Marbella. - El cierre del acceso de la A-7 a Golden Beach vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas estructurales de Marbella: la descoordinación entre las grandes infraestructuras estatales y la movilidad cotidiana de la ciudad.

El Ayuntamiento ha asegurado que los viarios interiores, que deben absorber parte del tráfico todavía están en obras, cerrar de golpe el acceso puede convertir una actuación técnicamente prevista en un problema práctico para los residentes. 

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, sostiene que el cierre se ejecutó sin comunicación previa al Consistorio ni a los vecinos, no obstante, el cierre no parece ser una decisión improvisada de ayer.

Según el Ayuntamiento, Fomento había decidido ya en 2020 que este acceso debía desaparecer. Y la planificación de la zona lleva años hablando precisamente de una reorganización de los accesos a la A-7 y de la construcción de vías de servicio. De hecho, en 2018 el propio Ayuntamiento informaba de un proyecto estatal que contemplaba una vía de servicio y carriles de trenzado entre distintos enlaces de Las Chapas.

Si la decisión de cerrar era conocida desde hace años, resulta difícil explicar por qué la solución alternativa llega al mismo tiempo —o después— que el cierre.

Y si las administraciones conocían desde 2020 que determinados accesos iban a desaparecer, también resulta legítimo preguntar qué se ha hecho durante estos seis años para garantizar una transición ordenada.

La cuestión parece más un problema de planificación, conociéndose además que el Estado tiene la competencia sobre la A-7 y, por tanto, sobre la seguridad y funcionalidad de sus accesos. 

La A-7 no solo es una autovía que atraviesa Marbella; en Las Chapas funciona como una columna que conecta urbanizaciones, playas, establecimientos turísticos y equipamientos situados a ambos lados de la carretera. Ya en 2018 Félix Romero señalaba  que este tramo soportaba más de 70.000 vehículos diarios. Por eso, cada cierre de acceso tiene efectos que van mucho más allá de un simple cambio de itinerario.

Además, según el Ministerio de Transportes, hay información desde el 2 de marzo de este 2026 sobre el avance en una nueva vía de servicio sur de la A-7 y el enlace de Elviria, cuyo proyecto fue sometido a información pública. Es decir, la necesidad de reorganizar esta zona no es nueva. Forma parte de una transformación de mayor alcance.

El problema político está en el cómo y cuándo se cierra, no en el calendario. Muñoz ha reclamado que el enlace permanezca abierto hasta que terminen las obras interiores y que se informe previamente a los residentes, una petición políticamente comprensible, pero también es necesario conocer por qué el Ministerio ha ejecutado ahora el cierre; sin esa información, el debate corre el riesgo de convertirse en el habitual intercambio de responsabilidades.