El problema de la vivienda
Isabel Pérez • 24 de septiembre de 2025
Nadie discute el problema de la vivienda, sino el cómo se enfrenta la solución.
Marbella. -
En la tribuna del Congreso, la diputada socialista marbellí Isabel Pérez expuso lo que calificó como uno de los problemas más urgentes y visibles de su municipio: el acceso a la vivienda. Nadie discute la magnitud del problema, dijo, pero las diferencias surgen en cómo enfrentarlo.
Las competencias
La cuestión de las competencias es clave. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos controlan el urbanismo y la gestión del suelo, mientras que el Gobierno central actúa como paraguas legislativo y financiero.
En este terreno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado un esfuerzo inédito: ha invertido 8 veces más en presupuesto que en 2018 cuando estaba M. Rajoy, el incremento del parque público ha pasado del 2,5% al 3,4%; 800 millones de euros se han destinado para el bono de alquiler joven, más de 6.300 viviendas impulsadas en grandes ciudades y, se ha creado la primera ley de vivienda de la democracia, con topes al alquiler en zonas tensionadas.
Dos ejemplos
Pérez dijo que la letra de la ley choca con la realidad de la gestión autonómica, dando dos ejemplos: Murcia invierte 4 euros por habitante en vivienda pública, frente a una media nacional de 10 y, Andalucía, gobernada por el PP, dejó de ejecutar 750 millones presupuestados en cuatro años y tramitó de manera caótica el bono joven.
Marbella
El contraste se vuelve especialmente visible en Marbella, la diputada aseguró que en el municipio, el esfuerzo medio para comprar o alquilar una vivienda alcanza el 76% de los ingresos familiares, más del doble del umbral recomendado del 30%.
El precio del metro cuadrado supera con creces la media nacional, y sin embargo la alcaldesa del Partido Popular, Ángeles Muñoz, rechaza regular la vivienda turística. El Ministerio de Vivienda ha detectado 1.802 alojamientos turísticos ilegales en el municipio, lo que convierte a Marbella en el segundo de Andalucía con mayor número de pisos irregulares.
La Residencia de Tiempo Libre
El caso roza lo grotesco cuando se miran los recursos públicos disponibles: la Junta de Andalucía mantiene 235 viviendas en Marbella —la Residencia de Tiempo Libre— que podrían destinarse a alquiler para jóvenes, trabajadores temporales o familias locales. En lugar de eso, la Junta y el Ayuntamiento han firmado un convenio para transformarlas en un complejo hotelero privado, duplicando la edificabilidad y enterrando cualquier posibilidad de uso social.
El ejemplo ilustra un patrón más amplio en la gestión de la vivienda por parte de la derecha: la especulación del suelo y la privatización de recursos públicos bajo el disfraz de dinamizar la economía.
Mientras tanto, el mercado sigue dictando precios imposibles, ahí está el ejemplo en Marbella con un precio por una VPP de 235.000 euros, inaccesible para la mayoría de los residentes.
La paradoja se repite a escala nacional: un país que presume de aprobar su primera ley de vivienda democrática, pero donde el parque público apenas llega al 3,4%, frente al 30% de Viena o el 17% de Francia. El problema no es la falta de diagnóstico, sino la incapacidad de transformar la vivienda en un derecho real y no en un activo financiero.
“Hay que trabajar otro tipo de opciones de vivienda pública que no piensen solo en el beneficio económico, sino en el social”, concluyó Pérez.
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