Marbella. — El Ayuntamiento ha reforzado su estrategia de prevención de incendios forestales con la aprobación de dos nuevos planes de autoprotección en zonas especialmente expuestas, una medida que consolida un modelo basado no solo en la planificación pública, sino en la corresponsabilidad vecinal. La decisión, anunciada por el portavoz municipal Félix Romero, forma parte de un programa que acumula más de seis años de desarrollo y que prevé alcanzar los 174 documentos aprobados antes del final del verano. Los nuevos planes afectan a Las Cumbres de Elviria y a Sierra Blanca, dos urbanizaciones enclavadas en laderas boscosas donde el riesgo se intensifica tras un año de abundantes lluvias. La paradoja es conocida: cuanto más verde el paisaje, mayor la carga de combustible en los meses de calor extremo. En ese contexto, el Ayuntamiento defiende haber delimitado prácticamente todas las zonas de peligro y haber articulado un sistema de alerta temprana. Pero el elemento más significativo no es técnico, sino político. Cada plan de autoprotección establece con precisión qué deben hacer los residentes, las comunidades de propietarios y los gestores privados en caso de emergencia. Aunque supervisados por los servicios municipales y de extinción, estos documentos trasladan parte de la responsabilidad operativa a quienes habitan esos espacios. En términos pragmáticos, la implicación vecinal tiene ventajas claras. En entornos urbanos dispersos, donde las urbanizaciones se adentran en el monte, la capacidad de respuesta inmediata es crucial. Los residentes son los primeros en detectar humo, los primeros en intervenir en tareas básicas de contención y, en muchos casos, quienes mejor conocen la configuración del terreno. La autoprotección, bien diseñada, puede reducir tiempos de reacción y evitar que pequeños conatos se conviertan en incendios de gran escala. Además, existe una cuestión de fondo sobre el alcance de lo público. La prevención y gestión de incendios forestales, especialmente en territorios donde la urbanización ha avanzado sobre zonas naturales, es tradicionalmente una competencia estructural de la administración. Cuando esta responsabilidad se comparte —o se desplaza parcialmente— hacia los vecinos, puede interpretarse tanto como una estrategia de eficiencia como una señal de los límites institucionales para cubrir un territorio cada vez más complejo. En Marbella el crecimiento urbanístico ha estrechado la frontera entre la ciudad y el monte, así que los planes de autoprotección no son solo una herramienta técnica, son también un reflejo de un modelo de ciudad que ha externalizado parte de sus riesgos. Funcionan, en el mejor de los casos, como un sistema de cooperación. En el peor, como un parche que traslada al ámbito privado lo que antes era una obligación inequívocamente pública.

Marbella. - El Ayuntamiento ha puesto en marcha la construcción de un aparcamiento provisional en Trapiche Norte como solución transitoria a las obras del futuro parking subterráneo del albergue África. La medida, presentada como un alivio inmediato para los vecinos, llega acompañada de una narrativa ya conocida en la ciudad: urgencia y promesa de solución definitiva. El concejal responsable, Diego López, describe el proyecto como una respuesta necesaria para evitar el colapso circulatorio en una zona densamente poblada. El recinto, con capacidad para 140 vehículos, se levanta junto al skate park de La Florida y la estación de autobuses, en una parcela de 4.500 metros cuadrados que ha requerido labores básicas de acondicionamiento: desbroce, nivelación y preparación del terreno. En las próximas semanas, se completará con canalizaciones de pluviales, asfaltado, señalización y un sistema de control de accesos con barreras. Mientras tanto, el proyecto estructural —el parking subterráneo con capacidad anunciada para 600 vehículos— se presenta como la respuesta final a un problema crónico de estacionamiento en el barrio de Miraflores y el entorno de la avenida del Trapiche. Pero la memoria reciente invita al escepticismo. En enero de 2023, Ayuntamiento y Junta de Andalucía anunciaron la creación de 800 plazas de aparcamiento. Poco después, la cifra ascendió a 1.000, en lo que se calificó oficial se ha concretado en 600 plazas.

