La postura del Ayuntamiento de Marbella
Félix Romero • 11 de junio de 2025
El Ayuntamiento de Marbella toma una postura pasiva frente al futuro de la Residencia de Tiempo Libre.
Marbella. -
En un momento en que Marbella enfrenta una creciente presión urbanística y una demanda insatisfecha de vivienda pública, la inacción del ayuntamiento respecto a la Residencia de Tiempo Libre —un amplio complejo con más de 200 bungalows en una ubicación estratégica— revela un dilema de fondo sobre el uso del suelo, el papel del gobierno local y el significado de gobernar para el interés común.
El silencio como política
Durante una comparecencia reciente, el portavoz del Ayuntamiento, Félix Romero, respondió a preguntas sobre posibles gestiones municipales con la Junta de Andalucía por estos terrenos públicos con una negativa rotunda: no hay avances, no hay negociaciones, y no hay planes.
Aseguró que “no hay nada nuevo” desde el último pleno, y que la postura institucional se limita a respetar la titularidad de la Junta. En otras palabras, el ayuntamiento se abstiene de intervenir en un debate que —por geografía, contexto social y urgencia— le incumbe profundamente.
Esta postura, aparentemente técnica y legalista, encierra una omisión política: la ausencia de voluntad para liderar o, al menos, para influir en el destino de un espacio que podría ser clave para combatir la exclusión residencial en una de las ciudades más tensionadas por la especulación urbanística del sur de Europa.
La defensa de la propiedad: ¿principio o excusa?
Romero recurrió repetidamente al argumento de la titularidad: “Estos terrenos son de la Junta, y no podemos actuar como si fueran nuestros”.
Dentro de esta postura se ha entendido que subyace una concepción estricta —y cómoda— del principio de propiedad, utilizada aquí como escudo frente a cualquier forma de iniciativa pública.
En esa lógica, todo intento de intervenir o siquiera opinar sobre un uso alternativo del terreno parece un atentado contra el derecho propietario.
Un apartado que pasó desapercibido para el portavoz fue que la propiedad pública, a diferencia de la privada, no se posee: se administra. La Junta de Andalucía no es una entidad empresarial, sino una institución que —como el Ayuntamiento— tiene deberes frente a la ciudadanía. Que ambos niveles de gobierno se laven las manos respecto a un activo tan importante habla de una descoordinación institucional que beneficia, sobre todo, a quienes prefieren que nada cambie.
VPP, rumores y ficciones
El ayuntamiento admite que Marbella necesita suelos para VPP (Viviendas de Protección Pública), y que esta necesidad es urgente. Pero se resiste a articular esa urgencia con hechos concretos.
Cuando se le sugiere que al menos podría defender públicamente el mantenimiento de la Residencia —o su reconversión a uso residencial asequible—, el portavoz responde con un rodeo legalista: si quisieran esos terrenos, tendrían que expropiarlos, pero habría que acudir a la expropiación forzosa.
Un razonamiento extremo que ignora la gama de acciones posibles entre la pasividad total y la expropiación: coordinación con la Junta, elaboración de un plan estratégico conjunto, presión institucional, o al menos un pronunciamiento político claro. En vez de eso, se opta por la neutralidad silenciosa.
Y mientras tanto, crecen los rumores sobre una posible recalificación del suelo para fines hoteleros. El ayuntamiento, de nuevo, se desmarcó: “Sobre rumores, no opinamos”, olvidando que en urbanismo el silencio no es neutralidad y, que deja presencia a la complicidad pasiva con quien sí tiene planes, aunque no los anuncie aún.
¿De quién es Marbella?
Lo que está en juego en este debate no es sólo una parcela de terreno ni una residencia antigua.
Es la visión de ciudad que se quiere construir: una Marbella donde el suelo público pueda servir al bien común, o una donde cada metro cuadrado se rija por intereses particulares, incluso si formalmente son “públicos”.
El Ayuntamiento de Marbella parece haber optado por la abstención. En tiempos en que las ciudades necesitan liderazgo valiente y políticas urbanas inclusivas, esa abstención equivale a un posicionamiento claro: dejar hacer, dejar pasar.
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