La multa a la alcaldesa cuestiona su ética

La multa de 8 mil euros a Ángeles Muñoz supone, además de violar las normas legales del Plan General, mentirle a sus vecinos sobre su ética y moral.

Marbella. — La multa por 8 mil euros a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, parece un episodio que ha pasado casi inadvertido entre la ciudadanía pero que está dejando serias preguntas sobre la ética pública.

Todo el mundo sabe que el Ayuntamiento de Marbella multó a su alcaldesa, Ángeles Muñoz, por haber realizado obras ilegales en su propia vivienda.

No se trata de que la sanción sea o no mayor; lo verdaderamente preocupante no es la infracción urbanística: es la falta de transparencia, la negación inicial de los hechos por parte de Muñoz, y el silencio ensordecedor que ha seguido.

Durante meses, la regidora negó que se hubiera llevado a cabo ninguna obra fuera de la ley en su propiedad. Tildó las acusaciones de "bulos". Sin embargo, el procedimiento urbanístico ha seguido su curso, y ha quedado demostrado que las obras —un garaje construido sin ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana— son ilegales. La alcaldesa está obligada no solo a pagar la multa, sino también a presentar un proyecto de demolición, ha dicho la portavoz socialista Isabel Pérez.

Para la diputada lo más inquietante es lo que no ha ocurrido: no ha habido una explicación pública por parte de Muñoz. No ha habido una disculpa. No ha habido, siquiera, una mención al respecto en las comparecencias oficiales del equipo de gobierno del Partido Popular. Ni una palabra.

La ciudadanía, por su parte, ha permanecido mayoritariamente muda, salvo por algunas notas de prensa emitidas por el PSOE e Izquierda Unida.

Isabel Pérez, portavoz socialista, lo resume con claridad: “Que una ciudadana cometa un error urbanístico puede entenderse. Pero que lo haga la alcaldesa, lo niegue sabiendo la verdad, y aún así continúe como si nada, es profundamente alarmante”.

Pérez añade que el PSOE lleva siguiendo el expediente desde el inicio, precisamente para evitar que el caso prescriba. Y no es un temor infundado: en 2015, cuando los socialistas accedieron al gobierno municipal, detectaron que el ayuntamiento había dejado prescribir sanciones por valor de 9MM€. La historia parece repetirse.

Por otro lado, este no es un caso aislado. Otra figura del PP local, Carmen Díaz, fue también sancionada por construir un garaje ilegal, que tuvo que ser demolido tras un proyecto correctivo. El patrón se repite: infracciones urbanísticas por parte de responsables políticos que deberían velar por el cumplimiento de la ley, no bordearla.

Lo que queda, entonces, es la paradoja democrática: el municipio ha multado a su alcaldesa, pero la alcaldesa actúa como si nada hubiera pasado.

En cualquier democracia madura, la mera existencia de una sanción municipal contra el máximo cargo político local sería motivo de escándalo, de exigencias de responsabilidades, de dimisiones, o al menos de explicaciones públicas. En Marbella, ha sido motivo de silencio.

Y mientras el expediente sigue abierto, el riesgo de que la infracción prescriba permanece. La maquinaria administrativa es lenta. Los plazos, largos. Y la memoria pública, corta.

Pero más allá de los procedimientos, este caso plantea una cuestión esencial: ¿puede una ciudad confiar en una alcaldesa que se niega a rendir cuentas incluso cuando su propio ayuntamiento la encuentra culpable? En Marbella, por ahora, parece que sí. Y eso, quizás, es lo

más preocupante de todo.

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