El convenio de la vergüenza

José Bernal • 21 de octubre de 2025

Los accesos a la futura Ciudad de la Justicia terminan siendo el convenio de la vergüenza.

Marbella. — El pasado 17 de octubre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, firmó un acuerdo con la consejera de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y su homólogo en Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Esa firma fue calificada de histórica por Muñoz, aunque ha supuesto un traslado total de 19.7MM€ desde Marbella a la Junta de Andalucía para costear toda la inversión que se realizará en los accesos a la futura ciudad de La Justicia de Marbella.

Ese convenio o acuerdo financiero ha suscitado críticas por parte del secretario general del PSOE local, Pepe Bernal, quien sostiene que el pacto impone una carga injustificada sobre los contribuyentes marbellíes y sampedreños, mientras la administración regional aporta escasos beneficios a cambio.

Según Bernal, el convenio establece que el Ayuntamiento transferirá 12 millones de euros más a la Junta de Andalucía, una medida que considera “una cesión de recursos públicos” para competencias que, en su opinión, deberían ser asumidas por el propio gobierno regional.

El dirigente socialista acusó al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, de no haber cumplido el compromiso de invertir 100 millones de euros en Marbella a través de los llamados préstamos reintegrables, anunciados cuando la ciudad fue rescatada tras los escándalos de corrupción de la era de Jesús Gil.

“Ese dinero nunca llegó”, afirmó Bernal. “Y ahora se entregan 12 millones más sin justificación ni retorno para los ciudadanos”. Este es simplemente el convenio de la vergüenza

Bernal subrayó además que el Gobierno de España ha destinado 102 millones de euros a Marbella en los últimos cuatro años mediante el Fondo de Ordenación, un instrumento financiero estatal para sanear las cuentas municipales.

“La paradoja”, añadió, “es que el Partido Popular en Marbella se endeuda con el Estado para luego transferir esos recursos a sus superiores en la Junta de Andalucía”.
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