Marbella: El Comentario de la Semana 291
José Antonio Medina • 12 de julio de 2025
Marbella: El Comentario de la Semana 291.
Málaga y Marbella, motores del turismo, los contratos laborales que no llegan a fin de mes y el cemento.
En la provincia de Málaga el turismo sigue siendo la gallina de los huevos de oro… aunque a veces esos huevos salen revueltos y sin sal. Durante el segundo trimestre de 2025, se firmaron 37.027 contratos
relacionados con el sector turístico, la mayoría temporales, con salarios que harían sonrojar a cualquier camarero veterano y ocupaciones que suenan más a un menú de comida rápida: camareros, ayudantes de cocina y personal de limpieza lideran el sector. Málaga capital se lleva la palma con 11.458 contratos, seguida por Marbella con 6.273. En política local, Izquierda Unida decide cambiar el timón: Manuel Núñez
reemplaza a Victoria Morales. Manuel, economista y activista con más años en política que algunos camareros en temporada alta, llega con promesas de ser “útil”, que en IU se traduce a menudo como “vamos a darle la vuelta a este modelo de sol y cemento”. Marbella, la joya turística, acaba de inaugurar una flamante desaladora
tras una cirugía de 8 millones de euros. Produce 20 hectómetros cúbicos de agua, que ahora sí funcionan, algo que Juanma Moreno y Ángeles Muñoz
presentaron con la pompa de quienes acaban de inventar el agua. El gran logro del día, sin duda, aunque ya veremos si no acaba como las promesas sobre el parque de los Tres Jardines
adornado con columpios oxidados, fuentes más secas que el humor de un lunes; y bancos más resecos que el aplauso a la última promesa política. Osorio, Domínguez y Parra,
figuras de la oposición, acusan a Ángeles Muñoz
de transformar el espacio público en un “cementerio de promesas”. Mientras tanto, el Parque de la Constitución
agoniza en silencio: baños rotos, gradas llenas de polvo y un observatorio astronómico cerrado, como si mirar al cielo fuera ahora un lujo reservado a los penthouses. Manuel Núñez
ha estado muy activo en este tema. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOM), ese fantasma que aparece y desaparece, aún no está listo. A pesar de que la alcaldesa se empeñe en venderlo como si ya estuviera encuadernado y listo para impresionar, lo cierto es que falta la Declaración Ambiental Estratégica, la vuelta al Ayuntamiento y el POU. En otras palabras: ni PGOU, ni PGOM, ni POU… ni leche Pascual, como dijo Isabel Pérez. Mientras tanto se han aprobado licencias urbanísticas por casi 67 millones
de euros, el ayuntamiento recoge 2,6 millones en retorno fiscal. Un negocio redondo para unos pocos. ¿Y la vivienda? Más de 500.000 euros por un piso nuevo. Una cifra que no hace gracia a nadie que gane 1.500 euros al mes. Bienvenidos al urbanismo de la expulsión amable, donde la exclusividad es ley y el acceso al hogar, un privilegio. Juanma Moreno
vino, regó, inauguró, pronunció un discurso que parecía más un saludo de cuñado en una comunión, y se fue. Llamó a Marbella “epicentro del turismo selecto” y definió a su alcaldesa como uno de los rostros “más consolidados del PP”. No aclaró si se refería a la fidelidad de sus votantes o al bótox político. Coda final:
Entre desaladoras que funcionan, parques que no, contratos precarios y viviendas imposibles, la ciudad se debate entre la postal turística y el desaliento cotidiano. Y mientras unos posan para la foto, otros esperan que la ciudad no los expulse por no poder pagarla.
Golazo
Contratos de trabajo. -
En el segundo trimestre de 2025, la provincia de Málaga registró 37.027 contratos en el sector turístico, con Málaga capital y Marbella a la cabeza del crecimiento. Málaga capital encabeza el repunte con 11.458 nuevos contratos y un crecimiento del 2,56%, seguida de Marbella con 6.273 contratos y un avance del 2,89%. Sin embargo, los perfiles más contratados evidencian tensiones estructurales: los camareros siguen dominando (21.577 contratos, +2,10%), los ayudantes de cocina con 5.326 contratos retroceden levemente (−0,50%) y el personal de limpieza (2.331) sufre una fuerte caída (−8,19%). En el plano político, Izquierda Unida ha confiado en Manuel Núñez, economista y veterano activista local, como nuevo coordinador en Marbella y San Pedro. Núñez, que tuvo responsabilidades públicas entre 2015 y 2017 en el área de Derechos Sociales, sustituye a Victoria Morales,
referente durante más de una década. Con un discurso crítico hacia el modelo actual de ciudad, Núñez aspira a convertir IU en “una herramienta útil para revertir un modelo agotado e injusto”. Su principal desafío: transformar la denuncia en propuesta, con una narrativa que articule cambios urbanos, sociales y económicos viables. La designación de Núñez abre un nuevo capítulo para la izquierda local, en un contexto donde la juventud gana protagonismo laboral y político, pero la desigualdad de género y los desequilibrios estructurales persisten.
