Marbella: La rentabilidad de lo público
Manuel Núñez • 16 de agosto de 2025
Izquierda Unida Marbella: La gestión del Gobierno de Marbella prioriza la rentabilidad de los espacios públicos como la Finca de la Caridad.
Marbella. -
La reciente polémica en torno a la Finca de la Caridad ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja pregunta que atraviesa ciudades de todo el mundo: ¿a quién pertenecen realmente los espacios públicos?
La finca, recuperada judicialmente tras los años de corrupción urbanística, simbolizaba para muchos la posibilidad de revertir décadas de expolio patrimonial, sin embargo, la decisión del ayuntamiento de conceder su gestión a una empresa privada, por un canon modesto frente al volumen de negocio que generan sus eventos, ha encendido las alarmas sobre la forma en que se gobierna lo colectivo.
Los defensores de estos acuerdos argumentan que la iniciativa privada dinamiza la oferta cultural y turística, atrae visitantes y genera ingresos indirectos. Pero las críticas señalan que, con demasiada frecuencia, los beneficios se concentran en manos privadas, mientras los costes —movilidad, seguridad, impacto vecinal— recaen sobre la comunidad.
En el caso marbellí, el caos de tráfico que paralizó la ciudad durante el concierto de Manuel Carrasco no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de un modelo urbano que prioriza el uso privado del coche sobre alternativas colectivas.
Los organizadores no estaban obligados a presentar un plan de movilidad propio, y el ayuntamiento, según denuncian voces de la oposición, destinó recursos municipales para gestionar un evento que genera beneficios millonarios para un concesionario privado.
La cesión de un terreno recuperado como símbolo del patrimonio común plantea interrogantes sobre el tipo de ciudad que se está construyendo: ¿una que externaliza su gestión a cambio de rentas inmediatas?
La Finca de la Caridad podría haber sido un laboratorio de innovación social, cultural y ambiental en una localidad marcada por la presión urbanística y la desigualdad en el acceso a infraestructuras públicas.
En su lugar, corre el riesgo de convertirse en un ejemplo más de cómo el patrimonio colectivo se reinterpreta como un activo financiero, sin mecanismos claros de redistribución ni participación ciudadana.
La respuesta que dé el ayuntamiento debe dejar clara su intención política, si redobla la privatización bajo la lógica del beneficio o, si recupera la finca como espacio de uso cotidiano para los vecinos.
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