Marbella es un caos económico

Izquierda Unida denuncia el “caos económico” en el que el PP tiene sumido a Marbella.

Marbella. - El Ayuntamiento de Marbella, gobernado desde hace años por la popular Ángeles Muñoz, ha vuelto a recurrir al rescate financiero del Estado.

Izquierda Unida Marbella-San Pedro ha acusado a Muñoz de tener a la ciudad sumida en el más absoluto caos económico tras conocer que el viernes pasado se aprobó la solicitud de un cuarto crédito al fondo de ordenación del estado por valor de 16,7 millones de euros”.

Se trata del cuarto crédito al Fondo de Ordenación estatal, con lo que la deuda acumulada desde 2021 supera ya los 100 millones, una cifra difícil de conciliar con el discurso de solidez y éxito económico que la alcaldesa repite desde la tribuna.

El PP local, en sintonía con su partido a nivel nacional, ha hecho de la crítica al Gobierno central una bandera, pero en la práctica acude al Ministerio de Hacienda para evitar el colapso financiero, lo que expone no solo la fragilidad de las cuentas municipales, sino también la falta de un plan de gestión capaz de anticipar contingencias, dijo el coordinador local de la formación, Manuel Núñez, recordando que esta deuda quedó a 0 durante los dos años en los que participó Izquierda Unida en el equipo de gobierno municipal.

“No valen los argumentos de que es una solicitud por circunstancias sobrevenidas debido a sentencias judiciales, lo que en todo caso supone una mala planificación económica, ya que hace escasos meses el PP aprobaba un presupuesto municipal para 2025 con apenas 3,8 millones de euros en el apartado de contingencias y otros imprevistos que podrían dedicarse a estas compensaciones”, apunta Núñez, una cifra a todas luces insuficiente para una ciudad que arrastra litigios urbanísticos históricos.

El coste de asumir competencias ajenas

La deuda se agrava además por un fenómeno estructural: el Ayuntamiento financia proyectos que deberían depender de la Junta de Andalucía. En el último pleno, se destinaron casi 20 millones a urbanizar la finca La Torrecilla, donde se construirá la futura Ciudad de la Justicia. La historia se repite en el ámbito sanitario: centros de salud y ampliaciones sufragados con fondos locales pese a ser competencias autonómicas.

En términos políticos, esa dinámica puede proyectar una imagen de dinamismo inversor del gobierno local, pero en términos financieros, equivale a hipotecar recursos municipales para cubrir vacíos de otras administraciones.

Para Núñez existe un desfase entre el relato oficial y la vida cotidiana de los vecinos. Mientras el ayuntamiento presume de “objetivos cumplidos en mitad de mandato”, los ciudadanos perciben una ciudad más sucia, con precios de vivienda disparados y con servicios básicos tensionados.

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