Compromisos
En solo una semana hemos sido testigos de compromisos renovados en dos frentes clave: el agua y la justicia. Ángeles Muñoz y Juan Manuel Moreno
intentan renovar las expectativas de ciudadanía escéptica. La reinauguración de la planta desaladora, una infraestructura que llevaba años operando por debajo de su potencial, con una inversión de 8 millones de euros pasa de producir 6 a 20 hectómetros cúbicos anuales. Según Moreno esto permitirá suministrar agua a otras zonas como Málaga capital y la Axarquía. El anuncio es oportuno —en medio de una crisis climática que ya no puede llamarse coyuntural— y representa una apuesta concreta por diversificar las fuentes de abastecimiento. En contraste con la concreción de la desaladora, el anuncio de la futura Ciudad de la Justicia en Marbella
navega en aguas más turbias. La Junta ha licitado el estudio de implantación y Ángeles Muñoz
no dudó en calificarlo como un "paso decisivo". La Ciudad de la Justicia ha sido anunciada en múltiples ocasiones durante la última década. Cada nuevo estudio o proyecto parece reciclar la desconfianza ciudadana. El anuncio genera más expectativa que confianza. Hasta que no haya terrenos, plazos claros y dotación presupuestaria definitiva, el proyecto seguirá habitando esa zona gris entre la necesidad y la retórica.
Telarañas
San Pedro Alcántara, una de las zonas con más historia de Marbella, se tambalea entre el reluciente escaparate inmobiliario y los maderos podridos de sus espacios públicos. El parque de los Tres Jardines, alguna vez presentado como símbolo de renovación urbana, hoy ofrece una escena desoladora: fuentes secas, columpios oxidados, ramas muertas y una caseta de herramientas que ha desaparecido como las promesas políticas. Manolo Osorio, Mabel Domínguez y María Parra
acusan directamente a Ángeles Muñoz
de haber condenado al abandono no solo a este parque, sino al propio entramado público de San Pedro. Gentrificación a toda velocidad.
Mientras los parques se caen a pedazos, la ciudad sigue aprobando licencias urbanísticas por casi 67 millones de euros. Félix Romero
celebra los datos: dos complejos residenciales en Nueva Andalucía con 94 viviendas y locales comerciales. Y una promesa fiscal: más de 2,6 millones de euros en retorno para el ayuntamiento. Pero esos millones no riegan los jardines. En esa misma ciudad donde el metro cuadrado se cotiza en oro, el salario medio de una mujer marbellí es de 1.410 euros brutos al mes y el de los hombres, 1.620. Comprar una vivienda de medio millón de euros es una fantasía para la mayoría de los residentes. No solo no pueden aspirar a vivir en los nuevos desarrollos, sino que se ven empujados hacia la periferia, expulsados por un modelo urbano cada vez más exclusivo. Marbella se gentrifica a gran velocidad, y sin resistencia efectiva. Al abandono de los Tres Jardines, se le suma el parque de la Constitución, corazón cultural del casco urbano, es otro símbolo herido. El auditorio José Pernía Calderón
fue reformado en 2019 con una inversión de 325.000 euros. Desde entonces, ni un euro más. Baños inutilizables, gradas cubiertas de polvo, escenario deteriorado. El observatorio astronómico, ese pequeño lujo con vocación comunitaria y científica, cerrado desde hace años. Sin mantenimiento, sin excusas. Manuel Núñez
lo denuncia con claridad: se organizan actos culturales en espacios indignos de la cultura. Las imágenes de festivales o encuentros teatrales en estos escenarios olvidados hablan de una gestión que prioriza el espectáculo por encima del contenido, el titular sobre la estrategia. La visita reciente del presidente andaluz Juanma Moreno
