No hacen falta más colegios públicos.

Ángeles Muñoz • 10 de febrero de 2026

La bajada de ratios en los colegios públicos indican que no hacen falta más equipamientos de este tipo.

Marbella. - Sobre la cesión de suelo público para la construcción de un colegio privado sueco Latinpress.es le preguntó a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, si no habían habido propuestas públicas y por qué se había tomado esa decisión cuando hay escasez de ese tipo de suelo.

Esta decisión del Ayuntamiento de Marbella, de avanzar en la cesión de suelo público, ha abierto un debate educativo en las principales fuerzas políticas de la ciudad.

Sin embargo, la oposición política no ha discutido si el procedimiento incumple la norma de la transparencia, algo que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, insiste en que ha sido “absolutamente transparente”.

Bajan los ratios de los alumnos

Uno de los principales argumentos del gobierno municipal es la bajada de la ratio de alumnos en los colegios públicos.

Según Muñoz, el descenso de alumnos indicaría que no existe una necesidad real de nuevos centros públicos, lo que abriría la puerta a destinar suelo municipal a equipamientos privados que, además, generan ingresos para las arcas locales.

La alcaldesa le dijo a Latinpress.es que lo que pasa es que Podemos e Izquierda Unida no quieren nada que sea privado. ¨Que me digan a mí si hay necesidad de otros colegios públicos.

Saben ustedes que los colegios públicos están bajando la ratio, es decir, hay algunos colegios públicos que tienen menos niños y que por lo tanto no necesitamos¨.

Sin embargo, la relación entre reducción de ratios y ausencia de necesidad de inversión pública es, como mínimo discutible; en términos educativos, una bajada de ratio no es necesariamente un síntoma de exceso de oferta de centros educativos públicos, sino una condición largamente reivindicada por docentes y familias para mejorar la calidad de la enseñanza.

Menos alumnos por aula suele traducirse en una atención más personalizada, mejores resultados académicos y mayor inclusión educativa. Convertir ese avance en un argumento para frenar la creación de nuevos colegios públicos supone una lectura política, no pedagógica, del dato.

Además, el razonamiento ignora un factor estructural: la planificación educativa no se decide sólo en función del número actual de alumnos, sino del crecimiento urbano previsto, de la distribución territorial de la población y de la capacidad del sistema público para absorber futuras demandas sin recurrir a soluciones privadas.

Para sostener su argumento, Muñoz nos recordó que acaban de abrir dos institutos y, que si hay peticiones por parte de la Consejería, se tratarán como prioritarias.

La rentabilidad

Ángeles Muñoz destacó como muy importante el alquiler de ese suelo que durante 50 años generará al ayuntamiento 150.000€ anuales, señalando que a partir de ahí cualquiera puede decirle al consistorio que quieren hacer otro colegio y que quieren pagar más.

El tema es que la cesión de parcelas municipales durante décadas para proyectos privados introduce un elemento difícilmente reversible. Aunque formalmente el suelo sigue siendo público, su uso queda bloqueado durante medio siglo, reduciendo la capacidad de respuesta de futuras corporaciones ante nuevas necesidades sociales. La pregunta no es solo si hoy faltan colegios públicos, sino qué margen de maniobra tendrá la ciudad mañana.

El Ayuntamiento defiende que este modelo se aplica también a otros equipamientos —hospitalarios, deportivos o asistenciales— y que actualmente Marbella ingresa 4MM€ anuales en concesiones.

No obstante, el debate no es contable. Es político. ¿Debe el suelo público utilizarse como fuente de ingresos o como reserva estratégica para garantizar derechos colectivos, entre ellos el acceso a una educación pública suficiente y de calidad?

Mientras el gobierno municipal presenta la caída de ratios como prueba de que “no hacen falta más colegios públicos”, sus críticos advierten de un riesgo más profundo: que la reducción del sistema público y la expansión del privado no sea una respuesta a la demografía, sino una consecuencia de decisiones políticas acumuladas.

En ese escenario, la educación deja de ser una infraestructura esencial del Estado del bienestar para convertirse en un servicio más, condicionado por la capacidad de pago y no por el derecho.

Marbella no debate únicamente la construcción de un colegio privado. Debate, en realidad, si la bajada de alumnos en las aulas públicas es una oportunidad para fortalecer el sistema educativo o el pretexto para ceder suelo público y consolidar un modelo donde lo privado crece allí donde lo público se repliega.

Hasta el momento el tema de la transparencia de concesión, avalada por Muñoz, no ha salido al debate, incluso dentro de esta cesión a una empresa privada, puede ser debido a lo que la alcaldesa respondió a este medio: En Marbella tenemos muchas concesiones con iniciativa pública y privada con este tipo de suelo.

Las alegaciones

La primera edil nos adelantó que el Ayuntamiento realizará una exposición pública y ver si hay alegaciones. O sea, insistió, publicaremos lo que la parte interesada quiere hacer en la parcela incluyendo la estimación de los costes que tengan que pagarle al Ayuntamiento que en este caso son 150.000€ anuales.

Las alegaciones de Podemos y los Verdes serán estudiadas y, a partir de ahí se volverá a sacar un concurso. Por lo tanto, cualquiera puede presentarse y hacer un equipamiento en un suelo, o sea, darle un uso que en este caso será privado en una parcela pública.

Desde el consistorio actuamos como marca la ley, apuntó la portavoz, aquí no hay nada otorgado.

Propuestas públicas

Latinpress.es también se interesó en conocer si no había participado alguna propuesta pública.

No hubo ninguna, ni para un colegio ni para ningún otro equipamiento, respondió de manera tajante.

Son temas frecuentes, los interesados presentan su proyecto, hacen un estudio económico y a partir de ahí nosotros, si es una iniciativa privada hacemos toda esa tramitación, primero una exposición para que la gente alegue y vea si está de acuerdo. Si no lo está se saca la concesión a nivel de una tramitación absolutamente pública.

En el ayuntamiento cuando nos traen una propuesta lo primero que hacemos es estudiarla, vemos si la zona la necesita y si ellos acreditan que hace falta ese tipo de equipamiento.

Nosotros exponemos alegaciones para que todo el mundo pueda decir si está de acuerdo, a partir de ahí se estiman o nos estiman las alegaciones.

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