Marbella. - Aunque el proyecto viene anunciándose año tras año, ahora, cuando todo indica que comenzarán las obras para el aparcamiento subterráneo del Albergue África, los vecinos continúan sin información oficial de cuándo comenzarán las excavaciones y el trasiego de las máquinas. Para Manuel Núñez, coordinador local de Izquierda Unida, de lo que se trata es de la responsabilidad institucional: informar no es una opción, sino una obligación. La denuncia hecha por Izquierda Unida – Por Andalucía sobre el aparcamiento subterráneo no describe solo un fallo puntual de comunicación, sino un patrón reconocible en la gestión municipal: infraestructuras que se impulsan desde arriba, mientras quienes vivirán sus consecuencias se enteran tarde, mal o por canales informales. El proyecto, vinculado a los compromisos electorales de la alcaldesa Ángeles Muñoz en 2023, ha recorrido un trayecto peculiar: después de dos años los residentes directamente afectados que viven en casas y pisos de los años 50— apenas han tenido acceso a algo más que una exposición superficial de “ideas generales” desde una reunión en 2025. Los vecinos se quejan de haberse enterado por rumores sobre el aviso del inminente inicio de las obras. Nadie con carácter oficial ha hecho una notificación formal sobre qué pasará en el aparcamiento en superficie. El problema trasciende la cortesía administrativa ya que las viviendas colindantes no son estructuras contemporáneas diseñadas para convivir con grandes excavaciones, sino edificaciones con más de medio siglo de antigüedad, potencialmente vulnerables a movimientos de tierra y vibraciones. En ese contexto, la ausencia de estudios geotécnicos accesibles, garantías formales o compromisos explícitos sobre posibles daños no es solo una omisión técnica; es una decisión política.

El primer presidente de YPFB en este gobierno duró tres meses mientras que la señora que lo reemplazó apenas aguantó 22 días en el cargo y renunció, lo que es la prueba no de una epidemia, sino del poderoso sindicato masista que existe en la empresa. Los empleados de YPFB no llegaban a 1.000 en el año 2005, pero el MAS decidió subir la planilla a 8.000, con sus militantes, analfabetos y violentos, que no aportan nada a la empresa creada tras la guerra del Chaco. Carlos Delius, un ingeniero que sabe mucho del tema petrolero, dijo esta semana; "La realidad es que YPFB no es una empresa petrolera, es una corporación que responde a todo tipo de intereses, a todo tipo de directrices. Para poner en sencillo: es un botín”. Por algún prejuicio, o quizá porque se trata de una empresa “estratégica”, el gobierno no la incluyó en la lista de las 16 empresas públicas quebradas que podrían ser cerradas en tres meses, si es que el presidente Rodrigo Paz mantuviera su actual predisposición. Pero el presidente está optando por soluciones diferentes, de cuño político. Ha anunciado más de una vez que está pensando quitarle a YPFB la compra y venta de combustibles en el país. Es una forma elíptica de decirle al país que, en realidad, la gasolina negra y la falta de diésel son fallas de las que hay que culpar al sindicato de 8.000 masistas. Por lo tanto, reducida de esa manera la tarea que debe cumplir la empresa en el país, sólo debe ocuparse de explorar para mejorar las cifras de las reservas, en este momento en el nivel más bajo de la historia, 3,7 TCF, lo que da para tres años con el actual ritmo de explotación. Eso del TCF es un error cometido por el periodismo de Estados Unidos y difundido en todo el mundo, en que la T significa trillones, refiriéndose a billones (millones de millones) de pies cúbicos. Es que ellos hablan una lengua bárbara, y no son capaces de entender que el prefijo “bi” significa dos y el “tri”, pues tres. ¿Qué tiene de tres un millón de millones? Y le llaman billón a mil millones, siendo que es un conjunto de tres grupos de ceros. “Lingua bárbara” decía un colega italiano. Antes de que el MAS llegara al gobierno, las reservas eran mayores en diez veces, es decir 36 billones de pies cúbicos, lo que dio lugar a que se hablara y debatiera intensamente sobre la posibilidad de exportar gas a Estados Unidos y México. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es vacaflorhumberto@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