fue cuidadosamente calculada. En su discurso, aseguró que Marbella es “el epicentro del turismo selecto” y que su auge económico se debe al liderazgo de Ángeles Muñoz, a quien llamó “uno de los rostros más consolidados del PP andaluz”. Ay, ay, ay. Pero su relato ignora las grietas. No habló de la temporalidad laboral, ni de la inseguridad creciente, ni de la crisis habitacional. Tampoco del colapso de los servicios públicos ni de la acumulación de basura y los atascos constantes que los marbellíes viven cada día. Se limitó a repetir el relato de Marbella como joya del turismo de alto poder adquisitivo. Un relato cómodo, rentable, pero profundamente incompleto. El sarcasmo de la frase pronunciada sobre el centro de salud Ricardo Soriano –“vamos cumpliendo los hitos, aunque queden cosas por hacer”– resume una forma de gobernar basada en el anuncio, no en la ejecución. La alcaldesa ha querido presentar como cerrado un proceso, el del nuevo PGOM, que aún debe pasar por la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) y una segunda aprobación municipal. Y todavía falta completar el POU. No hay final, pero se proclama victoria. La Marbella de los catálogos y los influencers no es la que atraviesan los vecinos a pie. La tensión entre el relato de la exclusividad y la experiencia del abandono es cada vez más difícil de ocultar. Los parques se secan, las viviendas se alejan, los sueldos se estancan, la seguridad preocupa, los espacios públicos se degradan. Y todo ello sucede mientras la ciudad se promociona como un destino global de lujo.

Marbella. - El Balance de Criminalidad de 2024 del Ministerio del Interior y el Índice de Paz Global (GPI 2025) coinciden en señalar a España como uno de los 25 países más seguros del mundo, muy por delante de Inglaterra (30), Noruega (32), Italia (33), Suecia (35) y, estados Unidos (128). Con una puntuación de 1,578 sobre 5 (donde una puntuación más baja indica mayor paz) España destaca por su bajo nivel de militarización, instituciones estables y una sociedad civil cohesionada, factores clave en este ranking de 163 naciones. Principales desafíos El Centro de Investigaciones Sociológicas de España acaba de confirmar que en el reino de los borbones los principales desafíos no son los conflictos armados o la violencia, sino los problemas de índole económicos, la vivienda y la sanidad. Los 10 países más seguros del mundo (2024) son: Islandia con 1.095 puntos. Irlanda 1.260. Nueva Zelanda 1.282 Austria 1.294. Suiza 1.294. Singapur 1.357. Portugal 1.371. Dinamarca. 1.393. Eslovenia 1.409. Finlandia con 1.420 puntos. Estos países comparten características como gobiernos estables, bajo nivel de criminalidad, sistemas judiciales eficaces y baja intervención militar en conflictos internacionales. Los 10 países más peligrosos del mundo (2023) son: 154 Mali con 3.061 puntos. 155 Israel 3.108. 156 Sudán del Sur 3.117. 157 Siria 3.184. 158 Afganistán 3.229. 159 Yemen 3.262. 160 República Democrática del Congo 3.292. 161 Sudán 3.323. 162 Ucrania 3.434. 163 Rusia con 3.441 puntos. Las variables consideradas para elaborar este ranking incluye factores internos como la violencia y la criminalidad y, factores externos, como el gasto militar y las guerras en las que participa el país. Otros indicadores considerados son: Número de guerras (internas y externas) libradas. Muertos en guerras internas y externas estimados. Nivel de conflictos internos. Nivel de criminalidad percibida en la sociedad. Número de desplazados por unidad de población. Inestabilidad política. Nivel de respeto por los derechos humanos. Posibilidad de actos terroristas. Número de homicidios. Probabilidad de manifestaciones violentas. Número de personas encarceladas. Número de agentes de policía y cuerpos de seguridad. Gasto militar en relación al PIB. Número de personal militar. Financiamiento de misiones de paz de las Naciones Unidas. Número de armas pesadas y ligeras. Sofisticación militar. Andalucía El mismo Balance del Ministerio del Interior, cuando hace el recuento de delitos durante 2024, recuerda que en la comunidad autónoma de Andalucía se cometieron 409.698 por debajo de 2023 cuando hubo 413.181, es decir, -3.483, pero muchos más que en 2019 con 339.32, casi un 17% más. Provincia de Málaga En el mismo período a medida que la criminalidad continuó la curva ascendente, a nivel municipal los datos revelaron una realidad compleja. Algunos municipios vieron estallar los delitos, mientras que otros apenas registraron variaciones. Los cinco municipios más violentos.

