Cuestionan a la Guardia Civil en Mijas
PACMA • 28 de agosto de 2025
En Mijas cuestionan a la Guardia Civil por descartar maltrato animal en una rehala de perros de caza.
Mijas, Andalucía. España. —
El caso, denunciado por el Partido Animalista PACMA, expone una contradicción que España aún no resuelve: mientras la sociedad avanza hacia una mayor protección de los animales de compañía, los perros de caza quedan atrapados en un vacío normativo y cultural.
La escena que describen los activistas es desoladora: hay seis podencos encerrados en un almacén de 40 metros cuadrados, atados dentro de una perrera de 15 metros cuadrados, rodeados de excrementos y con agua en mal estado. Sin embargo, para la Guardia Civil, no hay pruebas de maltrato.
Una inspección que divide
PACMA denuncia que los controles son ineficaces porque se avisa al propietario antes de la inspección, lo que le permite limpiar el lugar y maquillar las condiciones.
La Guardia Civil, en cambio, defiende que en sus visitas no halló pruebas de infracciones que encajen en la actual legislación.
Este contraste revela la raíz del problema: la definición legal de maltrato animal en España excluye, en muchos casos, a los perros utilizados en la caza, que no gozan de las mismas protecciones que los animales de compañía.
Una cuestión de cultura y poder
Las rehalas —grupos de perros utilizados en monterías y batidas— son parte de una tradición cinegética con fuerte arraigo en zonas rurales.
Para los cazadores, representan una práctica cultural y económica. Para los animalistas, son un símbolo de explotación normalizada.
El choque entre ambas visiones genera un terreno en el que los propios cuerpos de seguridad se mueven con cautela. “Se confunde tolerancia cultural con impunidad”, apunta Isabel Ardao, coordinadora de PACMA en Mijas.
El caso de Mijas no es aislado. Cada temporada, organizaciones denuncian cientos de casos de perros de caza abandonados, atados en naves, o viviendo en condiciones insalubres. La Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023, generó controversia precisamente por excluir a estos animales de sus principales protecciones.
Los críticos lo ven como un retroceso legislativo fruto de la presión del lobby cinegético. Sus defensores, en cambio, argumentan que imponer los mismos estándares a animales de trabajo sería inviable y pondría en riesgo una actividad con peso económico y cultural.
¿Qué está en juego?
Para PACMA se trata de un modelo de inspecciones que, en su opinión, está diseñado para fracasar: controles anunciados, escaso margen de sanción y una ley que legitima la excepción.
“Solo pedimos lógica: inspecciones sin previo aviso y leyes que protejan a todos los animales, no solo a los que conviven en el salón de casa”, reclama Ardao.
En el momento del hallazgo, Isabel Ardao, coordinadora municipal de PACMA en Mijas y Fuengirola, reportó un fuerte olor a excrementos y condensación, así como gran cantidad de heces por el suelo, agua en mal estado y comida putrefacta. Estos hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil a comienzos de febrero de 2025.
En 2016, estas mismas condiciones habían sido denunciadas por vecinos. En ese entonces, tampoco se halló ningún tipo de maltrato tras la inspección, en la que los agentes solo dieron recomendaciones de mejora al propietario de los animales.
Inspecciones pactadas con los presuntos infractores
PACMA denuncia que el problema de fondo es evidente: "¿cómo van a ver la situación real si se avisa al propietario antes de la inspección dándole margen para que limpie y arregle todo?", explica la coordinadora.
"Este aviso permitió que el responsable adecentara el lugar y ocultara momentáneamente la realidad en la que malviven los perros, lo que deja en evidencia la ineficacia de los controles y la connivencia con quienes descuidan a estos animales, excluidos además de la ley nacional por ser empleados para la caza".
El Partido Animalista considera intolerable que se sigan "blanqueando las prácticas de las rehalas", mientras miles de perros de caza en España sufren maltrato sistemático en el silencio de zulos, almacenes y cuevas. PACMA solicita "que se aplique la lógica" y se realicen inspecciones sin previo aviso para poder conocer la situación habitual en la que viven los animales tras interponerse una denuncia.
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