Alcaldes del PP exigen al Gobierno actuar sobre las algas

Alcaldes • 24 de julio de 2025

Alcaldes de Mijas, Fuengirola, Marbella y Estepona y el área de Desarrollo Sostenible de Cádiz, exigen al Gobierno central actúe sobre la invasión de las algas, pero no mencionan a la Junta de Andalucía.

Marbella. - La imagen dorada de la Costa del Sol, el escaparate que durante décadas ha vendido sol y arena a Europa entera, se está tornando en un retrato alarmante de abandono institucional.

Las algas invasoras, Rugulopteryx okamurae, arrastradas por las corrientes y fortalecidas por el calentamiento global, están tomando las playas, los ecosistemas marinos y las cuentas municipales por asalto.

Desde Cádiz a Málaga, los alcaldes de los principales municipios costeros han levantado la voz, esta vez en coro, para denunciar algo más que una emergencia ambiental: una fractura creciente entre el territorio y el Estado.

La reunión celebrada en Marbella no ha sido solo un acto institucional, también ha dejado el sabor a una impotencia que parece revelar dos percepciones diferentes: la de que el Gobierno central, en Madrid, no entiende lo que ocurre más allá de los despachos de la capital y, la de los ayuntamientos andaluces que no piden ningún socorro a la Junta de Andalucía.

Ángeles Muñoz, sin rodeos señaló que los consistorios no pueden seguir soportando en solitario esta catástrofe ambiental, desgranando cifras que ponen los pelos de punta:

Se han recogido ya 4.500 toneladas de algas este año, casi el doble que en todo 2024 (2.500), el coste. desde 2019 se eleva a los 1,2MM€.

No existe apoyo científico, técnico ni presupuestario por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

El esfuerzo que realizan los municipios, con operarios, maquinaria y traslados a vertederos, es inasumible”.

Para la alcaldesa marbellí la idea de que los problemas locales deben tener soluciones locales está llegando al límite, dejando a los ayuntamientos frente a un reto que rebasa sus competencias y capacidades. Las algas, literalmente, están ahogando no solo las playas, sino también la paciencia institucional, dijo Muñoz.

La reunión de alcaldes para reclamar al Gobierno central una respuesta urgente ha puesto el foco —con justicia— en la inacción del Estado, pero ha dejado flotando una pregunta incómoda: ¿Por qué la Junta de Andalucía no aparece en esta ecuación, habiéndo aprobado un plan de gestión?

En teoría, y según el reparto competencial en España, el litoral andaluz no es solo responsabilidad del Gobierno central. La Junta de Andalucía tiene competencias en medio ambiente, ordenación del territorio, pesca y desarrollo sostenible, es decir, en áreas directamente afectadas por esta emergencia ecológica. Y, sin embargo, el discurso de los alcaldes no mencionó a Sevilla. Ni un reproche. Ni una petición. Solo Madrid.

Una omisión no casual, recordándose que los municipios presentes en la reunión (Marbella, Estepona, Fuengirola y Mijas) están gobernados por el Partido Popular, al igual que la Junta.

Criticar abiertamente a un Ejecutivo autonómico del mismo color puede ser políticamente inconveniente, o al menos incómodo. En cambio, señalar al Gobierno central (en manos del PSOE) permite canalizar la frustración sin dañar alianzas internas. Pero esta estrategia tiene un coste: invisibiliza a un actor que también tiene obligaciones.

No es solo el Estado el que ha fallado en articular una respuesta coordinada; la Junta también ha optado por la distancia, cuando debería estar en primera línea.

¿Dónde están los estudios científicos promovidos por la Consejería de Sostenibilidad? ¿Dónde está el apoyo económico a los ayuntamientos? ¿Dónde los planes de contención ecológica y recuperación marina?

Más grave aún es el hecho de que muchos ayuntamientos estén asumiendo gastos que, por ley, corresponderían a la Junta. Es vox populi que Marbella, por ejemplo, ha adelantado fondos municipales para centros de salud, colegios o infraestructuras que deberían financiarse desde Sevilla. Esta práctica —convertida en normalidad— erosiona los presupuestos locales y limita seriamente la capacidad de los municipios para enfrentar otras emergencias, como la de las algas invasoras.

La pregunta, por tanto, no es solo por qué el Gobierno central no responde. Es también por qué los municipios no exigen lo que les corresponde a su gobierno autonómico. ¿Acaso la lealtad partidista está por encima de la defensa del territorio?

Los alcaldes tienen razón al reclamar soluciones urgentes. Pero su demanda quedará incompleta si no va acompañada de una exigencia clara y valiente a la Junta de Andalucía.

Este fenómeno, que comenzó en Cádiz en 2015, se ha expandido con sigilo y contundencia, mientras tanto, los efectos son devastadores: pérdida de biodiversidad, colapso en ecosistemas protegidos como los bosques de posidonia, impactos en la pesca artesanal, y una merma notable en la imagen turística de una región que vive —y sobrevive— del mar.

Pero este no es solo un problema ambiental o económico: es también una cuestión de gobernanza, equidad territorial y responsabilidad compartida.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, fue claro: el Gobierno no puede seguir actuando como si esto fuera “problema de los ayuntamientos”. Esa es precisamente la línea roja que se ha cruzado. Porque lo que está en juego aquí no son únicamente toneladas de algas, sino la credibilidad de un Estado que promete transición ecológica, pero que sigue dejando solos a quienes enfrentan en primera línea sus costes inmediatos.

Que esta alianza de municipios recurra ahora a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y prepare un documento común para exigir un plan de acción y compensaciones al Ejecutivo, no es un simple acto burocrático.

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