Marbella. - Desde sus yates atracados en Puerto Banús hasta los clubes de playa que sirven champán bajo pérgolas de lino blanco, Marbella se ha vendido al mundo como sinónimo de exclusividad, glamour y vida sin preocupaciones. Pero detrás del escaparate dorado, una creciente preocupación por la seguridad ciudadana y el deterioro de los servicios públicos amenaza con erosionar esa imagen cuidadosamente cultivada. Los diputados socialistas Isabel Pérez y Nacho López, han señalado que en las últimas semanas, una serie de incidentes violentos han reavivado el debate sobre la capacidad del municipio para garantizar la seguridad de residentes y turistas, recordando que gracias al gobierno de la nación se ha incrementado el número de efectivos policiales gracias al Plan Marbella. “Marbella no puede seguir siendo noticia por hechos violentos”, advirtió Isabel Pérez. Su crítica fue más allá: denunció que la falta de compromiso del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía está bloqueando la construcción de una nueva comisaría nacional, una pieza clave para modernizar la respuesta de seguridad en un enclave que atrae tanto al jet set como a estructuras criminales transnacionales. Calles sucias y vecinos molestos A pocos pasos del lujo de las boutiques y los hoteles cinco estrellas, las calles de barrios como Las Chapas, Nueva Andalucía o San Pedro muestran una realidad menos fotogénica: basura acumulada, contenedores desbordados, atascos constantes y una creciente frustración ciudadana. “No es una exageración decir que Marbella está más sucia que nunca”, dijo Pérez. No soy la única en pensarlo, las quejas vecinales, según recoge su formación, se han disparado en las últimas semanas. Para una ciudad que se posiciona como destino premium en el sur de Europa, mantener un espacio urbano limpio y funcional no es solo una cuestión de salud pública: es parte esencial de su marca. Con el volumen de visitantes niveles prepandemia — y en algunos sectores incluso los ha superado —, la infraestructura vial y los servicios de mantenimiento no han seguido el ritmo. En Marbella, donde el marketing del lujo es casi un dogma, ese contraste se ha vuelto más evidente —y más incómodo—. Mientras el Ayuntamiento organiza eventos glamorosos y promueve inversiones millonarias en el sector inmobiliario de lujo, muchos ciudadanos sienten que los problemas reales quedan relegados a un segundo plano. Algunos lo ven como una desconexión entre la política municipal y las necesidades de quienes viven todo el año en la ciudad. Marbella enfrenta así un dilema que comparten muchas ciudades-escaparate del siglo XXI: ¿cómo sostener el brillo sin abandonar lo básico? La limpieza de las calles, la seguridad de los barrios y la transparencia en la gestión pública no son sólo demandas ciudadanas. Son, también, condiciones indispensables para que el lujo sea algo más que una fachada.

Marbella. — El reciente anuncio de la Junta de Andalucía sobre la licitación del estudio de implantación de la futura Ciudad de la Justicia en Marbella marca, según la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, el discurso oficial, un "paso decisivo" hacia una infraestructura largamente demandada. Sin embargo, han sido tantos los anuncios sobre la obra que no se sabe si se está ante el verdadero inicio de una solución estructural o simplemente ante otro episodio en la ya extensa narrativa de promesas incumplidas. Muñoz no ha escatimado palabras grandilocuentes: El proyecto será "uno de los grandes logros" de su mandato, subrayando que ha sido el gobierno de Juanma Moreno quien finalmente ha “buscado la solución”. Ya en 2012 Muñoz aseguraba que el ayuntamiento pondría a disposición del Gobierno andaluz una parcela de 15.000m² en la avenida José Manuel Vallés. Más de una década después Marbella carece de una infraestructura judicial digna de su tamaño y complejidad demográfica. El nuevo proyecto contempla 26.000m² de techo construidos, divididos en fases hasta el año 2060. En su primera etapa se duplicará el espacio actual y se construirá sobre una parcela en La Torrecilla, cedida por el Ayuntamiento. El estudio, ahora en licitación, pretende analizar viabilidad técnica, urbanística y eficiencia energética. Pero esta fase, si bien importante, no garantiza la materialización del proyecto. Es un preámbulo, no una obra. Y es aquí donde surgen las dudas. En octubre de 2023, Muñoz y el consejero José Antonio Nieto firmaron un protocolo de colaboración que prometía iniciar esta misma fase de anteproyecto. Ha pasado más de un año, y apenas ahora se licita el estudio. Marbella, con más de 150.000 habitantes empadronados y una población flotante aún mayor, opera actualmente con órganos judiciales distribuidos en tres sedes deficientes. La dispersión dificulta la coordinación, aumenta los tiempos de espera y genera un entorno poco propicio para una justicia eficiente. Ángeles Muñoz tiene ante sí la oportunidad —y también la responsabilidad— de convertir una promesa histórica en un legado tangible. Pero también arrastra el peso de compromisos anteriores que no se concretaron.

