Marbella. - El desayuno empresarial organizado por Apymespa funciona, en apariencia, como un espacio clásico de cohesión: refuerza vínculos, facilita contactos y permite a la administración presentarse como una institución cercana al tejido productivo. 

La presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, convirtió el encuentro en algo más que una cita sectorial, dando una mayor formalidad institucional al momento, lo que paradójicamente no facilitó abordar los conflictos que el pasado 21 de abril APYMESPA denunciaba: obras públicas que se prolongan y se repiten en el tiempo.

Se prefirió, por parte de la alcaldesa y los empresarios, proyectar normalidad y prosperidad con aquello de los 15.500 autónomos, aunque el Instituto andaluz de Cartografía oficialmente estima  que nuestra actividad económica se sustenta en 25.347 establecimientos, haciendo la salvedad de que en 15.125 (59.6%) no hay ningún asalariado, que sólo 8.056 (31.6%) alcanzan los 5 empleados;  1.663 (6.6%) entre 6 y 19 asalariados y que son 503 (2%) establecimientos los que concentran el mayor número de empleados, más de 20. 

Ahí es donde entran las exigencias de Apymespa, que rompen ese relato amable. La petición de ayudas directas, exenciones fiscales y una partida presupuestaria específica no es solo una reivindicación coyuntural: es una enmienda implícita al modelo de ejecución de obra pública en Marbella. 

Lo que los empresarios están diciendo —sin excesiva retórica— es que la ciudad se transforma a costa de quienes operan en ella día a día. No cuestionan necesariamente las obras, pero sí el hecho de que su impacto negativo recaiga de forma desproporcionada sobre pymes y autónomos.

Desde un punto de vista económico, la demanda tiene lógica: si una decisión pública (prolongar una obra, cortar accesos, alterar flujos de clientes) genera una externalidad negativa localizada, la administración puede —y en muchos modelos urbanos avanzados, debe— compensarla. 

No hacerlo implica trasladar el coste del interés general a agentes privados concretos, lo que a medio plazo erosiona el propio tejido que se pretende fortalecer.

La respuesta del portavoz, Félix Romero, a Latinpress.es es reveladora: no son bonificaciones, sino subvenciones lo que piden. Sin negar que el Ayuntamiento pueda tener la voluntad real de compensar, o no, ha apelado al “cara y cruz” de las obras y a la necesidad de asumir molestias previas, dejando en el aire cualquier tipo de promesa. Toda una narrativa conocida en la gestión pública.

Lamentablemente un encuentro tipo desayuno, ‘networking’, parece no ser el mejor escenario para negociar medidas concretas y anunciar compromisos que impliquen gasto público.

Muñoz y Romero son astutos e inteligentes: los posicionamientos y los compromisos no se pueden realizar en caliente. Es mejor el “ya veremos” qué pasa con los informes técnicos y la disponibilidad presupuestaria.

Por ello cuando le preguntamos a Félix Romero, en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local, sobre qué decisión podrían tomar, insistió en no generar “falsas expectativas”, evitando cerrar puertas.