Respecto al sistema del fracking para extraer gas, tan discutido en México en este momento, al parecer hay avances en la investigación que disminuyen en forma acentuada los problemas que se pueden presentar en esa aplicación. Ante la controversia que se ha suscitado, se anuncia desde la presidencia la intervención solicitada de expertos, tanto de la UNAM, como de la UAM y el IPN. Ellos, desde su perspectiva académica y científica, pueden dar una opinión, la misma que tendrá que coincidir no solo con la pertinencia del uso, sino en torno a lo que se justifica, sobre la ganancia económica y la soberanía energética del país, de acuerdo a la opinión que ha dado del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí. Hace diez años, el 29 de abril de 2015, publiqué la crónica siguiente, crónica que ahora recupero de Quadratín, con todos los agravantes que trascendía de varios países, sobre todo de estados del vecino país del norte. Mi escrito se refiere ante todo a la sismicidad inducida que ha producido esa técnica y puse varios ejemplos sobre todo de cuatro estados estadounidenses, Colorado, Nuevo México, Arkansas y Kansas. Los cambios que ha habido en ese sistema de fracturación para extraer gas natural, se han estado promoviendo sobre todo en aquellos sitios en los que se precisa utilizarlo por necesidad, tomando en cuenta el descenso de los agravantes con nuevas tecnologías. LOS POSIBLES EFECTOS DEL FRACKING “En México se denunció sismicidad inducida remotamente desde varios países, como cuando ocurrió el terremoto de Chile en febrero de 2010. Oaxaca, Michoacán y Guerrero fueron las entidades afectadas, igual como ocurrió en Baja California con el terremoto de Japón en marzo del 2011. Se trata al parecer, de un fenómeno de repercusión de un sismo natural que puede expresarse en segundos o en años ¿Pero cuántos sismos han ocurrido por fracking, que los mexicanos ignoramos? El fracking es una técnica de fracturación hidráulica para extraer gas no convencional, que ocasiona una serie de problemas ambientales, entre ellos la posible sismicidad. INVESTIGACIONES POR LOS SISMOS INDUCIDOS. El terremoto que devastó a Nepal, puso en evidencia la gravedad de los movimientos telúricos, que en ese caso, según informes, fueron 700 veces más potentes que la bomba sobre Hiroshima del 6 de agosto de 1945. Pero el de Nepal fue además un desastre natural. Se sumaron las dos causas. Los otros, generados por la mano del hombre, son parte de la agresividad que se impone sobre el planeta para fines a veces lucrativos y que año con año, son más graves. Se habla de 8.2 grados en la escala de Richter en ciertos casos. Un ejemplo mencionado por The New Time International Weekly el 18 de abril de 2015, es el de Oklahoma que pasó de tres sismos en años anteriores a 585 en el 2014. Si el ritmo de extracción de gas y petróleo continúa, este año se calculan 750 sismos al terminar diciembre. LA EMBAJADA GRINGA REPUDIÓ ESCRITO. Aunque hay polémica en el medio científico sobre el origen de esos sismos -pero se acepta que son inducidos-, los pobladores de lugares como Prague, se están protegiendo con infinidad de demandas que ponen en evidencia a las compañías petroleras. El gobierno de Oklahoma, asaeteado por los pobladores después de un sismo de 5.7, ha dicho “que es un acto de dios y culpa de nadie”. Pero los millones de dólares por reparaciones que están en entredicho, si serán responsabilidad de alguien. Los casos también se están viendo en Colorado, Nuevo México, Arkansas, Kansas y otros lugares, desde el siglo pasado. El asunto ocasiona alerta en el mundo. Científicos uruguayos lo señalan y en España se exigen responsabilidades porque en algunos de estos sismos han muerto personas. El científico Antonio Aretxabala, geólogo de la universidad de Navarra, ha expresado que cuando se habla de sismicidad inducida por la mano del hombre, “nos miran como bichos raros”. Así me miraron a mi en 1985, cuando publiqué en Unomásuno, una entrevista con un experto guatemalteco, que habló de los sismos inducidos por explosiones nucleares. La embajada de Estados Unidos envió una severa aclaración y los del Instituto de Geofísica de la UNAM me contestaron con jiribilla. Años después, a las explosiones nucleares entre otras grandes horadaciones a la tierra, se agregaron la creación de grandes embalses -presas- y el fracking, palabreja que a muchos les gusta. ESTUDIO SOBRE EL TERREMOTO DE CHILE. La controversia sobre el tema generó el Estudio de sismicidad local disparada en México por el terremoto de Chile en 2010, como se llama la tesis que presentó Diana Margarita López Reyes, apenas en enero pasado, para obtener el título de ingeniera geofísica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En ella se explaya en el singular caso de que un gran terremoto repercuta en otras regiones del mundo, incluso sin ser zonas sísmicas. Auxiliada de un lenguaje técnico, explica cómo se detectaron las regiones y los grados de sismicidad manifestada, tal como ocurrió en marzo del 2011 en Baja California, cuando tembló en Japón. No explora la sismicidad inducida por la mano del hombre, pero en ésta, los científicos europeos si son bastante drásticos” LA RESOLUCIÓN FINAL EN MÉXICO. Aquí termina mi crónica del 2015, publicada para dar una idea de que el tema del fracking ha sido polémico y discutido desde hace tiempo. Y que por ello la propia presidencia ha buscado el auxilio de expertos, dado que con el tiempo ha habido avances y nuevas tecnologías. Las investigaciones científicas y la resolución oficial dirán que pasará. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. laislaquebrillaba@yahoo.com.mx.

