Marbella: El Comentario de la Semana

Jose Ibañez • 25 de abril de 2026

Marbella: El Comentario de la semana 331.

En Marbella, la política local ha ofrecido en los últimos días una secuencia difícil de ignorar. No tanto por lo extraordinario de los hechos, sino por la forma en que encajan entre sí. Los dirigentes de Por Andalucía e Izquierda Unida —Tony Valero, Ernesto Alba y Victoria Morales— han situado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el centro de una crítica estructural. Hablan de un “paraguas” político que, lejos de ser circunstancial, ofrecería cobertura a dinámicas que consideran aún vigentes en la Costa del Sol. Bajo ese marco, aparecen los nombres de Ángeles Muñoz y José María García Urbano. La idea que sostienen es que la corrupción no pertenece a un ciclo superado, sino que sigue operando como una arquitectura que condiciona el presente. No como excepción, sino como sistema. En paralelo, el Ayuntamiento ha dado un paso en la dirección que cabría esperar ante ese diagnóstico con la aprobación de un Canal de Denuncias. La iniciativa, impulsada por Isabel Pérez, salió adelante con el respaldo de todos los grupos salvo Vox. El movimiento es relevante. Introduce un mecanismo formal para que empleados y ciudadanos comuniquen irregularidades. Queda por ver cuándo estará operativo. En materia de transparencia, los plazos también forman parte del mensaje. La misma sesión plenaria dejó una combinación menos intuitiva. Se aprobó facilitar la detección de fallos en la gestión pública (canal de denuncias), pero se rechazó que el Ayuntamiento asumiera la gestión de las colonias felinas. Toda una paradoja que invita a la reflexión. Mientras tanto, Isabel Pérez consolida su perfil político. Sus intervenciones recientes en el Congreso han situado el foco en el urbanismo como eje de disputa. El contraste es nítido: el modelo que respalda el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la vivienda protegida permanente, con mecanismos antifraude y criterios objetivos; el Partido Popular defiende una mayor flexibilidad de la VPP y su eventual descalificación. El debate no es menor. Define el acceso a la vivienda y el papel del mercado en ese acceso. En Marbella, sin embargo, la discusión convive con una práctica habitual: el anuncio de VPP como señal de compromiso público, sin que se cuestione la regulación de las viviendas de uso turístico. En el Parlamento español Pérez ha ampliado el foco hacia los servicios públicos. Ha señalado el colapso sanitario y la desaparición de 2.402 aulas desde 2019 en Andalucía y, en paralelo al crecimiento de la oferta privada. A este escenario se suma la querella de PACMA al Ayuntamiento por la muerte masiva de fauna en el embalse de Las Medranas. La denuncia apunta a una cadena de decisiones —y omisiones— que habrían permitido el deterioro progresivo del ecosistema. El traslado de fauna, según se sostiene, se realizó sin garantías ni protocolos. Más allá del caso concreto, la cuestión de fondo es conocida: en entornos de alto valor inmobiliario y turístico, los espacios naturales compiten en condiciones desiguales frente a usos económicos intensivos. No siempre pierden, pero rara vez parten en ventaja. En el ámbito económico, APYMESPA ha planteado otra dimensión del mismo problema: el impacto de las obras públicas sobre pymes y autónomos. Su propuesta incluye ayudas directas y exenciones fiscales para quienes soportan pérdidas derivadas de actuaciones prolongadas o recurrentes. El planteamiento incorpora una premisa sencilla: el progreso urbano no es neutro si su ejecución carece de planificación. La repetición de obras en los mismos puntos o su prolongación en el tiempo introduce un coste que, en ausencia de compensación, recae íntegramente sobre la actividad privada. Ciudades como Benalmádena, Sevilla, Zaragoza o Madrid ya contemplan mecanismos de este tipo. La novedad, en este caso, no es la idea, sino su ausencia.

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