Albergue Municipal de animales Mijas
PACMA • 17 de febrero de 2026
El Ayuntamiento de Mijas no paga al albergue municipal de animales desde hace dos años.
Mijas. -
Hay una diferencia fundamental entre una crisis inesperada y un abandono prolongado. Lo que ocurre en el albergue municipal de animales de Mijas pertenece, según la información disponible, a esta segunda categoría: un deterioro silencioso, sostenido durante años, que revela cómo el cuidado animal sigue ocupando un lugar marginal en la agenda del consistorio local.
La denuncia pública realizada por el Partido Animalista PACMA no describe un episodio aislado de mala gestión, sino una cadena de decisiones —o de omisiones— que han terminado trasladando la responsabilidad institucional a quienes menos capacidad tienen para asumirla: los propios trabajadores del albergue.
Que empleados públicos tengan que poner dinero de su bolsillo para alimentar a los animales no es un gesto heroico; es la evidencia de un fallo sistémico.
El problema no es únicamente la falta de pago de facturas por parte del Ayuntamiento de Mijas, sino la normalización de esa falta de pago. Dos años de impagos no constituyen una irregularidad administrativa, sino una política de hechos consumados.
Cuando los proveedores dejan de suministrar alimento y nadie desde la administración ofrece una solución inmediata, el mensaje implícito es claro: el bienestar animal puede esperar.
Resulta especialmente preocupante que el problema solo emerja cuando una representante política acude a un pleno y la oposición fuerza preguntas difíciles de responder.
La transparencia no debería depender de la insistencia de terceros, ni el acceso a la información pública convertirse en una carrera de obstáculos. En democracia, la rendición de cuentas no es opcional, menos cuando se trata de seres vivos bajo custodia municipal.
El cuidado animal suele presentarse como una cuestión emocional, vinculada al activismo o a la sensibilidad personal. Pero este enfoque es engañoso.
En realidad, se trata de una cuestión de gestión pública básica, presupuestos que se ejecutan, contratos que se pagan y servicios que funcionan.
Cuando eso no ocurre, no estamos ante un debate ideológico, sino ante una administración que falla en sus obligaciones más elementales.
El caso de Mijas debería servir como advertencia.
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