Marbella.— En las playas de la ciudad, donde la afluencia crece cada fin de semana soleado, el Ayuntamiento ha vuelto a desplegar un sistema sencillo: Evitar que un descuido se convierta en un problema mayor. Se trata de pulseras identificativas, gratuitas, pensadas para menores y personas vulnerables. Fabricadas con un material resistente al agua y diseñadas para ser visibles a distancia, funcionan como un vínculo discreto entre quien puede perderse y quienes deben encontrarlo. Cada pulsera incluye un código numérico y un color identificativo. No hay nombres ni teléfonos a la vista. Esa información queda registrada únicamente por los socorristas y se centraliza en un puesto de coordinación. La idea es equilibrar dos preocupaciones habituales en espacios públicos: la rapidez de respuesta y la protección de datos. Si alguien se extravía, el protocolo se activa sin rodeos. El socorrista que localiza a la persona identifica el código y contacta con el centro de coordinación, que a su vez avisa a la familia. En teoría, el proceso reduce la incertidumbre a unos pocos minutos. El sistema, coordinado por el servicio de salvamento, estará disponible los fines de semana y festivos hasta el 1 de junio, y pasará a funcionar a diario durante la temporada alta, cuando las playas de Marbella alcanzan su máxima ocupación. No es una medida nueva, pero sí recurrente. Durante la pasada Semana Santa, permitió localizar a cuatro personas. No es una cifra elevada, aunque suficiente para justificar su continuidad en un entorno donde la multitud y la distracción forman parte del paisaje. Las pulseras pueden solicitarse en cualquiera de los 17 módulos de salvamento repartidos por el litoral. Cada pulsera incorpora un código numérico y un color identificativo, mientras que los datos de contacto se registran exclusivamente por la plantilla de socorrismo y se trasladan al centro de coordinación. De este modo, se garantiza la protección de datos, ya que el dispositivo no incluye información personal visible. En caso de extravío, el procedimiento establece que el socorrista que localiza al extraviado identifique el código y contacte con Coordinación, desde donde se avisa de forma inmediata a los familiares. Mientras tanto, los socorristas siguen desempeñando una labor menos visible pero constante: informar, prevenir y recordar que, en la playa, la seguridad rara vez depende de una sola medida. Las pulseras pueden solicitarse en cualquiera de los módulos de salvamento.

