Diario Clarín • 10 de junio de 2025
La Corte Suprema Argentina condena a Cristina Fernández de Kirchner.
Clarin. -
El sistema político argentino recibió un golpe sísmico esta semana cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por corrupción contra la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dejándola al borde de la cárcel y excluida de la vida política para siempre.
El fallo, unánime, sella su inhabilitación perpetua y una pena de seis años de prisión, en un caso que ha dividido a la sociedad argentina y que redefine los límites del poder judicial frente al poder político.
El caso, conocido como “Vialidad”, gira en torno a la adjudicación de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz —epicentro del poder kirchnerista— entre 2003 y 2015.
Según la sentencia, estos contratos fueron sistemáticamente direccionados a empresas vinculadas a Lázaro Báez, un empresario cercano a la familia Kirchner. El daño estimado al erario público supera los 84.000 millones de pesos.
Justicia o persecución política
Para sus seguidores, el fallo representa una confirmación más de lo que describen como “lawfare”: una estrategia judicial de persecución política contra líderes progresistas en América Latina. Para sus detractores, es una señal de que la impunidad política en Argentina tiene límites.
La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por la defensa de Fernández de Kirchner sin siquiera analizar su contenido de fondo, al considerarlos procesalmente inadmisibles. El fallo se ampara en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, utilizado para desechar recursos que no presentan una cuestión federal relevante.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que el proceso judicial cumplió con todas las garantías constitucionales y que la condena se basó en pruebas contundentes. “El debido proceso ha sido salvaguardado”, afirmaron.
Impacto político inmediato
La confirmación de la condena inhabilita de forma definitiva a Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos, sepultando cualquier especulación sobre una eventual candidatura en 2025. Aunque en los últimos meses no había manifestado explícitamente su voluntad de competir, su figura seguía siendo central dentro del peronismo y de vastos sectores del electorado argentino.
El paso siguiente queda en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, que deberá determinar cuándo y cómo comenzará a cumplirse la pena. Dado su perfil político, su edad (72 años) y las normas procesales, no se descarta que la condena se cumpla en su domicilio.
¿Un punto de inflexión institucional?
Más allá de su impacto personal y político, el fallo puede marcar un cambio de época en la relación entre los poderes del Estado en Argentina. Tras décadas de enfrentamientos entre presidentes y jueces, y en medio de un sistema judicial cuestionado por su lentitud y falta de independencia, esta decisión podría representar —al menos simbólicamente— el fortalecimiento de la justicia frente a las estructuras de poder.
En un país donde los ex presidentes suelen quedar al margen de la ley por conveniencia política, el caso Fernández de Kirchner rompe el molde. Ningún otro ex mandatario argentino ha enfrentado una condena firme de esta magnitud en democracia.
Ecos regionales
El caso resuena en toda América Latina, donde las causas por corrupción han alcanzado a múltiples líderes, desde Lula da Silva en Brasil hasta Jeanine Áñez en Bolivia. A diferencia de otros casos, donde las condenas fueron revertidas o consideradas irregulares, el proceso contra Fernández de Kirchner atravesó todas las instancias judiciales sin ser anulado.
La causa Vialidad será recordada no sólo como un caso de corrupción, sino como una prueba institucional clave. Queda por verse si inaugura una etapa de mayor credibilidad judicial o si profundiza la desconfianza y la polarización.
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