Las barreras de las urbanizaciones, son ilegales
Javier Porcuna y Eduardo Díaz • 26 de septiembre de 2025
Las Barreras en las urbanizaciones privadas son ilegales.
Marbella. -
La ciudad, ciudad símbolo del turismo de lujo también demuestra su grado de desigualdad urbana cuando suben o bajan las barreras de acceso a las urbanizaciones privadas.
Para el concejal socialista marbellí, Javier Porcuna, las barreras se han convertido en un símbolo tan físico como político. Son vallas metálicas y garitas con guardias privados o semibarreras automatizadas que, en apariencia, solo buscan ofrecer seguridad a los residentes.
Pero en la práctica trazan una frontera difusa: ¿hasta dónde puede un colectivo apropiarse del espacio público en nombre de su tranquilidad? ha preguntado el edil al responsable del área Eduardo Díaz.
En el pleno municipal celebrado este 26 de septiembre, Díaz presentó una moción para derogar la normativa de 2014 que permitía la instalación de estas estructuras, argumentando que la medida pretende reforzar la “seguridad jurídica” y evitar el limbo normativo en el que se han movido las comunidades de propietarios.
La promesa es que el futuro Plan General establecerá reglas claras. Hasta entonces, las solicitudes para nuevas barreras no se tramitarán.
La decisión, sin embargo, destapó un conflicto más profundo cuando Javier Porcuna expresó sin rodeos que el levantar barreras en vías que deberían ser de todos es ilegal. Y no solo eso: es, en su visión, una forma de urbanismo excluyente que beneficia a quienes pueden costear una vigilancia privada mientras se margina al resto.
Para los defensores de estas barreras, la narrativa es otra. Hablan de seguridad frente a robos, de protección de la intimidad y de preservar el valor inmobiliario en un mercado donde la exclusividad se paga cara. Spoiler: En ciudades marcadas por el turismo de lujo, la promesa de vivir “a salvo del ruido y la inseguridad” es también un producto de mercado.
El debate sobre las barreras en Marbella refleja una tensión global no solo local sobre la creciente privatización del espacio público.
Urbanistas y sociólogos advierten de que cuando se permite a un grupo limitar el acceso a una calle o plaza, se erosiona la idea de ciudad compartida. El derecho a caminar por una vía pública se convierte en un privilegio negociado.
El futuro Plan General podría dictar si esas barreras sobreviven o caen. Pero, más allá de lo legal, la cuestión es de identidad urbana: ¿es Marbella una ciudad abierta, o un mosaico de feudos privados donde el espacio común se reduce palmo a palmo?
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