Marbella. - Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y adaptar la vigilancia al crecimiento urbano de la ciudad, el Ayuntamiento de Marbella y la Jefatura Provincial de Tráfico han firmado una actualización de su convenio de colaboración, con cambios significativos en la delimitación de competencias entre la Policía Local y la Guardia Civil. El nuevo acuerdo establece que todos los enlaces a distinto nivel de la autovía A-7, dentro del término municipal, serán considerados como vías urbanas. Esto implica que la Policía Local asumirá la competencia sobre estas intersecciones, mientras que la Guardia Civil de Tráfico mantendrá el control sobre los carriles de aceleración y deceleración que dan acceso o salida a la autovía. El convenio anterior, en vigor desde hace más de una década, había quedado desfasado ante el notable crecimiento urbanístico de Marbella. La actualización también incluye planimetría detallada para delimitar visualmente las zonas de actuación de cada cuerpo y designa una serie de puntos de control reforzado, como los accesos de Cabopino, Elviria, La Cañada, Nagüeles, Puerto Banús y San Pedro Alcántara. “La seguridad vial no se puede gestionar con criterios de hace veinte años”, afirmó la alcaldesa Ángeles Muñoz durante la firma del acuerdo. “Este documento aclara las competencias y nos permite intervenir con mayor eficacia en los puntos críticos”. Aida Vilaret, jefa provincial de Tráfico, subrayó que la colaboración entre ambos cuerpos ha sido ejemplar, “con este marco renovado, reforzamos un modelo de vigilancia compartida que ya ha demostrado su eficacia en la prevención de accidentes y la gestión del tráfico”. El acuerdo refleja una tendencia creciente entre los municipios costeros de Andalucía: adaptar los sistemas de control vial al uso mixto de infraestructuras que combinan tránsito urbano y de largo recorrido, en zonas con alta densidad de población y afluencia turística.

San Pedro Alcántara, Marbella. – En una época en la que el cambio climático redefine la forma en que se habitan y exhiben las ciudades, San Pedro Alcántara apuesta por las flores para encarar el verano y la modernidad. El núcleo urbano ha lanzado una campaña de embellecimiento floral coincidiendo con la temporada alta del turismo. A simple vista, parece una maniobra estética tradicional: unas 18.000 nuevas plantas adornan calles, rotondas y balcones. Pero en el fondo, esta decisión conecta con una narrativa más amplia que se extiende por toda la cuenca mediterránea: cómo embellecer sin derrochar, cómo recibir turistas sin dañar aún más un ecosistema al borde del estrés hídrico. “Queremos que la imagen que ofrece San Pedro en verano sea la de un municipio cuidado”, dijo Javier García, teniente de alcalde del distrito. El adjetivo no es gratuito: "cuidado" remite tanto al orden estético como a la conciencia ecológica. En una región en la que el turismo representa el corazón económico y el agua se ha vuelto un bien estratégicamente escaso, los detalles florales se transforman en un mensaje político. Las especies seleccionadas —pentas, sumpatiens, espinas de Cristo— no son meramente ornamentales, comparten una característica clave: son resistentes a la insolación directa y requieren un consumo mínimo de agua. Una floración pensada para durar, para sobrevivir al sol andaluz y a la larga temporada seca que marca el calendario estival. Turismo y narrativa verde El turismo ya no se mide solo en número de visitantes, sino en la capacidad del territorio para recibirlos sin autodestruirse. Para destinos como Marbella y sus núcleos cercanos, el paisaje ha sido siempre parte del producto turístico: la belleza del entorno es capital simbólico, un capital que debe ser administrado con otro tipo de inteligencia. Ya no basta con jardines exuberantes o fuentes majestuosas: lo que se premia —y se valora cada vez más en la mente del viajero— es la armonía con el clima y el entorno. En una época donde todo se mide en impactos —económicos, ambientales, sociales—, un macetero colgante en una calle andaluza puede decir mucho más de lo que parece.

