Marbella. - La apertura, por parte de la Comisión Europea, de un procedimiento de infracción contra España por la aplicación del Real Decreto 933/2021 ha sido recibida por el sector hotelero de la Costa del Sol como una confirmación de las advertencias que viene realizando desde hace años sobre el alcance y la legalidad de esta normativa.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) considera que la decisión de Bruselas respalda las dudas expresadas por la industria turística respecto a la obligación de recopilar y transmitir una amplia cantidad de información personal de los viajeros, una exigencia que afecta a establecimientos de alojamiento y empresas de alquiler de vehículos.

La organización empresarial sostiene que los hoteles han asumido durante años una creciente carga administrativa derivada del sistema, obligados a gestionar y custodiar datos de millones de clientes. 

Según AEHCOS, esta situación ha generado costes operativos adicionales, incertidumbre jurídica y preocupación sobre la responsabilidad que recae en los establecimientos en materia de protección de datos.

La patronal destaca especialmente que la Comisión Europea haya puesto el foco en la proporcionalidad de la información exigida y en la compatibilidad de la normativa española con la legislación comunitaria sobre privacidad, dos cuestiones que el sector venía cuestionando desde la entrada en vigor del decreto.

A pesar de sus críticas, AEHCOS subraya que los empresarios hoteleros mantienen un compromiso permanente con la seguridad ciudadana y con la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, considera que cualquier mecanismo destinado a reforzar la seguridad debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, sin trasladar a las empresas obligaciones que excedan su capacidad operativa ni comprometan los derechos de los viajeros.

Tras la decisión de Bruselas, la asociación reclama al Gobierno la apertura de un proceso de diálogo con los sectores afectados para revisar el marco normativo vigente. 

Su objetivo, señala, es encontrar un equilibrio entre las necesidades de seguridad pública, la protección de los datos personales y la competitividad de la industria turística.

AEHCOS defiende además la utilización de nuevas herramientas tecnológicas que permitan desarrollar sistemas de control más eficientes y adaptados a la realidad operativa de los alojamientos turísticos.

«El expediente abierto por la Comisión Europea confirma muchas de las preocupaciones que el sector hotelero ha venido manifestando desde hace años. Los hoteles siempre hemos colaborado con las autoridades en materia de seguridad y seguiremos haciéndolo, pero es imprescindible contar con una regulación proporcionada, viable y alineada con la normativa europea», señalaron fuentes de la asociación.

Para la patronal hotelera, el procedimiento iniciado por la Comisión Europea debería convertirse en una oportunidad para construir un nuevo marco regulatorio basado en el consenso, la seguridad jurídica y la cooperación entre administraciones y sector turístico, evitando cargas que puedan traducirse en mayores costes, inseguridad legal o dificultades operativas para las empresas.