Las 3.000 VUT son una decisión política
Manuel Núñez • 5 de febrero de 2026
Izquierda Unida: Las 3.000 viviendas turísticas ilegales en Marbella, son una decisión política.
Marbella. —
En Marbella, el debate sobre la vivienda ya no gira en torno a si existe un problema, sino sobre quién se beneficia de que siga sin resolverse.
Los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sitúan al municipio como la ciudad con más viviendas turísticas ilegales de Andalucía y la tercera de toda España. Todo un retrato de un modelo urbano que ha permitido que el mercado avance más rápido que la regulación.
Para Manuel Núñez, coordinador de Izquierda Unida Marbella y portavoz de Por Andalucía, estas cifras son la consecuencia directa de una decisión política: no intervenir. Su diagnóstico es contundente. Con casi 3.000 viviendas turísticas ilegales, Marbella ha consolidado un sistema en el que miles de pisos quedan fuera del mercado residencial mientras miles de personas esperan una vivienda digna.
La coincidencia entre ambas cifras —las viviendas ilegales y los inscritos en el registro municipal de demandantes— es, para IU, más que simbólica.
Núñez ha puesto el foco en lo que considera la gran omisión del Ayuntamiento: la negativa a congelar nuevas licencias de viviendas de uso turístico y a desplegar un plan serio de inspección y sanción.
En Marbella la regulación sigue siendo laxa, cuando no inexistente, incluso en un contexto en el que el volumen de alojamientos ilegales sitúa a la ciudad en el podio nacional.
La falta de control no solo distorsiona el mercado de la vivienda, sino que redefine el perfil urbano. Marbella crece hacia arriba y hacia afuera, pero lo hace, según denuncia IU, priorizando grandes desarrollos de vivienda libre y de alto precio, orientados al turismo y a compradores de alto poder adquisitivo.
La vivienda protegida ha quedado relegada a promociones puntuales que no alteran el fondo del problema. Las 84 viviendas de VPO presentadas recientemente por el Ayuntamiento son, en palabras de Núñez, insuficientes y, para muchos trabajadores, inalcanzables.
El resultado es una ciudad que funciona como destino, pero no como hogar. Profesionales esenciales —sanitarios, docentes, empleados públicos— encuentran cada vez más difícil vivir donde trabajan.
El alquiler de larga duración se encarece, se reduce la oferta y se normaliza que el acceso a la vivienda dependa de la suerte, un sorteo o la capacidad de competir con el turismo global.
Manuel Núñez exige paralizar nuevas licencias turísticas, inspeccionar de manera exhaustiva las existentes, retirar y sancionar las ilegales, ampliar de forma sostenida el parque público de vivienda y aplicar sin ambigüedades la Ley de Vivienda.
No se trata, insiste, de ideología, sino de garantizar que el derecho a un hogar no quede subordinado a la rentabilidad por noches.
Para Manuel Núñez esta situación “evidencia el fracaso absoluto del modelo de vivienda del gobierno municipal”.
La formación alerta además de que los grandes desarrollos urbanísticos previstos o en tramitación, como La Vizcaína, Arroyo de la Cruz o Nagüeles, “priorizan de forma mayoritaria la vivienda libre frente a la protegida, consolidando un modelo orientado al mercado de alto poder adquisitivo y al alquiler turístico.
Núñez insiste en que el derecho a la vivienda no puede depender de un sorteo ni de que salga una bola en una lotería; debe ser una política pública planificada, justa y pensada para quienes viven aquí todo el año”, abunda Núñez.
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