Marbella. - En la Costa del Sol, donde los áticos con vistas al Mediterráneo se venden por millones y las urbanizaciones de lujo florecen entre campos de golf, la fiscalidad se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Pero esta vez, no se trata de la rentabilidad del ladrillo, sino de una discriminación silenciosa que divide a los propietarios por su pasaporte. Un sistema fiscal con doble rasero Los inversores inmobiliarios comunitarios, aquellos con nacionalidad de un país de la Unión Europea, disfrutan de una tributación preferente en España: pagan un 19% sobre sus rentas inmobiliarias y tienen derecho a deducir los gastos asociados al arrendamiento de sus propiedades. En cambio, los extracomunitarios —incluidos británicos post-Brexit, suizos, estadounidenses, canadienses y latinoamericanos— deben tributar al 24% y no pueden deducirse ni un euro en concepto de gastos. Esta situación ha abierto una primera pregunta: ¿Se puede entender que la solución pasaría por mantener las retribuciones actuales (19 y 24%), pero permitiendo que todos se puedan deducir los gastos asociados a los arrendamientos? Pedro de Pablos Soldevilla, director de Fiscalidad en Cremades Calvo-Sotelo Abogados ha asegurado que estamos ante una clara violación del principio de igualdad tributaria en un mercado que se supone europeo y globalizado. En una reciente ponencia en Marbella, De Pablos señaló que una sentencia inminente de la Audiencia Nacional podría poner fin a esta asimetría, que penaliza precisamente a los países que más inversión extranjera aportan al mercado inmobiliario español. La paradoja es que ciudades como Marbella, Mallorca o Barcelona —dependientes de inversores de alto poder adquisitivo, muchos de ellos extracomunitarios— podrían estar desincentivando esas inversiones con un trato fiscal que roza lo punitivo. La grieta pos-Brexit El Brexit ha sido un punto de inflexión. Muchos británicos, tradicionalmente los mayores compradores extranjeros de vivienda en España, vieron cómo sus condiciones fiscales se endurecieron de la noche a la mañana. Lo que antes era una inversión segura en la jubilación, ahora debe repensarse con calculadora en mano. El caso es que si se equiparan ambos inversores en las deducciones, se podría estar abriendo las puertas a los grandes inversionistas y al encarecimiento de los alquileres o venta de las viviendas. En el escenario de las deducciones, los expertos en derecho fiscal advierten que la discriminación podría ser inconstitucional y recomiendan solicitar devoluciones de ingresos indebidos ante los tribunales, apoyándose en recientes sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, que reconoce trato desigual en el Impuesto sobre el Patrimonio. El nuevo IVA turístico Otro cambio estructural que sacude al mercado es la introducción del 21% de IVA en los alquileres turísticos, un movimiento que ha levantado ampollas entre propietarios particulares, pero que podría acelerar la profesionalización del sector. Hasta ahora, muchos arrendadores ofrecían viviendas vacacionales sin tributar por IVA, o bajo regímenes difusos. Con la nueva normativa, estos alquileres se equiparan legalmente a una actividad empresarial, lo que obliga a aplicar un IVA del 21% en cada reserva. A cambio, los propietarios podrán deducirse el IVA de sus gastos operativos, desde reformas hasta campañas de marketing digital. Sin embargo, este nuevo contexto puede encarecer el precio final para el turista —un factor nada menor en un contexto inflacionista—, los analistas del sector señalan que no afectará negativamente al grueso del negocio. Para algunos interesados, este cambio beneficiaría al operador profesionalizado y desplazaría al particular ocasional. Si se sube el IVA al 21%, aunque después se pueda deducir en otros gastos, ¿impactaría en los precios de los alquileres turísticos, aumentando el rendimiento neto? Además, esto no sería contrario a la nueva ley europea del control a los alquileres turísticos y temporales? Como en todo escenario económico, también hay un lado bueno: Los propietarios tienen más motivación para realizar mejoras y conservar la propiedad en buen estado. El trasfondo La propuesta tiene del trasfondo potenciar la inversión inmobiliaria con efectos mixtos, es decir, atraer más capital al mercado de alquiler en las zonas con alta demanda, pero podría subir los precios de compra, dificultando el acceso a la vivienda para compradores particulares. Si los propietarios sienten que tienen cubiertos ciertos costos vía deducciones, podrían mantener precios más competitivos o invertir más en sus inmuebles, pero también podrían mantener precios altos sabiendo que parte de los gastos se compensa fiscalmente. Otro punto muy importante para estas aspiraciones es que el Estado podría perder ingresos fiscales porque recaudaría menos por las deducciones, lo que podría suponer una menor disponibilidad de recursos públicos, si no se compensa por otro lado. Así las cosas ¿Quién se beneficia más? Los pequeños propietarios pueden aprovechar estas deducciones pero, los grandes inversores o empresas inmobiliarias con asesoría fiscal sofisticada sacan mucho más provecho, especialmente combinando depreciación, refinanciación y otras estrategias legales para minimizar impuestos.

