Torrox sigue los pasos de Marbella
José Antonio Nieto • 23 de octubre de 2025
Torrox sigue el paso de Marbella invirtiendo 4.5MM€ para tener su nueva sede judicial.
Marbella. -
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado al Parlamento andaluz la apuesta por dotar de infraestructuras judiciales modernas a la provincia de Málaga.
La iniciativa se incluye en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que espera cambiar las sedes de 7 de los 11 partidos judiciales malagueños, incluida la ampliación de la Ciudad de la Justicia de la capital y la construcción de nuevos edificios en Marbella, Torrox, Fuengirola, Torremolinos, Archidona y Estepona.
En el caso de Torrox el municipio construirá con fondos propios su nueva sede judicial y la cederá durante 30 años a la Junta de Andalucía, que será la usuaria del edificio.
El acuerdo, articulado a través de una mutación demanial externa, representa un cambio de paradigma en la gestión de bienes públicos en Andalucía. En lugar de esperar la financiación autonómica, el Ayuntamiento asume el coste inicial —unos 4,5 millones de euros— y se convierte en promotor de una infraestructura que, en teoría, corresponde a la administración regional.
La contraprestación
La negociación establece que a cambio, la Junta abonará más de 6 millones de euros en forma de canon durante tres décadas, un esquema financiero que garantiza al municipio 1,5 euros por cada euro invertido y mantiene la propiedad del edificio una vez concluido el plazo.
Desde un punto de vista económico, el acuerdo es una forma de autofinanciación territorial: Torrox adelanta el dinero, obtiene ingresos sostenidos en el tiempo y refuerza su papel institucional dentro de la estructura judicial de la provincia.
En el fondo, se trata de una estrategia de supervivencia local frente a la lentitud inversora de la Junta, que en los últimos años ha priorizado proyectos de gran escala como la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga capital.
“Pasaremos de un edificio inaccesible a una de las sedes judiciales más modernas de Andalucía”, dijo el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al presentar el proyecto.
La mutación demanial externa es una figura poco frecuente, que permite que una administración ceda temporalmente a otra el uso de un bien público sin perder la titularidad. En este caso, el edificio judicial será de uso autonómico, pero de propiedad municipal.
Esto implica que el riesgo financiero y el control patrimonial recaen en el Ayuntamiento de Torrox. Si la Junta incumpliera plazos o condiciones, el municipio seguiría siendo dueño del inmueble, aunque con una inversión difícilmente reconvertible a otros usos.
Por el contrario, si el proyecto prospera —y todo apunta a que así será—, Torrox no solo dispondrá de una sede judicial moderna, sino que se posicionará como modelo de cooperación público-pública en un contexto en el que la colaboración público-privada acapara la mayoría de los proyectos.
Para la Junta, la operación tiene una ventaja evidente: reduce la presión presupuestaria inmediata y le permite mostrar avances tangibles dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que prevé actuaciones en siete partidos judiciales de la provincia.
Para Torrox, sin embargo, el impacto es más profundo, la construcción del edificio judicial, financiada localmente, refuerza la autonomía municipal y genera un retorno económico garantizado durante tres décadas. Pero, sobre todo, proyecta la imagen de un ayuntamiento capaz de hacer política de Estado desde lo local, una rareza en la administración pública española.
Marbella
Marbella protagoniza otro capítulo del mismo Plan de Infraestructuras Judiciales, aunque con un matiz relevante: el Ayuntamiento invertirá cerca de 20 millones de euros en la construcción de los accesos a la futura Ciudad de la Justicia.
Sin embargo, se desconocen las condiciones del acuerdo firmado entre el Consistorio, la Consejería de Fomento y la de Justicia, así como los beneficios concretos que recibirá Marbella por asumir una inversión que, en principio, debería corresponder a la administración autonómica.
Fuentes municipales hablan de “colaboración estratégica” y de la necesidad de “desbloquear un proyecto vital”, pero no se ha hecho público si la Junta compensará económicamente o mediante otras fórmulas al Ayuntamiento. Esta opacidad contrasta con el caso de Torrox, donde las condiciones —canon, plazos y titularidad— son claras y cuantificables.
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