son únicamente unidades económicas, también constituyen una base social clave en barrios como San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. Su deterioro no solo implica pérdida de empleo, sino también una erosión del tejido comunitario. Ignorar esa dimensión podría tener consecuencias más allá del ámbito económico. Por último, para garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente lo necesitan, APYMESPA sugiere aplicar criterios claros basados en casos de éxito: Ubicación y actividad: La ayuda se dirigiría a establecimientos situados a pie de calle en el tramo directamente afectado, que estuvieran dados de alta y en funcionamiento antes del inicio de las obras. Deberán comprometerse a mantener la actividad y el empleo, y estar al corriente de sus obligaciones fiscales y sociales. Exclusiones lógicas: Quedarían fuera de estas ayudas las entidades financieras, las grandes superficies (mayores de 500 metros cuadrados) y las administradoras de servicios públicos esenciales. Cuantía: Se propone una cantidad fija mensual por el tiempo que dure la obra, o bien una cifra proporcional a la pérdida de facturación del establecimiento. Para que esta propuesta se convierta en una realidad, sugiere APYMESPA un trámite ágil: presentación en la Mesa de Trabajo, elevación a la Junta de Gobierno Local para diseñar las bases y, finalmente, su aprobación en Pleno para que la medida disponga de un presupuesto real lo más pronto posible.

Marbella. - El Ayuntamiento ha dado luz verde a la modernización de dos establecimientos hoteleros con una inversión conjunta cercana a los 18MM€, una decisión que ilustra la vitalidad del sector según el portavoz del gobierno local, Félix Romero.. El proyecto más ambicioso corresponde al Hotel Senator Marbella, con un presupuesto de ejecución próximo a los 13MM€. A este se suma la modificación de la reforma y ampliación del Hotel Guadalmina, que movilizará otros 5MM€. Las iniciativas reflejan la tendencia cada vez más marcada en destinos maduros, caracterizados por la necesidad de actualizar la planta hotelera para sostener su competitividad frente a mercados emergentes y a un cliente más exigente. Félix Romero subrayó que los operadores ajustan sus decisiones a las expectativas de evolución del destino y como respuesta a una presión constante por reposicionar activos en un mercado donde la diferenciación —más que la capacidad— define la rentabilidad. Este tipo de inversiones no solo revela la existencia de economías altamente dependientes del turismo, también pone el énfasis en los efectos inmediatos sobre la actividad económica a través de la misma ejecución de obras, la contratación de suministros y los servicios auxiliares que generan numerosos puestos de trabajo aunque en gran medida transitorios. En Marbella la renovación hotelera, más que una cuestión de estética o de categoría, es un modelo económico volcado claramente hacia un visitante de mayor poder adquisitivo y, a alargar la temporada, pero sin garantizar la estabilidad laboral ni mejores condiciones económicas. Aun así, el mensaje enviado a la ciudad es claro: el destino sigue siendo atractivo para el capital privado.

Marbella. - La rehabilitación de la Casa Consistorial avanza entre promesas de cumplimiento y demandas ciudadanas largamente postergadas. Con un 30% de ejecución ya alcanzado, el Ayuntamiento sostiene que el calendario no sufrirá desviaciones. Según el concejal de Obras, Diego López, los trabajos concluirán en agosto, respetando el plazo comprometido y permitiendo que la actividad municipal regrese plenamente a su sede histórica en septiembre. El mensaje institucional insiste en la normalidad —traslado de unos 200 empleados durante el verano y mantenimiento de la atención al público—, pero el foco político se desplaza hacia un terreno más sensible: la accesibilidad. López subraya que la intervención responde a una demanda creciente de “accesibilidad”, un concepto que, en la práctica, trasciende la mera eliminación de barreras físicas para convertirse en un indicador de calidad democrática en la administración local. El proyecto contempla la instalación de un nuevo ascensor que conecte las entreplantas, una mejora significativa en un edificio que durante años ha presentado limitaciones para personas con movilidad reducida. Junto a la accesibilidad, la obra incorpora los elementos habituales del nuevo lenguaje institucional: eficiencia energética, sostenibilidad y reorganización interna. Será, precisamente en los aspectos sobre cómo se accede, cómo se circula y cómo se atiende, donde se medirá su impacto real. Cumplir los plazos, como defiende el edil, será un logro administrativo; responder a las expectativas de accesibilidad, en cambio, será la verdadera prueba política.

Marbella. - El Ayuntamiento de Marbella ha constituido las 139 mesas electorales que operarán en el municipio durante los próximos comicios al Parlamento de Andalucía, previstos para el 17 de mayo. Un total de 1.251 ciudadanos han sido seleccionados mediante sorteo informático aleatorio a partir del censo de 92.545 electores. Cada mesa estará compuesta por nueve miembros: un presidente, dos vocales y dos suplentes por cada cargo, todos ellos designados entre ciudadanos de 18 a 70 años con la formación mínima exigida por la ley. Detrás de la neutralidad técnica del sorteo informático, mediado por algoritmos municipales, está una de las decisiones más sensibles del sistema electoral: quién garantiza la pureza del voto de miles de ciudadanos. Así, el sistema de algoritmos municipales, sustituye a cualquier criterio político, reforzando la idea de imparcialidad institucional.