San Pedro Alcántara. Marbella. - Con los bancos de madera resecos testigos del tiempo sin uso que llevan, con las fuentes secas, las ramas de los árboles muertos, y un columpio oxidado balanceado solo por la brisa, el parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara, lo que alguna vez fue un símbolo de renacimiento urbano, se ha convertido en un retrato desolador de abandono institucional. El parque, inaugurado como una de las grandes apuestas ambientales y comunitarias del Ayuntamiento de Marbella, hoy está en el centro de una polémica que toca fibras profundas: el valor que una ciudad otorga a sus espacios públicos, y la fragilidad de estos cuando caen fuera del foco político. Opción Sampedreña (OSP) no ha ahorrado palabras en su crítica hacia la alcaldesa Ángeles Muñoz y su equipo del Partido Popular. La acusan de condenar al deterioro no solo al parque, sino a buena parte del entramado público de San Pedro. En una comparecencia reciente, los concejales María Luisa Parra y Manuel Osorio ofrecieron una imagen demoledora: basura acumulada, vegetación agonizante, estructuras rotas y una comunidad desconectada del que fuera su pulmón verde. “Esto no es un accidente, es una decisión política”, denunció Parra. 400.000 euros y un sueño evaporado El parque albergaba jardines temáticos —árabe, mediterráneo, tropical—, y se convirtió en emblema de una idea más ambiciosa: los huertos urbanos, una inversión municipal de 400.000 euros en 2019, un proyecto que buscaba fomentar el autocultivo, la participación vecinal y el contacto con la tierra en un entorno urbano. Hoy, de todo eso, apenas quedan rastros. Según OSP, la infraestructura está destruida: las maderas podridas, los cultivos inexistentes, la caseta de herramientas desaparecida. “Literalmente, ha volado. Nadie sabe dónde está”, ironizó Parra. El parque, que pudo haber sido una escuela viviente de sostenibilidad, ahora actúa más como recordatorio del abismo entre las promesas municipales y la realidad cotidiana. En San Pedro, esta negligencia se agrava por la sensación de agravio comparativo. Según OSP, el distrito ha sido sistemáticamente marginado frente a otras zonas de Marbella más turísticas o céntricas. “La alcaldesa gobierna desde una pantalla de Instagram”, denunció Parra. “Aquí no hay agua en las fuentes ni baños en condiciones. Y nadie responde”. Lo que está en juego Más allá del deterioro físico, lo que está en juego es el sentido de pertenencia y bienestar de una comunidad, parques como el de los Tres Jardines no son lujos; son piezas clave en la salud mental, el tejido social y la resiliencia ambiental de las ciudades. OSP ha prometido movilizaciones en otoño.

Marbella. - La Costa del Sol, una de las regiones turísticas más populares de Europa, ha dado un paso significativo hacia la seguridad hídrica con la renovación de una planta desaladora que ahora triplica su capacidad de producción de agua. La ampliación permitirá pasar de 6 a 20hm³ anuales, una mejora crucial en medio de un contexto de sequías recurrentes y aumento estacional de población. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, inauguraron oficialmente la modernizada instalación este lunes. Las obras, con una inversión de 8 millones de euros, forman parte de un plan más amplio del Gobierno andaluz para reforzar la infraestructura hídrica de la región. “Hace apenas un año estábamos enfrentando una de las sequías más duras en décadas”, recordó Muñoz durante el acto. “Esta actuación es una muestra clara de voluntad política y visión de futuro”. La planta, construida a finales de los años 90 y propiedad del Estado, había estado operando por debajo de su capacidad original durante años. Con su restauración, la desaladora ahora cubre entre el 15 y el 20% de las necesidades hídricas de la Costa del Sol. Según Moreno, también será posible transferir recursos hacia otras zonas, como Málaga capital y la comarca de la Axarquía, gracias a la interconexión de los sistemas hidráulicos. La medida se produce en un momento crítico para el sur de España, donde el cambio climático y la presión demográfica —con una población que se triplica en verano— han elevado el riesgo de escasez de agua. “Este no es un proyecto aislado”, subrayó Moreno. “Es parte de una planificación integral para garantizar que el agua deje de ser un problema estructural en Andalucía”.