En Marbella, la política local ha ofrecido en los últimos días una secuencia difícil de ignorar. No tanto por lo extraordinario de los hechos, sino por la forma en que encajan entre sí. Los dirigentes de Por Andalucía e Izquierda Unida — Tony Valero , Ernesto Alba y Victoria Morales — han situado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el centro de una crítica estructural. Hablan de un “paraguas” político que, lejos de ser circunstancial, ofrecería cobertura a dinámicas que consideran aún vigentes en la Costa del Sol. Bajo ese marco, aparecen los nombres de Ángeles Muñoz y José María García Urbano . La idea que sostienen es que la corrupción no pertenece a un ciclo superado, sino que sigue operando como una arquitectura que condiciona el presente. No como excepción, sino como sistema. En paralelo, el Ayuntamiento ha dado un paso en la dirección que cabría esperar ante ese diagnóstico con la aprobación de un Canal de Denuncias . La iniciativa, impulsada por Isabel Pérez , salió adelante con el respaldo de todos los grupos salvo Vox. El movimiento es relevante. Introduce un mecanismo formal para que empleados y ciudadanos comuniquen irregularidades. Queda por ver cuándo estará operativo . En materia de transparencia, los plazos también forman parte del mensaje. La misma sesión plenaria dejó una combinación menos intuitiva. Se aprobó facilitar la detección de fallos en la gestión pública (canal de denuncias), pero se rechazó que el Ayuntamiento asumiera la gestión de las colonias felinas. Toda una paradoja que invita a la reflexión. Mientras tanto, Isabel Pérez consolida su perfil político. Sus intervenciones recientes en el Congreso han situado el foco en el urbanismo como eje de disputa. El contraste es nítido: el modelo que respalda el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la vivienda protegida permanente, con mecanismos antifraude y criterios objetivos; el Partido Popular defiende una mayor flexibilidad de la VPP y su eventual descalificación. El debate no es menor. Define el acceso a la vivienda y el papel del mercado en ese acceso. En Marbella, sin embargo, la discusión convive con una práctica habitual: el anuncio de VPP como señal de compromiso público, sin que se cuestione la regulación de las viviendas de uso turístico. En el Parlamento español Pérez ha ampliado el foco hacia los servicios públicos. Ha señalado el colapso sanitario y la desaparición de 2.402 aulas desde 2019 en Andalucía y, en paralelo al crecimiento de la oferta privada. A este escenario se suma la querella de PACMA al Ayuntamiento por la muerte masiva de fauna en el embalse de Las Medranas . La denuncia apunta a una cadena de decisiones —y omisiones— que habrían permitido el deterioro progresivo del ecosistema. El traslado de fauna, según se sostiene, se realizó sin garantías ni protocolos. Más allá del caso concreto, la cuestión de fondo es conocida: en entornos de alto valor inmobiliario y turístico, los espacios naturales compiten en condiciones desiguales frente a usos económicos intensivos. No siempre pierden, pero rara vez parten en ventaja. En el ámbito económico, APYMESPA ha planteado otra dimensión del mismo problema: el impacto de las obras públicas sobre pymes y autónomos. Su propuesta incluye ayudas directas y exenciones fiscales para quienes soportan pérdidas derivadas de actuaciones prolongadas o recurrentes. El planteamiento incorpora una premisa sencilla: el progreso urbano no es neutro si su ejecución carece de planificación. La repetición de obras en los mismos puntos o su prolongación en el tiempo introduce un coste que, en ausencia de compensación, recae íntegramente sobre la actividad privada. Ciudades como Benalmádena, Sevilla, Zaragoza o Madrid ya contemplan mecanismos de este tipo. La novedad, en este caso, no es la idea, sino su ausencia.

Marbella.— The Leading Property Agents of Spain (LPA), una de las principales asociaciones del sector en la región, ha puesto en marcha una agenda para 2026. Sin abandonar el lenguaje habitual del crecimiento, se centra en la construcción de un marco regulatorio y profesional común para el conjunto del ecosistema inmobiliario. El movimiento no es menor en un mercado donde operan cientos de agencias, con niveles muy dispares de formación, prácticas comerciales y estándares de transparencia, en un entorno altamente internacionalizado. En los encuentros internos de la asociación —foros bilingües de referencia para el análisis del sector— el diagnóstico se repite con pocas variaciones: el mercado funciona, pero lo hace con fricciones. La inteligencia artificial, la digitalización de procesos, la presión del alquiler turístico y la complejidad jurídica de las operaciones internacionales están acelerando la transformación del sector. Pero también están evidenciando una brecha: la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de parte del tejido profesional. Un giro hacia la regulación. El elemento más relevante de la hoja de ruta es la creación de una federación andaluza de asociaciones inmobiliarias, prevista para mayo, que aspira a impulsar un registro oficial de agentes. La propuesta introduce un cambio significativo en un