Marbella firma un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas.
Ángeles Muñoz y Manuel Jiménez • 26 de octubre de 2025
Marbella firma un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas.
Marbella. -
En una ciudad donde más del 95% de los residentes vive en comunidades de propietarios, el reciente acuerdo entre el Ayuntamiento de Marbella y el Colegio de Administradores de Fincas, representados por la alcaldesa Ángeles Muñoz y el presidente del colegio, Manuel Jiménez, promete un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos se relacionan con la administración local.
El convenio busca agilizar la comunicación y simplificar los trámites, otorgando a los administradores un papel más formal como intermediarios entre las más de 2.000 comunidades de propietarios existentes en Marbella. y el Consistorio.
El impacto inmediato recae en los propietarios e inquilinos, quienes podrían experimentar una relación más fluida con el Ayuntamiento.
Hasta ahora, cada incidencia de una obra menor debía tramitarse directamente por los vecinos o por las juntas de comunidad. Con el convenio, los administradores de fincas podrán actuar en nombre de las comunidades, canalizando avisos y solicitudes de forma centralizada.
Esta intermediación permitirá a los administradores tener acceso directo a los canales institucionales, lo que podría reducir los tiempos de respuesta en trámites cotidianos y mejorar la coordinación en actuaciones urbanas o de mantenimiento.
Además, el Ayuntamiento podrá emitir circulares, avisos y campañas informativas a través del Colegio, evitando duplicidades y garantizando que la información llegue de manera uniforme a las comunidades.
Para muchos residentes —en especial los extranjeros o los propietarios no residentes—, esta medida puede significar una conexión más clara con la administración local.
Sin embargo, la creación de un canal preferente entre Ayuntamiento y Colegio puede generar dependencia institucional del administrador y los inquilinos pueden perder acceso directo a los funcionarios municipales.
Otro riesgo, no menor, es que el nuevo canal puede derivar en más “burocracia”, por el momento se desconoce los mecanismos de control o evaluación del servicio, lo que deja espacio para posibles conflictos de intereses o desigualdades en la calidad de la gestión.
El convenio se presenta como una especie de experimento de gobernanza local, en un entorno donde la confianza institucional no disfruta de la mayor confianza.
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