La Escuela de Enfermería en Marbella

Ángeles Muñoz • 16 de febrero de 2026

En 2023 se votó unánimemente, en Pleno Ordinario, tener una Escuela de Enfermería en Marbella.

Marbella. — Muchos marbellíes se preguntan para qué se votan las mociones en los Plenos si no existe un mecanismo real que garantice su cumplimiento o, si existe alguien que responda a los ciudadanos cuando se quiere preguntar por los retrasos de los compromisos unánimes.

El caso del edificio anexo al Hospital Costa del Sol ilustra con precisión uno de los problemas persistentes de la política municipal en Marbella: la debilidad de los mecanismos que conectan la voluntad política expresada en los plenos con su ejecución efectiva. 

La frecuencia de la distancia entre el acuerdo unánime plenario y el resultado tangible no es una anomalía, sino un rasgo que con el tiempo ha erosionado la confianza ciudadana.

En octubre de 2023, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción para solicitar al Gobierno central el uso público del inmueble anexo al Hospital Universitario Costa del Sol. 

El proyecto combinaba varias respuestas a problemas públicos bien identificados: la creación de una Escuela de Enfermería, una residencia para profesionales sanitarios, espacios de apoyo a familiares de pacientes y, potencialmente, áreas dedicadas a la investigación sanitaria. 

La iniciativa no surgió de forma improvisada. Meses antes, en febrero, la alcaldesa Ángeles Muñoz anunció que impulsaría la moción en el Pleno Ordinario de ese mes para iniciar los trámites municipales necesarios, subrayando que el Ayuntamiento llevaba meses trabajando con la Universidad de Málaga para poner en marcha el centro académico. 

El mensaje también era claro: el proyecto parecía contar con consenso institucional, respaldo técnico y legitimidad social.

Sin embargo, más de tres años después, la iniciativa permanece estancada. El punto de bloqueo inicial se situó en la necesidad de una autorización del Ministerio de Fomento, debido a la afección normativa derivada de la cercanía del edificio a la carretera (50 metros). 

Las autoridades locales apelaron entonces a la excepcionalidad que permite la normativa cuando se trata de servicios públicos esenciales. Pero el problema fue que el debate dejó de avanzar, y con él, el proyecto.

Desde una perspectiva política, el caso trasciende el plano técnico, poniendo de manifiesto la fragilidad del nexo entre la política local y la administración del Estado, así como la falta de instrumentos intermedios que permitan desbloquear iniciativas respaldadas de forma unánime por una corporación municipal. 

La unanimidad, lejos de acelerar la acción, ha funcionado como un elemento desresponsabilizador, dejando claro que no existe un actor al que exigir resultados.

Este caso no es excepcional, más bien parece repetirse en el tiempo. Aprobadas las mociones por unanimidad, se comunican a los ciudadanos como compromisos firmes, pero sin calendarios, informes públicos de seguimiento o consecuencias políticas en caso de incumplimiento. 

El resultado es una política que genera expectativas pero que no rinde cuentas.
Latinpress.es ha rescatado este caso por la relevancia del escenario actual, marcado por la escasez de personal sanitario, las dificultades de acceso a la vivienda para profesionales y una presión creciente sobre la sanidad pública. 

En ese marco, la inacción no puede atribuirse únicamente a la burocracia: también refleja prioridades políticas y capacidad —o falta de ella— para convertir el consenso en políticas públicas efectivas.

Es lamentable mantener el inmueble en un limbo indefinido donde no hay plazos, proyectos económicos ni responsables claramente identificados. La transparencia sobre el estado real del proyecto, ha convertido al edificio en un símbolo de la brecha entre la política que se aprueba y la que se ejecuta.

En última instancia, el caso cuestiona las votaciones plenarias, si las mociones no generan obligaciones verificables ni consecuencias políticas, lo que vemos es pura retórica. 
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