sector tradicionalmente abierto: para operar con garantías será necesario acreditar formación específica, disponer de seguros de responsabilidad civil y demostrar trayectoria profesional. El objetivo es doble. Por un lado, elevar los estándares de entrada al mercado. Por otro, reducir la asimetría de información que suele afectar al comprador, especialmente en operaciones internacionales donde el conocimiento del entorno legal y fiscal es limitado. La IA La inteligencia artificial ocupa un papel central en la transformación del sector. Herramientas de automatización ya están optimizando procesos como valoraciones, análisis de demanda o gestión documental. Sin embargo, el consenso dentro de LPA es que la tecnología no sustituye al agente inmobiliario, sino que redefine su papel. La ventaja competitiva ya no reside en el acceso a la información, sino en su interpretación y en la capacidad de generar confianza en transacciones complejas. De ahí el impulso a un programa formativo común que aspira a convertirse en estándar en la Costa del Sol, con especial atención a las competencias legales, fiscales y comerciales en entornos internacionales. En paralelo, la asociación trabaja en un acuerdo marco con promotoras inmobiliarias de la región, desde Málaga hasta Sotogrande. El objetivo es establecer reglas más claras en la comercialización de obra nueva y reducir prácticas que generan opacidad o competencia desordenada entre intermediarios. La iniciativa también busca introducir mecanismos de incentivos y control para mejorar la coordinación entre promotores y agencias, en un mercado donde la demanda sigue siendo alta pero las condiciones de acceso no siempre son transparentes. Qué cambia para los clientes y para los profesionales Para los clientes (compradores e inversores) se espera mayor seguridad jurídica y, una exigencia de formación y seguros para reducir el riesgo de errores en operaciones complejas. Más transparencia con un registro oficial de agentes profesionales acreditados frente a operadores informales. Menos asimetría de información. Mayor protección en la compra, especialmente en obra nueva y operaciones de inversión, donde los contratos suelen ser más complejos. Reducción de malas prácticas Para los asociados (agencias y profesionales) el objetivo es la revalorización del agente profesional con una regulación que eleva las barreras de entrada y distingue a operadores cualificados. Mayor reputación, acceso a formación estructurada y mayor interlocución institucional. En conjunto, la estrategia de LPA apunta a un cambio de fase: de un mercado basado en la expansión y la oportunidad, a otro basado en reglas, confianza y profesionalización.

Marbella. - El pleno del Ayuntamiento de Marbella dejó este viernes una fotografía política reveladora: el Partido Popular (PP) optó por rechazar una moción del PSOE que ponía el foco en un problema de gestión concreta —y prolongada— en materia de bienestar animal. La iniciativa, defendida por la portavoz socialista, Isabel Pérez, no se limitaba a una declaración de intenciones. Señalaba un fallo administrativo específico: el bloqueo del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), considerado por expertos como la vía más eficaz para controlar las colonias felinas urbanas. Pero, sobre todo, evidenciaba la distancia entre los anuncios del equipo de gobierno y su ejecución real. Uno de los puntos más incisivos de la moción fue el recordatorio de un compromiso concreto: la creación, anunciada en abril de 2025, de un sistema oficial de acreditación para voluntarios. El proyecto incluía carnés identificativos, formación reglada y herramientas como códigos QR para evitar conflictos con la policía o con vecinos. Un año después, ese sistema no existe. La consecuencia, según Pérez, no es menor: más de treinta personas continúan actuando en un limbo legal, expuestas a sanciones mientras suplen, de facto, una carencia municipal. La crítica de fondo no es tanto la ausencia de medidas como la inconsistencia política. La moción apuntaba a una “inseguridad jurídica” generada por la propia administración local, que primero reconoce la labor de los cuidadores y después permite que sean sancionados. En ese contraste reside uno de los argumentos más sólidos del texto: no se trata solo de bienestar animal, sino de coherencia institucional. El partido de gobierno (PP), al tumbar la propuesta ha esquivado la obligación de calendarizar o concretar medidas que ya había anunciado, manteniendo el problema en una zona de ambigüedad administrativa. La gestión de las colonias felinas queda así, una vez más, apoyada en el voluntarismo y no en una política pública estructurada. En paralelo, el mismo pleno sí aprobó —con apoyo del PP y OSP— la creación de un canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 y la Directiva Europea 2019/1937, un instrumento orientado a reforzar la transparencia y detectar irregularidades. La paradoja es difícil de ignorar: el Ayuntamiento respalda mecanismos para señalar fallos en la gestión pública (canal de denuncia) mientras desestima una moción que, precisamente, detalla uno de esos fallos: el cuidado de las colonias felinas.