Marbella. - Por más que el verano en Marbella prometa cultura y brisa mediterránea, hay algo que ha dejado de funcionar en el corazón verde de la ciudad. El Parque de la Constitución — no es sólo un jardín urbano, sino un lugar que alberga un auditorio y un observatorio astronómico — sin embargo parece descomponerse bajo la doble sombra del desinterés institucional y la resignación de los vecinos. Manuel Núñez, coordinador de Izquierda Unida Marbella–San Pedro lo ha denunciado con cifras: 325.000 euros invertidos en 2019 en la reforma del Auditorio José Pernía Calderón y desde entonces, nada. Sin embargo, más que un balance financiero, el estado del parque revela una fractura persistente entre los espacios públicos y los ciudadanos que deberían habitarlos. El parque está sucio, los baños rotos, el escenario del auditorio visiblemente deteriorado, las gradas cubiertas de polvo. El observatorio astronómico, ese raro lujo urbano con vocación científica y comunitaria, permanece cerrado desde hace años. Todo esto ocurre mientras se celebran festivales, teatro, encuentros corales: cultura en espacios que no han sido preparados para ser dignos de la cultura. Señaló Núñez. Aquí el abandono no responde a la pobreza sino al desinterés y al olvido elegido. Se dirá que las prioridades son otras, que la administración local invierte en otros frentes. Pero la cuestión no es sólo presupuestaria. Es simbólica. Los parques, en particular, cumplen una función vital: son los lugares donde el individuo deja de ser sólo consumidor y se convierte en ciudadano. Son aulas verdes, escenarios improvisados, refugios democráticos. Cuando se los descuida, se envía un mensaje claro: lo común no importa. La denuncia de IU no es sólo una lista de carencias. Es una llamada de atención a la idea misma de lo público. El parque, en definitiva, no está muriendo sólo por falta de pintura, sino por ausencia de mirada institucional y ciudadana. No basta con programar conciertos si no hay bancos limpios donde sentarse. No tiene sentido hablar de turismo de calidad si los ciudadanos locales no pueden acceder a espacios dignos. Y no se puede defender la cultura cuando el escenario se resquebraja bajo los pies de los artistas.

Marbella. - De nuevo la ciudad conoce la aprobación de licencias urbanísticas por casi 67 millones de euros, confirmando su estatus como uno de los enclaves residenciales más codiciados de España. El portavoz del ayuntamiento, Félix Romero, celebró la aprobación de dos complejos residenciales en Nueva Andalucía con un total de 94 viviendas con locales comerciales, felicitándose por el retorno fiscal que superará los 2,6 millones de euros, lo que contribuirá a sostener los servicios públicos. Para Romero en pleno verano la ciudad vibra con la actividad de obras y reformas, lo que da una idea clara del potencial económico del municipio. Frente a esta buena noticia, muchos vecinos de a pie se enfrentan a una realidad más compleja: empleos precarios, precios inalcanzables y un modelo urbano que continúa empujándolos hacia la periferia. Viviendas nuevas, ¿para quién? La mayoría de las promociones recientes se sitúan en el segmento alto del mercado, con precios que superan los 500.000 euros por vivienda, una cantidad que coloca estos inmuebles fuera del alcance de la mayoría de los marbellíes, cuyo salario medio se encuentra, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2023, entre los 1.410 euros mensuales brutos para las mujeres y 1.620 para los hombres. Paradójicamente, mientras se construye a un ritmo creciente, la demanda de vivienda asequible se intensifica. El Ayuntamiento, por ahora, parece centrado en facilitar la inversión sin imponer condiciones claras en términos de vivienda protegida, regulación de precios o contratos estables. La falta de políticas inclusivas podría hipotecar el futuro social de la ciudad.